CAPÍTULO 11 #2

—No le pido valoraciones morales, señor Valcárcel. ¿Sabía usted en esa fecha que la finca de Las Balsas no pertenecía en su totalidad a su familia, sino que existía una copropiedad histórica con la familia Santamaría y con su hermano fallecido Julián?

Felipe miró hacia la primera fila del público, donde Javier y Gabriel lo observaban.

—Lo sabía —respondió Felipe sin dudar—. Lo sabía perfectamente.

Alberto y yo llevábamos quince años viendo cómo las deudas de la bodega crecían por culpa de los malos negocios de envasado a granel que firmamos con el grupo de Tomás Barco.

Villalba vino a nuestra casa esa noche de noviembre.

Nos mostró los extractos bancarios que acreditaban que mi hermano Julián había descubierto las irregularidades en la contabilidad del Sindicato de 1936.

—¿Y qué les ofreció el señor Villalba? —preguntó el abogado de la acusación particular, interrumpiendo al fiscal.

—Nos ofreció el silencio —declaró Felipe, volviéndose hacia el letrado de la firma suiza—.

Nos dijo que, si firmábamos ese certificado, el fondo suizo taparía la quiebra de Bodegas Santamaría, asumiría la hipoteca y nunca sacaría a la luz la carta de 1936 en la que mi padre Manuel y su padre negociaron la liquidación del Sindicato con el gobernador civil de La Rioja.

Nos vendió el perdón de una deuda a cambio de vender la dignidad de nuestros hijos.

Alberto Santamaría, desde el banquillo, cerró los ojos y asintió en silencio a cada una de las palabras de su antiguo socio.

—¿Por qué no acudieron a la justicia en aquel momento, señor Valcárcel? —interrogó la jueza Alvear con un tono inesperadamente suave.

Felipe se limpió el sudor de la frente con un pañuelo de tela blanco.

—Porque éramos cobardes, Señora Presidenta —admitió el anciano, con una sinceridad aplastante que dejó helada a la sala—.

Tuvimos miedo a la cárcel, tuvimos miedo al escándalo en el pueblo y, sobre todo, tuvimos miedo a mirarnos las caras entre nosotros.

Preferimos vivir veinticinco años como fantasmas en nuestra propia tierra antes que pagar el precio de la verdad.

Pero la semana pasada vio mi hijo Javier cómo el veneno de aquella traición entraba en nuestras cubas de roble.

Felipe se puso lentamente de pie, apoyándose sobre el aro del micrófono y señalando hacia donde estaban Javier, Clara y Gabriel.

—Los que están sentados ahí detrás no cometieron ningún delito en 1998.

Ellos eran niños. Mi hijo Javier volvió de Madrid para levantar una bodega en ruinas; Clara ha dejado su carrera enológica para salvar la tierra de sus abuelos; y Gabriel...

Gabriel ha trabajado como un perro limpiando el barro y la grasa de los motores sin pedir una sola peseta de la herencia que le robamos a su padre.

—Señor Valcárcel, limítese a responder a las preguntas —le apercibió la presidenta del tribunal, aunque su mirada había perdido la dureza inicial.

—He terminado de responder, Señora Jueza —dijo Felipe, volviendo la espalda al micrófono—.

Si este tribunal tiene que encarcelar a dos viejos por haber firmado un papel falso hace veinticinco años, háganlo hoy mismo.

Pero no les quiten el vino a esos muchachos.

Porque en ese vino está la única cosa limpia que queda en el pago de Las Balsas.

Un murmullo ronco recorrió el espacio reservado al público. Los periodistas escribían enloquecidamente en sus blocs de notas, mientras el abogado de Helvetia ajustaba nerviosamente sus folios sobre la mesa sin saber exactamente cómo contrarrestar la declaración del anciano.

A las doce del mediodía, el tribunal hizo un receso de quince minutos antes de dar paso a la reproducción de la prueba documental en vídeo grabada al notario Sotomayor en el hospital.

Javier, Clara y Gabriel salieron al pasillo central de la Audiencia Provincial para respirar el aire fresco de la calle.

En el pasillo, junto a una gran vidriera que daba al cauce del Ebro, Tomás Barco hablaba acaloradamente por su teléfono móvil con un tono de desesperación que no pudo ocultar al ver aproximarse a los tres jóvenes.

—...no me importa lo que diga el juzgado de Ginebra, meted la ejecución hipotecaria antes de las tres de la tarde o los del Consejo nos dejan fuera de la denominación —decía el empresario industrial, cortando la llamada bruscamente al notar la presencia de Gabriel.

Tomás Barco se ajustó la solapa de su abrigo de corte italiano y les dedicó una sonrisa cargada de desprecio.

—Menudo espectáculo ha montado tu padre ahí dentro, Javier —dijo Barco con sorna—.

Muy dramático, muy cinematográfico. Pero los tribunales de este país no se guían por las lágrimas de dos ancianos arruinados.

Los tribunales se guían por el Registro de la Propiedad y por los balances de deuda.

