10. El juicio #3

Más comedida en todos los sentidos —y también más breve— fue la de Antonio Izquierdo, quien tomó la palabra tras su hermano.

Antonio, con sus enormes gafas colgando del borde de la nariz, admitió haber estado presente en Puerto Hurraco la noche del crimen, y también haber disparado su escopeta, pero afirmó no haber disparado sobre nadie, sino que los suyos habían sido tiros al aire, de advertencia: «Disparé una vez o dos al aire porque el personal se asentara».

O sea, que en mitad del tiroteo disparó para advertir a la gente de que su hermano sí que estaba disparando a matar, lo que, obviamente, no tenía ningún sentido —y así se lo plantearon los abogados acusadores—.

Antonio llegó a declarar incluso que no pudo ver a la gente caer muerta y herida por los tiros de su hermano ya que: «Yo de lejos no veo [...

], por eso tengo las gafas y entonces no tenía las gafas y por eso no veía».

Además, dijo haber acudido a Puerto Hurraco porque «no creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo hubiera creído que iba a ir a una matanza no voy con mi hermano».

Tras los dos hombres, les llegó el turno a ellas, a las hermanas Izquierdo.

Primero —cómo no—, a Luciana; a continuación, a Ángela.

Fueron recibidas con insultos y amenazas —poco antes, a su entrada a la Audiencia, alguien había gritado ante las cámaras pidiendo la horca para ambas—.

Las dos se negaron a declarar aludiendo a que no estaban en Puerto Hurraco la noche de los hechos.

Recordemos que ellas no estaban siendo juzgadas: ya habían sido absueltas, y por tanto no hubiera sido lícito reabrir entonces el tema de si habían instigado o no a sus hermanos a cometer el crimen.

La Justicia ya había determinado que ellas no eran las instigadoras, de modo que la Fiscalía y los abogados acusadores estaban atados de manos para interrogarlas.

No podían efectuar preguntas en ese sentido.

Como las hermanas, ciertamente, no habían estado en Puerto Hurraco la noche del crimen —y por su condición de pacientes de un centro psiquiátrico—, su declaración, de haberse producido, tampoco habría tenido mayor relevancia en el proceso.

Sin embargo, probablemente eran muchos los que esperaban que Luciana aprovechara aquella oportunidad —la última de su vida— para colocarse ante un micrófono y soltar alguna soflama sobre que su familia había estado perseguida por la Guardia Civil, o para volver a mencionar el asunto del asesinato de su madre en el incendio.

Pero no sucedió nada de eso. Luciana, a lo que parece, había perdido toda su vitalidad.

Las mujeres, eso sí, protagonizaron los dos momentos más enternecedores de la jornada.

O quizá «enternecedores» no sea la palabra más adecuada.

En realidad, no creo que haya una palabra adecuada para definir el momento en que, al finalizar su declaración —o su paso ante el tribunal para negarse a declarar, mejor dicho—, se acercaron a sus dos hermanos para besarlos rápidamente en la cara.

Las hermanas Izquierdo habían visitado a Emilio y Antonio en prisión al menos en cuatro ocasiones en aquellos tres años y medio, acompañadas siempre del personal del centro psiquiátrico de Mérida, pero aquella era la primera vez que se les podía ver a los cuatro juntos en público.

A casi nadie se le escapaba que esos besos fugaces que compartieron —cada hermana besó a cada hermano dos veces, una en cada lado de la cara— podían ser los últimos que compartieran nunca.

Todo iba a depender del resultado del juicio y de dónde fueran internados ellos, quienes, en el caso de ser encarcelados en una prisión corriente, podían ser enviados muy lejos de Extremadura —según lo que más conviniera a Instituciones Penitenciarias—.

También podía ser que, de ser declarados enfermos mentales, no se considerara adecuado que fueran visitados por sus hermanas.

O que el propio estado mental de estas lo impidiera.

No estaba en manos de ninguno de ellos el que volvieran o no a verse alguna vez, eso era lo único que estaba claro.

Posiblemente, aquella escena —cuatro hermanos ancianos o casi ancianos despidiéndose, quizá para siempre, tras una vida entera juntos— hubiera movido a las lágrimas a más de uno de los presentes, de no haberla protagonizado quienes lo habían hecho.

***

Una vez que los hermanos y las hermanas Izquierdo hubieron declarado ante el tribunal, les llegó el turno a los testigos de la matanza. Fue una sucesión de testimonios que echó por tierra la versión de los hechos que habían expuesto los dos acusados.

El alcalde pedáneo de Puerto Hurraco en el momento del crimen, Braulio Nogales, declaró nombrando a cada víctima por su nombre: naturalmente, las conocía muy bien a todas. Negó que una matanza como esa hubiera podido cometerla un solo hombre.

