10. El juicio #5

El juicio se retomó con la intervención del fiscal Antonio Sánchez Galante, quien, en su exposición final, afirmó que no había dudas de que los acusados habían planificado y cometido la matanza, y que cabía contemplar los agravantes de alevosía, premeditación y nocturnidad.

Con respecto al estado mental de los Izquierdo, el fiscal asumía que podía darse una eximente incompleta o un atenuante —su capacidad volitiva estaba afectada, pero no la intelectual—, y, dependiendo de lo que decidiera el tribunal sobre ese particular, pedía hasta veinticinco años de cárcel por cada asesinato consumado y doce por cada asesinato frustrado a cada uno de los acusados —si se les aplicaba la eximente incompleta por su trastorno mental—, o hasta veintiocho años por asesinato consumado y dieciocho por asesinato frustrado —si el trastorno mental solo se consideraba un atenuante—.

Tampoco tenía mayor importancia, en realidad, porque ya se les aplicara la eximente incompleta o el atenuante, se trataba de una petición de pena de entre doscientos noventa y siete o trescientos sesenta años para cada acusado.

El fiscal, sencillamente, pretendía para ellos la pena máxima de prisión, que en aquella época eran treinta años.

Lo que, teniendo en cuenta la edad de los acusados, era tanto como pedir una condena vitalicia.

Lo relevante era que, como cabía esperar, el fiscal no consideraba que los Izquierdo fueran inimputables; reconocía que podían sufrir un trastorno mental, pero solicitaba que ingresaran en prisión, no en un centro psiquiátrico.

La sorpresa vino a continuación, con la intervención del abogado acusador Vicente Gimeno Ferrera, que representaba al rival de los Izquierdo, Antonio Cabanillas Rivera.

Antonio Cabanillas Rivera, ya lo sabemos, había perdido a dos de sus tres hijas menores la noche de la matanza y en las semanas siguientes había aprovechado la oportunidad que le prestaron algunos medios de comunicación para lanzar la teoría de que Emilio y Antonio habían contado con la ayuda de la tercera de las hermanas Izquierdo, Emilia, para cometer el crimen.

Esa misma teoría, pero llevada más lejos, fue la que expuso su abogado esa mañana en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El abogado Vicente Gimeno Ferrera indicó que él no consideraba que los hermanos Izquierdo fueran enfermos mentales y que por tanto no cabía aplicarles ni siquiera la eximente incompleta o el atenuante por este motivo.

También, por supuesto, dijo que no creía que Antonio fuera inocente, sino que creía que lo que buscaban los acusados era que uno de ellos quedara libre para «continuar la matanza».

Pero lo que en verdad podía suponer un giro en el juicio fue lo que explicó a continuación.

Que lo hiciera entonces, a esas alturas del proceso judicial, en su último turno de palabra, cuando debía exponer sus conclusiones finales y pedir la pena que estimara oportuna para los acusados, daba cuenta de que lo que se buscaba era un golpe de efecto.

Según el abogado acusador —y por tanto, según su cliente Antonio Cabanillas Rivera— los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo no habían actuado solos, sino que aquella noche en Puerto Hurraco había habido al menos otros dos tiradores.

La hipótesis de los cuatro asesinos se asentaba, en primer lugar, en los testimonios de dos testigos que habían pasado ante el tribunal la jornada anterior, Josefa Sánchez Carrillo y José Ángel Aguerri Vidaurre, quienes habían asegurado que tras el tiroteo habían visto a cuatro personas situadas junto a la vivienda familiar de los Izquierdo, casi a la salida de la aldea, dos a cada lado de la calle, cuando solo los hermanos Emilio y Antonio estaban en ese lugar controlando la entrada y salida de vehículos —y abriendo fuego contra todos los que se acercasen—.

Estos testigos no pudieron identificar a las dos personas que supuestamente los acompañaban.

Por otra parte, el abogado acusador añadió que los proyectiles que había recibido en el pecho el guardia civil Juan Antonio Fernández Trejo habían descrito una «extraña trayectoria» respecto al lugar donde supuestamente estaba su tirador, y que el guardia civil, pese a no haber podido identificar a quien le disparaba, sí que reparó en que vestía un chaquetón hasta las rodillas.

Los dos hermanos esa noche vestían cazadoras cortas, que no pasaban de la cintura.

El abogado mencionó también que en el lugar del primer ataque —frente al Centro Social— no se había encontrado un solo cartucho de escopeta, a pesar de que era allí donde se había asesinado o herido a la mayoría de las víctimas.

