10. El juicio #4

De la misma opinión, aunque con matices, eran los psiquiatras Durán Jiménez y Gómez Romero, quienes habían trabajado con Sanz de la Torre en el examen clínico a los Izquierdo durante su estancia en prisión —y quienes, a su vez, habían asesorado a la Fiscalía—.

El doctor Gómez Romero afirmó que Emilio Izquierdo efectivamente ejercía una fuerte influencia sobre su hermano menor, Antonio, aunque no tanta como para que la voluntad de este último pudiera considerarse anulada, y también que Emilio poseía un coeficiente intelectual algo superior al de su hermano, aunque ambos dentro de la normalidad.

Era en el plano de la conciencia donde advertían una alteración por un trastorno paranoide, siendo una vivencia traumática —la muerte de la madre— la que propiciaba la existencia de una «idea sobrevalorada» —la venganza por esa muerte— que determinaba su personalidad.

Los Izquierdo eran enfermos mentales en opinión de los tres peritos.

Sin embargo, estos discrepaban respecto a la gravedad de su condición: solo el psicólogo convocado por la defensa, Sanz de la Torre, opinaba que estarían mejor atendidos en un centro psiquiátrico; Gómez Romero y Durán Jiménez, en cambio, opinaban que su tratamiento podría realizarse en un centro penitenciario corriente, por tratarse de un trastorno de menor gravedad.

Los forenses Calvo Muñoz y Fernández Vara, por su parte, compartían una opinión opuesta a la de los anteriores: según ellos, los Izquierdo tenían una «capacidad volitiva disminuida», pero no anulada, y poseían una inteligencia normal.

Habían sido, por tanto, absolutamente conscientes de lo que hacían y podrían ser condenados y enviados a prisión.

Cabe aquí detenerse otra vez, tal y como hicimos unos capítulos atrás al tratar los antecedentes psiquiátricos y policiales de los Izquierdo con anterioridad a la matanza.

En el juicio, como se acaba de ver, hubo disparidad de opiniones entre profesionales acerca de la condición mental de los acusados, y al tribunal le correspondería decidir si estaban en disposición de ser o no condenados.

Pero más allá de eso, lo que parecía evidente era que, aun el caso de que no fueran declarados enfermos mentales en términos jurídicos —es decir, aunque se determinara que eran conscientes y responsables de sus acciones—, los hermanos Izquierdo sí que sufrían trastornos mentales.

Así lo indicaron al menos tres peritos médicos que los habían examinado en prisión.

Y si sufrían trastornos mentales —insisto, aunque esos trastornos no fueran suficientes como para considerarlos inimputables—, cabe suponer que estos no se les desatarían la misma jornada en que cometieron la matanza.

Me refiero a que el «trastorno paranoide» del que hablaron los peritos no debió de surgir de pronto un buen día, sino que debió de haberse gestado durante meses. O años.

Luciana y Ángela Izquierdo, recordemos, estuvieron internadas en el centro psiquiátrico de Mérida durante varias semanas a inicios de 1988.

También internado en ese mismo centro había muerto dos años antes el tercer hermano, Jerónimo, después de apuñalar a Antonio Cabanillas Rivera.

Y de nuevo, tras la matanza, las hermanas Izquierdo estaban otra vez internadas en dicho centro.

Con unos antecedentes de enfermedad mental en la familia tan claros como estos, ¿quién podía dudar de que Emilio y Antonio Izquierdo también padecían algún tipo de trastorno?

¿Y quién podía dudar de que ese trastorno debían de haberlo desarrollado durante un largo periodo de tiempo, con anterioridad a la matanza, si tenemos en cuenta además la conducta antisocial mostrada por la familia?

Aun así, pese a todos los signos de alarma, nadie movió un dedo.

Los exámenes psiquiátricos que se les realizaron tan solo buscaban determinar su imputabilidad; buscaban averiguar qué grado de conciencia tenían respecto al crimen que habían cometido para saber si se les podía considerar o no responsables de su acción.

Pero esos exámenes ya no iban a servir para prevenir ninguna tragedia.

Hasta cinco profesionales médicos acudieron al juicio a ofrecer su valoración clínica; ni uno solo, que se sepa, los examinó con anterioridad a la matanza.

O al menos, nadie los examinó con suficiente interés.

Parece innegable que hubo, si no negligencia, al menos sí indiferencia por parte de las autoridades respecto a los hermanos Izquierdo antes del crimen.

Es imposible saber si la matanza podría haberse evitado, pero en todo caso no se hizo nada por evitarla.