Los hijos de la víctima Manuel Cabanillas Carrillo —recordemos, sin relación de parentesco con la familia rival de los acusados—, Jesús Florencio, Manuel Agustín y Rafael Cabanillas Benítez, declararon que habían visto a los dos hermanos Izquierdo disparar contra los vecinos.

De hecho, Manuel Cabanillas Benítez declaró que había sido precisamente Antonio quien había disparado a las niñas Encarna y Ángela Cabanillas Rivera.

Como ya dijimos, el cuarto hermano de los testigos, Antonio Cabanillas Benítez, había quedado parapléjico por un disparo de postas que le atravesó la columna vertebral.

Su hermano Manuel Agustín declaró: «Mi hermano Antonio se me cayó encima con la espalda reventada.

Está paralizado del pecho para abajo, no puede andar, nunca más tendrá vida sexual, hablando en plata, se lo hace todo encima y hay que darle la vuelta en la cama cada tres horas».

Otros testigos que pasaron ante el tribunal fueron Josefa Sánchez Carrillo —hija de la víctima Isabel Carrillo Dávila y tía del niño Guillermo Ojeda Sánchez, herido en la cabeza y al que le quedarían secuelas de por vida— y su esposo José Ángel Arregui Vidaurre; los dos guardias civiles heridos en el interior del coche patrulla, Manuel Calero Márquez y Juan Antonio Fernández Trejo; y el cabo Blas Molina Cantero, quien llevó a cabo el arresto de Antonio Izquierdo.

El número de testigos, como se ve, fue bastante reducido teniendo en cuenta que se trataba de un juicio por un crimen múltiple, con nueve asesinados.

No fue una macrocausa, ni mucho menos. E incluso algunos de los testigos —como los guardias civiles Manuel Calero Márquez y Juan Antonio Fernández Trejo— ofrecieron testimonios sin apenas relevancia —los guardias no pudieron identificar cuál de los hermanos disparó contra ellos—.

Es posible que fuera una decisión consciente —aunque tácita— por parte de la Fiscalía y los abogados acusadores: limitar el número de testigos a los imprescindibles para no alargar el juicio más allá de lo necesario.

A fin de cuentas, la culpabilidad de los hermanos estaba más que probada —la de ambos—, y juzgándose el asesinato de nueve personas no tenía demasiado sentido sobrecargar la causa con docenas de testigos solo para intentar que se les aplicaran determinados agravantes —nocturnidad, alevosía o premeditación—, ya que igualmente se les condenaría al periodo de reclusión máximo establecido por ley.

El único punto que había que dirimir en el juicio —la verdadera batalla— era la del estado mental de los Izquierdo.

Si sufrieron un brote de enajenación al cometer la matanza, si se trataba de dos enfermos mentales, o si por el contrario eran dos sujetos con plenas facultades mentales. Esta era la clave de todo el proceso.

Como se apuntó unas páginas atrás, sobre la cuestión de la condición mental de los Izquierdo existía una discrepancia significativa entre la Fiscalía y las acusaciones particulares, de tal modo que eran hasta tres las posiciones que se defendían al respecto: la Fiscalía entendía que los acusados sí que pudieron actuar durante un brote de enajenación mental, lo que se podría considerar un atenuante o incluso un eximente del crimen —de tal modo que podrían recibir una condena menor o únicamente ser recluidos en un centro psiquiátrico—; los abogados acusadores, por contra, argumentaban que los Izquierdo habían actuado en plenitud de facultades mentales, que habían sido responsables de sus actos, y como tales debían ser condenados; el abogado defensor, por su parte, argüía que sus acusados eran enfermos mentales, y como tal eran inimputables y debían adoptarse con ellos las medidas correspondientes dentro del ámbito médico —reclusión en un centro psiquiátrico— y en ningún caso condenárseles a prisión.

Así, finalizada la prueba testifical —el desfile de testigos—, dio comienzo el verdadero «juicio» con los testimonios de los peritos médicos que habrían de ofrecer su valoración del estado mental de los acusados.

Fueron cinco en total los peritos que pasaron ante el tribunal: los psiquiatras José Luis Durán Jiménez y José Gómez Romero; el psicólogo Carlos Sanz de la Torre; y los forenses José María Calvo Muñoz y Guillermo Fernández Vara.

Por parte de la defensa, el único perito que acudió a declarar fue el psicólogo Carlos Sanz de la Torre, que afirmó que los Izquierdo necesitaban apoyo psicológico por parte de un profesional, ya que sufrían una alteración de la personalidad de carácter paranoide.