10. El juicio #6

La estrategia funcionó solo a medias: fueron pocos los diarios que llevaron la hipótesis de los cuatro tiradores a los titulares del juicio, y ninguno mencionó a Emilia Izquierdo y su marido como sospechosos de ser esos tiradores.

Superada la sorpresa de que el abogado Vicente Gimeno Ferrera expusiera esa teoría en ese momento clave, en su exposición final, los periodistas debieron de ver claramente cuál era su intención, y debieron de suponer que el tribunal no accedería a reabrir la investigación, y que por tanto aquello quedaría en nada.

Ni siquiera el otro abogado acusador, José Manuel Recalde Díez, compró la teoría de su colega sobre los cuatro tiradores.

Recalde Díez, en su intervención final, se limitó a solicitar la mayor pena posible para los acusados —a quienes no consideraba tampoco enfermos mentales—, aunque aprovechó, eso sí, para insinuar que Luciana y Ángela Izquierdo, pese a haber sido declaradas inocentes mucho tiempo atrás, habrían podido tener conocimiento previo de lo que iba a ocurrir, recordando lo inusual de su viaje a Puertollano.

Por su parte, el abogado defensor, Javier Luna Guerrero, en su exposición final solicitó el internamiento de ambos hermanos en un centro psiquiátrico, en consideración a su estado mental.

La estrategia de la defensa, que hasta entonces podía haber levantado dudas, se demostró absolutamente destartalada en el juicio.

Luna Guerrero pedía que sus dos defendidos fueran declarados inimputables por su condición de enfermos mentales, a la vez que esos defendidos, en lugar de reconocerse como enfermos mentales y mostrar su arrepentimiento, relataban una versión falseada de los hechos para intentar que Antonio Izquierdo fuera absuelto.

El abogado Luna Guerrero tal vez hubiera podido defender la absolución de Antonio arguyendo que no se habían hallado cartuchos disparados por su escopeta: posiblemente, de haberlo fundamentado bien, no habría conseguido una absolución total, pero sí que fuera considerado «cómplice» y no «autor», lo que le habría supuesto una menor pena de prisión.

Sin embargo, el abogado no pudo o no supo armar su defensa en ese sentido: se centró en conseguir que los acusados fueran declarados enfermos mentales y enviados a un centro psiquiátrico, pero estos solo siguieron a medias esa estrategia, ya que ellos, aun admitiendo su enajenación mental, se empeñaron en exponer su versión irreal de lo sucedido, echando por tierra la posibilidad de que Antonio Izquierdo fuera exonerado o condenado solo como «cómplice» del crimen.

Principalmente, porque Antonio reconoció haber disparado su escopeta.

Según él, había disparado al aire, pero al reconocer que sí había disparado, ya daba igual que no se hubieran encontrado cartuchos de su escopeta: ya se le podía considerar un tirador, y ni el tribunal ni nadie iba a creerse que solo había disparado al aire.

En un intento desesperado por obtener una «victoria», el abogado defensor cerró su intervención señalando que las vidas de sus defendidos correrían riesgo en el caso de ser enviados a prisión en lugar de a un centro psiquiátrico, ya fuera por el trato con otros presos o por su incapacidad para sobrellevar la rutina carcelaria.

El argumento no tenía ningún sentido: los acusados ya llevaban más de tres años encerrados en una prisión común, sin que su salud se hubiera resentido lo más mínimo.

La intervención de Javier Luna Guerrero resultó insoportable para una parte del público asistente.

Los ánimos estaban caldeados, como era lógico, y escuchar al abogado defensor decir que los acusados no aguantarían en prisión terminó de desbordarlos.

Felicitas Benítez Romero, viuda de una de las víctimas mortales y madre de Antonio Cabanillas Benítez, que resultó tetrapléjico como consecuencia de sus heridas, no pudo soportarlo más e interrumpió al abogado varias veces.

La mujer llegaría a gritar que si los Izquierdo estaban mal en prisión, peor estarían «en el cementerio», como los nueve asesinados.

El presidente del tribunal, el magistrado Baliña Mediavilla, consiguió que se instalara de nuevo el silencio, y la sesión pudo continuar. Aunque la ira de quienes estaban allí presentes volvería a desatarse enseguida.

***

El juicio terminó con la intervención final de los acusados; una intervención final en todos los sentidos, ya que no era probable que los hermanos Izquierdo volvieran a contar con una tribuna pública como esa desde la que dirigirse a la gente.

La entrevista que habían concedido desde prisión en 1992 no iba a repetirse: la sociedad española, tras lo sucedido con las niñas de Alcácer, parecía haber aprendido que había que exigir ciertos límites morales a la prensa.