Solo se habían recogido once cartuchos en el callejón junto a la vivienda familiar de los Izquierdo —donde se apostaron los hermanos para tirotear a los coches—, todos ellos disparados por la escopeta de Emilio.

Esta hipótesis de los cuatro tiradores sería valorada por el tribunal por si correspondiera iniciar nuevas diligencias o reabrir por entero la investigación. Finalmente, se descartaría seguir adelante por esta vía.

El tribunal debió de considerar que, con los tres años y medio transcurridos hasta el juicio y los más de mil quinientos folios de instrucción, la investigación no daba más de sí, a pesar de que efectivamente pudieran existir algunos puntos oscuros.

El que algunos testigos vieran a otras personas apostadas en el callejón junto a los Izquierdo, o que uno de los guardias civiles heridos viera a un hombre vestido con un chaquetón en lugar de con una cazadora, podía explicarse por la confusión o la tensión del momento; en cuanto a que no se encontraran cartuchos en el lugar del primer ataque, podía explicarse quizá por la afluencia de gente que hubo aquella noche en la aldea, por donde, además de los propios vecinos, pasaron docenas de guardias civiles, autoridades, periodistas y seguramente más de un curioso llegado de algún otro pueblo.

Fueron veinte en total los disparos que se realizaron en ese lugar: los cartuchos pudo recogerlos cualquiera, por cualquier razón.

La calle no estuvo acordonada, ni se efectuó un registro exhaustivo hasta mucho tiempo después de que los hermanos estuvieran bajo arresto.

Hasta puede que los recogiera alguien a la mañana siguiente con la simple intención de limpiar la calle, sin reparar en su importancia.

Aunque también, claro, pudieron recogerlos los propios hermanos Izquierdo y deshacerse de ellos enterrándolos de madrugada en el campo.

La opción que parece menos verosímil, en realidad, es suponer que hubo algún tirador más esa noche; uno o dos tiradores desconocidos que, además de disparar sin ser identificados, se dedicaran luego a recoger cartuchos del suelo en mitad de la calle Carrera, donde habían sido abatidas media docena de personas.

La hipótesis de los cuatro tiradores no tenía ningún recorrido posible.

Por otro lado, como ya se ha dicho, no era una hipótesis del todo novedosa: precisamente Antonio Cabanillas Rivera la había apuntado ya en las semanas posteriores al crimen.

Solo que había señalado directamente a la tercera hermana Izquierdo, Emilia, como cómplice del crimen, y por extensión al marido de esta.

Emilia Izquierdo, su marido y una de sus hijas habían salido de Puerto Hurraco la misma noche del crimen, asustados por los disparos y con la sospecha de que podían ser precisamente sus parientes quienes estuvieran llevando a cabo alguna barbaridad.

Esa huida precipitada y el hecho de que, presuntamente, los asesinos hubieran estado el día anterior departiendo con su hermana Emilia en Puerto Hurraco, era en lo que se había basado Antonio Cabanillas Rivera para acusar a esta de cómplice.

La Justicia, sin embargo, había determinado que el matrimonio nada había tenido que ver con la matanza; ni siquiera habían tenido que ser absueltos, ya que no había llegado a procesárseles.

Tan solo se les había interrogado, como a tantos otros vecinos.

En el juicio, el abogado acusador Vicente Gimeno Ferrera no llegó a señalar a Emilia Izquierdo y a su marido como los dos supuestos tiradores que acompañaron a Emilio y Antonio en la matanza, pero esa era la idea que sobrevolaba su intervención.

Lógicamente, no podía dar esos nombres: acusarlos en público hubiera constituido un delito; más aún cuando el juez instructor de la causa —Casiano Rojas— no los había procesado.

Parece evidente que el abogado acusador y su cliente, Antonio Cabanillas Rivera, lo que buscaban no era tanto que se abriera o reabriera la investigación por la matanza, lo cual resultaba casi imposible — hubiera sido un vuelco total al caso—, como de nuevo poner el foco mediático en ella, la tercera hermana Izquierdo, Emilia, quien no había vuelto a tener contacto con sus hermanos y hermanas, y quien nada tenía que ver ya con aquel proceso judicial.

Seguramente, lo que pretendían era que esta, ya que no podía ser procesada, al menos fuera hostigada como posible autora o cómplice del crimen por parte de la prensa y de los vecinos.

Antonio Cabanillas Rivera, tal y como ya anticipaba en sus entrevistas tras la matanza, no debió de quedar conforme con que a esta mujer se la hubiera permitido continuar con su vida, liberada de cualquier sospecha, y a través de su abogado —y de la fantasiosa teoría de los cuatro tiradores— pretendía que sufriera algún tipo de castigo, siquiera un castigo social.