Y el Registro dice que la finca de Las Balsas está pignorada por un saldo deudor de cuatro millones y medio de euros que vencerá el próximo viernes.

Clara dio un paso al frente, encarando al empresario con los ojos encendidos de rabia.

—Ese saldo deudor es el resultado de la sobrefacturación ilegal de las botellas de granel que tu empresa le vendió a mi padre entre 1995 y 1998 —dijo Clara, sacando de su carpeta una copia compulsada del balance de auditoría—.

Esta mañana hemos entregado a la Fiscalía el peritaje contable elaborado por el Consejo Regulador.

Tu empresa, Distribuciones Barco S.L. , cobró noventa mil euros por un lote de corchos sintéticos que jamás llegaron a la bodega y cargó costes de transporte ficticios para inflar el pasivo antes de la quiebra.

El rostro de Tomás Barco se demudó por un segundo, perdiendo el color sonrosado de la tez.

—Eso es una conjetura contable sin validez penal —replicó Barco en un todo rudo.

—No es una conjetura —intervino Javier, mostrándole una hoja impresa con la firma del Banco de España—.

La Unidad de Delincuencia Económica ha bloqueado esta mañana las cuentas corrientes de tu distribuidora en Logroño por un delito de alzamiento de bienes e inducción a la quiebra fraudulenta.

En cuanto la jueza termine de ver la declaración del notario Sotomayor, la Fiscalía solicitará tu imputación formal en la causa penal.

Tomás Barco miró a Javier, luego a Clara y finalmente a Gabriel, cuya presencia masiva y silenciosa detrás de sus primos resultaba intimidante.

—Creéis que habéis ganado porque habéis salvado un tinado de uva y habéis traído a dos viejos a llorar al banquillo —dijo Barco en un tono bajo y amenazante—.

Pero el mercado os va a tragar vivos. Aunque salgáis absueltos de este tribunal, no tenéis distribuidora en Europa, no tenéis crédito bancario para pagar la maderación de las barricas de este año y el fondo suizo venderá la deuda a una liquidadora de activos que os embargará la marca en cuanto intentéis sacar la primera botella a la calle.

—Entonces nos veremos en el mercado, Barco —respondió Gabriel con voz seca y calmada—. Pero esta vez no vas a competir contra dos ancianos asustados. Vas a competir contra el vino de mi padre.

Tomás Barco se dio la vuelta sin añadir una palabra y se alejó a pasos agigantados hacia la salida de la explanada, donde su chofer lo aguardaba con la puerta del vehículo abierta.

A la una y media de la tarde, la sala de vistas se sumió de nuevo en la penumbra para la proyección de la última prueba del juicio oral.

En una pantalla de televisión de gran formato instalada junto al estrado de los magistrados, la imagen del viejo notario Don Guillermo Sotomayor apareció proyectada en alta definición.

La escena había sido grabada seis horas antes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro de Logroño.

El notario, con una cánula nasal de oxígeno y la voz debilitada por la insuficiencia respiratoria, aparecía reclinado sobre la cama articulada del hospital, vistiendo una bata blanca y asistido por el secretario judicial de la sala.

—Diga su nombre y profesión para el acta —se escuchó la voz del secretario en la grabación.

—Guillermo Sotomayor... Notario del Ilustre Colegio de La Rioja, colegiado número 142... en situación de jubilación —respondió el anciano jurista, respirando con dificultad entre frase y frase.

La jueza presidenta se inclinó hacia adelante sobre su mesa, observando atentamente la pantalla.

—Don Guillermo —continuó el secretario judicial en la cinta—. Se le exhibe el cuaderno manuscrito foliado con el número 48 de la Notaría de Haro, correspondiente al ejercicio de 1936. ¿Reconoce usted este documento?

El viejo notario cerró los ojos un instante, como si tratara de recobrar las fuerzas, y luego los abrió fijando la mirada directamente en la lente de la cámara.

—Lo reconozco... —dijo Sotomayor—. Es el libro de actas reservadas que mi padre, Don Tomás Sotomayor, custodió en el doble fondo del armario de la notaría durante la Guerra Civil...

Un documento que el letrado Villalba me exigió destruir en 1998...

y que yo escondí en la bóveda de la sacristía de la iglesia de San Asensio para salvar mi vida y la de mi familia.

El fiscal Muro anotaba frenéticamente en su libreta, mientras el abogado de la firma suiza se ponía en pie intentando formular una objeción que la jueza mandó callar con un gesto severo de la mano.

—Explicite ante el tribunal el contenido de la última entrada de ese cuaderno —ordenó el secretario en el vídeo.

El notario Sotomayor tomó aire con un esfuerzo visible.

—El catorce de octubre de 1936... Manuel Valcárcel, Alberto Santamaría y Julián Valcárcel constituyeron en esa notaría la sociedad fiduciaria indivisa del pago de Las Balsas...

La sociedad establecía que la propiedad del suelo y de la marca pertenecería perpetuamente a las tres ramas de la familia...

y que ningún socio podría pignorar, vender o hipotecar las tierras sin el consentimiento unánime firmado en acta por los descendientes directos de los tres fundadores...