Esos límites, por supuesto, iban a seguir saltándose con frecuencia: por ejemplo, en 2016 el periodista Javier Negre se entrevistó en prisión con el asesino José Bretón, y en 2023 la asesina Rosa Peral fue entrevistada en directo para Catalunya Ràdio.

Pero en estos y en otros casos semejantes las entrevistas son acogidas habitualmente con rechazo, generándose la polémica que, en cambio, no se generó en 1992 con la entrevista a los hermanos Izquierdo.

Sea como fuera, los Izquierdo no parecían tener conciencia de ese cambio de sensibilidad en la sociedad respecto a las entrevistas en prisión.

No parecían ser conscientes de que aquella era su última oportunidad de que su voz fuera escuchada; de que nunca más volverían a estar frente a un micrófono.

Con toda probabilidad iban a ser condenados a pasar encerrados las próximas tres décadas, y aunque se les condenara a ser recluidos en un centro psiquiátrico, tampoco era probable que fueran a salir a la calle en lo que les restaba de vida.

Así, después de que el presidente del tribunal indicara a Emilio Izquierdo que podía tomar la palabra, este, desubicado, respondió: «Lo que tengo que decir, ya se lo diré a usted».

El presidente del tribunal le advirtió de que ese era el momento que marcaba la ley para hacerlo: no habría ningún otro.

Emilio procedió entonces a rectificar algunas de las afirmaciones hechas por los abogados acusadores, como la de que si buscaban que uno de los hermanos quedara libre era para que siguiera matando.

Además, recordó por enésima vez el incendio en el que fue asesinada su madre, volviendo a señalar a la Guardia Civil como responsable.

Y comentó que en una entrevista para la televisión su rival Antonio Cabanillas Rivera al parecer había dicho que, si los Izquierdo salían de prisión, volvería a correr la sangre.

A continuación, Antonio Izquierdo afirmó también que la Guardia Civil siempre había ido a por ellos, aunque su intervención quedó inconclusa.

Hacia la mitad, el público no pudo aguantar más y comenzaron a oírse insultos y amenazas: «asesinos», «cabronazos», «criminales», «hijos de puta», «que los cuelguen»...

El presidente del tribunal decidió levantar la sesión por temor a que se produjeran altercados, pero lejos de contenerse, los gritos fueron a más, dirigiéndose incluso al abogado defensor.

Elisa Sánchez Carrillo, viuda e hija respectivamente de dos de las víctimas mortales, se encaró con Javier Luna Guerrero y le increpó diciéndole: «¿Y tú, cara de lechuguino, cómo cojones puedes defender a esos cabrones?

». El abogado tuvo que abandonar la sala a la carrera, refugiarse durante algún tiempo en el despacho del presidente del tribunal y ser luego trasladado en furgón policial hasta el hotel Zurbarán, donde se alojaba.

Los dos acusados, por tanto, no aprovecharon su alegato final más que para enzarzarse con los abogados acusadores y para recordar y ahondar en su enfrentamiento con Antonio Cabanillas Rivera.

Teniendo en cuenta lo que habían declarado ante el tribunal la jornada anterior, nadie esperaría ningún acto de contrición por su parte, pero quizá sí alguna muestra de respeto hacia la memoria de las víctimas o sus familiares.

Pero ni siquiera en ese último instante pudieron ver más allá de sí mismos y de lo injusta que, según ellos, era su situación.

Posiblemente, su trastorno paranoide les impedía ponerse en el lugar de otros, conmoverse por el dolor ajeno.

En su cabeza, no parecía haber espacio para otros sentimientos que no fueran los suyos propios.

Visiblemente asustados por el griterío, los Izquierdo fueron conducidos fuera de la sala de vistas. Los insultos continuaron en la calle, cuando eran trasladados al furgón policial.

En los días posteriores al juicio, la matanza de Puerto Hurraco volvió a protagonizar tertulias y programas de televisión, y volvieron a publicarse artículos hablando del concepto de España negra para vincularlo con Extremadura o sus habitantes.

O para desvincularlo, según quién y dónde se publicara el artículo.

Así, por ejemplo, escribió Maruja Torres en El País —el 19 de enero de 1994— lo siguiente:

A los amigos que tengo en Extremadura, a los que no tengo —pero que podría tener— en Puerto Hurraco, quisiera decirles que se armen de paciencia.

No es culpa suya que esta bestial versión de tragedia griega que acaban de soportar merezca más letras de molde que su tranquila vida cotidiana, sus esfuerzos por salir adelante, sus días y sus noches de gente corriente. [...]

Siempre habrá otro lugar de España —rural, seguramente— que tomará el relevo en el cartel del sensacionalismo.