El largo historial de violencia y enfermedad mental en la familia Izquierdo no bastó para que las autoridades repararan en ellos.

Quién sabe cuánto sufrimiento se podría haber ahorrado.

Se tiende a pensar que la matanza de Puerto Hurraco sucedió en una España en blanco y negro —es posible que el buen hacer del fotógrafo Brígido Fernández tenga algo que ver en ello—, pero no fue así.

La matanza ocurrió en el año 1990, en una España a color.

Una España en la que, en muchos hogares, los niños se entretenían jugando con sus videoconsolas.

Hacía casi diez años que se había estrenado la primera parte de Indiana Jones.

Y la película más vista ese año fue Pretty Woman .

Se habla de odios ancestrales entre familias y de la España negra; se analiza el caso desde todas sus vertientes —jurídica, periodística, literaria…

—, pero apenas se incide en el tema de la salud mental, cuando ya en ese año existían mecanismos de prevención y seguimiento para que personas con signos evidentes de necesitar asistencia médica hubieran podido recibirla.

La España de 1990 no era igual a la de 2026, claro que no.

Pero tampoco era igual a la de 1960 o 1940.

La mejor prueba era que las propias hermanas Luciana y Ángela habían sido internadas anteriormente en un centro psiquiátrico.

Ellas sí habían recibido atención, algo que no ocurrió con Emilio y Antonio, quienes, con absoluta libertad, y con toda su documentación en regla, pudieron adquirir centenares de cartuchos para sus escopetas y luego usarlas para cometer una matanza.

Del mismo modo, apenas se incide en que seis años antes de la matanza, en 1984, la madre de los Izquierdo había sido asesinada en un incendio provocado.

¿Acaso fue ese incendio —ese asesinato— el que propició el trastorno mental de los Izquierdo, o sencillamente avivó un trastorno que ya sufrían todos los hermanos —los cinco, incluido Jerónimo—?

No hay modo de saberlo. Pero el incendio fue provocado, y la muerte de la madre, por tanto, no fue accidental, sino un asesinato.

Por todo ello, lo que parece obvio es que la Administración falló.

Ya fuera en el ámbito estatal, autonómico o municipal; ya fuera la Administración de Justicia; ya fuera el Instituto Nacional de la Salud —INSALUD, que entonces gestionaba el sistema sanitario en España—; ya fuera la Junta de Extremadura; ya fueran los Ayuntamientos de Monterrubio de la Serena o de Benquerencia de la Serena.

La cuestión es que alguien en algún organismo no hizo bien su trabajo.

Esto no quiere decir, repito, que la matanza pudiera haberse evitado.

Tal vez era inevitable. Pero igualmente la Administración debería haber intervenido con anterioridad: debería haber tomado nota de la situación de los hermanos Izquierdo y haber actuado de algún modo.

Y también, claro, debería haber resuelto el asesinato de su madre en el incendio provocado de 1984.

Con la perspectiva del tiempo, y asentada la polvareda mediática que levantó el suceso en su día, la cual impedía analizarlo con la debida claridad —me refiero a los relatos sensacionalistas en prensa, aunque estos se siguen publicando todavía hoy—, lo que se puede concluir es que la matanza fue propiciada —que no provocada, ojo— por el mal hacer, o al menos por la dejadez, de las distintas instituciones.

Se habían reunido todos los elementos para que pudiera producirse algo como lo que se produjo, pero nadie supo interpretar las señales de lo que podía ocurrir.

Por más que las señales estuvieran ahí mismo, a la vista de cualquiera.

***

Volviendo al juicio, con el testimonio de los peritos médicos se cerró aquella primera jornada, la del 17 de enero de 1994. Y tal y como se había anticipado, bastaría otra jornada más, la del martes 18, para que la causa quedara vista para sentencia.

Tras un proceso de tres años y medio, el juicio iba a ser algo fugaz, casi un trámite.

Aunque esto solo resultaría chocante a quienes no hubieran seguido la evolución de ese proceso.

Pese al número de víctimas —o precisamente como consecuencia de ello—, la matanza de Puerto Hurraco no se antojaba ningún desafío para el tribunal que debía juzgarla.

Más allá del burdo intento de que uno de los hermanos resultara absuelto, la culpabilidad de los acusados estaba más que probada, y solo restaba determinar si estos podían ser o no imputados atendiendo a sus condiciones mentales.

El juicio, por tanto, no iba a deparar ninguna sorpresa.

O eso era lo que se pensaba. Porque sí que hubo una gran sorpresa en aquella segunda jornada.