CAPÍTULO 11
La vista de las sombras
El edificio de la Audiencia Provincial de Logroño, levantado en hormigón y cristal oscuro a orillas del Ebro, amaneció bajo un cielo de plomo que amenazaba lluvia.
A las ocho y media de la mañana del lunes, la explanada de acceso era un avispero de cámaras de televisión, fotógrafos de prensa regional y unidades móviles de transmisión.
En la escalinata de piedra, flanqueado por dos abogados madrileños de traje impecable y corbata oscura, Tomás Barco atendía a las emisoras de radio con un micrófono a pocos centímetros de los labios.
—Mi representado no tiene vinculación alguna con los actos vandálicos cometidos en la bodega por el señor Manuel Barco —declaraba el letrado principal del empresario industrial, alzando la voz sobre el murmullo—.
Manuel actuó por iniciativa propia, desesperado por deudas personales.
Mi cliente, como vocal del Consejo Regulador y acreedor de buena fe de la masa patrimonial de los Valcárcel, exige que la justicia restituya el orden jurídico y decrete la subasta pública de las fincas para saldar los compromisos financieros pendientes.
A pocos metros, descendiendo de un taxi blanco con el rostro demacrado y los párpados hinchados por el cansancio, aparecieron Felipe Valcárcel y Alberto Santamaría.
Los dos ancianos caminaban juntos, manteniendo una distancia prudencial, pero acompasando el paso.
Felipe vestía el único traje completo de lana azul que le quedaba en el armario, ajustado al cuerpo por la pérdida de peso de las últimas semanas; Alberto lucía su abrigo de paño oscuro y sujetaba con firmeza el bastón de empuñadura de plata que perteneció a su padre Manuel.
Tras ellos, abriéndose paso entre los flashes de los fotógrafos, subían la escalinata Javier, Clara y Gabriel.
Javier vestía una chaqueta de marengo sobre camisa clara, llevando bajo el brazo un maletín de cuero cargado con los libros de actas del Sindicato Agrícola de 1936 y las analíticas de laboratorio del graciano salvado en la nave antigua.
Clara portaba la carpeta con los registros del balance de masa y los extractos bancarios que acreditaban la restitución fiduciaria.
Gabriel, con un traje oscuro prestado por su primo que le tiraba ligeramente de las espaldas anchas de mecánico, caminaba con la cabeza erguida, mirando de frente a los fotógrafos sin pestañear.
—No miréis a las cámaras, ni respondáis a ninguna pregunta de la prensa —les murmuró en el vestíbulo Don Guillermo Sotomayor, el abogado defensor designado por el Colegio de Abogados de Haro, un hombre de sesenta años con el pelo cano y mirada atenta de quien ha pasado tres décadas entre legajos judiciales—.
El fiscal Muro va a ir a por todas esta mañana.
Necesita una condena contundente para justificar la inactividad de la Fiscalía Anticorrupción durante todos estos años.
—¿Sotomayor ha llegado ya al juzgado? —preguntó Clara en un susurro, buscando con la mirada entre la muchedumbre del pasillo.
—El viejo notario está ingresado en la planta de cuidados intensivos del Hospital San Pedro desde las tres de la madrugada —respondió el letrado Sotomayor con tono grave—.
Sufrió un neumotórax severo. Su declaración no se realizará de forma presencial.
La jueza presidenta ha autorizado la emisión de su testimonio grabado en presencia del secretario judicial a última hora de ayer.
Javier apretó el asa de su maletín, sintiendo una punzada de angustia en el estómago.
—¿Y el documento original de 1936? —inquirió Javier—. ¿La segunda parte del acta del Sindicato?
—El documento está en poder de la sala, custodiado en la caja de seguridad de la secretaría del tribunal —aseguró el abogado—.
Pero la acusación particular representada por el fondo suizo va a impugnar su validez procesal argumentando que es una prueba extemporánea y contaminada por el fallecimiento del testigo principal.
Un timbre metálico y estridente resonó en el pasillo. La puerta de roble de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se abrió de par en par.
—¡Vista oral del procedimiento abreviado 402/2025! —anuncio el agente judicial desde el estrado—. Acusados Don Felipe Valcárcel y Don Alberto Santamaría. ¡Abran paso a la sala!
A las diez de la mañana, la atmósfera en el interior de la sala de vistas era sofocante. El aire olía a madera barnizada, togas de lana y la humedad de la calle filtrada por los ventanales de la fachada posterior.
En el estrado principal, la Magistrada Presidenta, Doña María Teresa Alvear, presidía el tribunal flanqueada por dos magistrados de la orden penal.
A la izquierda, el Fiscal jefe Don Eduardo Muro repasaba una pila de folios marcados con pestañas amarillas; a la derecha, la representación del fondo Helvetia y de Tomás Barco alineaba tres letrados con pantallas táctiles conectadas a servidores bancarios internacionales.
En la primera fila del banquillo de los acusados, sentados sobre bancos de madera corrida, Felipe y Alberto permanecían rígidos. Detrás de ellos, en la primera bancada del público, Javier, Clara y Gabriel no apartaban los ojos de los magistrados.
—Se abre la sesión —declaró la Magistrada Presidenta, haciendo sonar el mazo de madera sobre la mesa—. Señor Fiscal, tiene la palabra para la exposición del escrito de acusación definitivo.
El Fiscal Muro se puso en pie, ajustándose la toga sobre los hombros y encarando al tribunal con voz pausada y rotunda.
—Con la venia de la Sala —comenzó el fiscal—.
Nos encontramos hoy aquí para juzgar la culminación de un fraude perpetrado durante un cuarto de siglo en el corazón del pago de Las Balsas.
Un fraude que no nació de la codicia de fondos internacionales, sino de la conspiración consciente entre dos hombres: Don Felipe Valcárcel y Don Alberto Santamaría.
El fiscal señaló con el índice a los dos ancianos, que no bajaron la cabeza ante la acusación.
—En noviembre de 1998, los señores acusados, plenamente conscientes de la insolvencia de Bodegas Santamaría S.A.
y del gravamen hipotecario que pesaba sobre la finca, confeccionaron un certificado privado de propiedad ante el fallecido abogado Villalba —prosiguió el fiscal Muro—.
Un documento en el que se omitió deliberadamente la existencia de los derechos de explotación del Sindicato Agrícola de 1936 y la existencia del heredero de Don Julián Valcárcel.
Mediante este engaño, obtuvieron un préstamo sindicado de cuatro millones de euros de la caja de ahorros local que jamás fue devuelto, provocando el quebranto de la masa acreedora y la ruina de decenas de pequeños viticultores de la comarca.
—¡Protesta, Señoría! —intervino el abogado defensor Sotomayor, poniéndose en pie—. El Ministerio Fiscal está atribuyendo intención dolo a unos actos que se demostraron viciados por el coacciones y chantaje continuado por parte del difunto Villalba y de la firma fiduciaria Helvetia .
—La protesta se deniega, letrado —resolvió la jueza Alvear con frialdad—. El fiscal está formulando su tesis de acusación. Prosiga, Señor Muro.
—Esta representación solicita para cada uno de los acusados la pena de cinco años de prisión por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil e insolvencia punible, así como la nulidad sobrevenida de todas las actuaciones societarias tramitadas por la entidad fiduciaria Las Balsas de la Sonsierra S.L.
durante el presente ejercicio —concluyó el fiscal, volviendo a sentarse en su escaño.
Un murmullo tenso se extendió por la sala.
Clara apretó los dientes, tomando la mano de Javier por debajo de la banca.
Si la jueza declaraba la nulidad de la entidad fiduciaria, el control operativo de la cosecha recién salvada volvería de inmediato a manos del administrador concursal designado por el juzgado de lo mercantil, bloqueando de nuevo el embotellado y la comercialización del vino.
—Tiene la palabra la acusación particular representada por el letrado del fondo Helvetia —ordenó la presidenta.
Un abogado de cabello engominado y gafas de montura de carey se puso en pie con una sonrisa gélida.
—Señoría, esta parte se adhiere en su totalidad a la petición del Ministerio Fiscal, e interesa además la medida cautelar de precinto y desalojo inmediato de los activos fiduciarios —declaró el abogado madrileño—.
Los actuales ocupantes ilegales de la finca, los señores Javier Valcárcel, Clara Santamaría y el señor Gabriel, están explotando comercialmente una masa patrimonial que se encuentra sometida a proceso concursal en Ginebra y en Madrid.
El intento de sabotaje denunciado la semana pasada no es más que una cortina de humo fabricada por ellos mismos para eludir la acción de la justicia y desacreditar a esta parte.
Gabriel se removió en el asiento con los puños cerrados, pero Javier le puso una mano sobre la rodilla para evitar que se levantara.
—Silencio en la sala —ordenó la magistrada, clavando su mirada en los tres jóvenes—. Corresponde ahora el turno de interrogatorio de los acusados. Llame al acusado Don Felipe Valcárcel.
Felipe Valcárcel se levantó del banquillo con la lentitud de quien arrastra una cadena invisible. Caminó hacia el micrófono situado en el centro de la sala, rehusando la ayuda del agente judicial que se le acercó para ofrecerle el brazo.
Se sentó en la silla de madera, se colocó las gafas de lectura y miró directamente a los tres magistrados del tribunal.
—Don Felipe Valcárcel —comenzó el fiscal Muro desde su estrado—. ¿Reconoce usted su firma en el documento privado de reconocimiento de deuda y transmisión de activos fechado el catorce de noviembre de 1998 en la oficina del letrado Villalba?
Felipe ajustó el micrófono frente a sus labios. Su voz, aunque ronca por los años y la enfermedad, sonó clara y firme en el silencio de la sala.
—Reconozco la firma —dijo Felipe—. Pero no reconozco la mentira que representaba.
El fiscal alzó las cejas con un gesto de impaciencia.