8. Inocentes #5

En el fondo, era un cambio superficial —y quizá desesperado—: tan complicado se antojaba demostrar que ellas habían inducido a los dos hombres a cometer la matanza como que habían conspirado con ellos para llevarla a cabo, dado que no parecía haber pruebas de lo uno ni de lo otro.

Sin embargo, la figura del conspirador suponía un grado penal menor que la del inductor, y el fiscal debió de pensar que sería más sencillo obtener una condena por ese delito, aunque fuera más leve.

El abogado Vicente Gimeno Ferrera, acusador particular —contratado por la familia rival, los Cabanillas—, respaldó este cambio de postura del fiscal.

El fallo acerca del procesamiento de Luciana y Ángela Izquierdo se conoció el jueves 20 de febrero de 1992 y supuso una conmoción, aunque solo para quienes no hubieran seguido de cerca el desarrollo del proceso judicial: la Audiencia Provincial de Badajoz revocaba el procesamiento de las hermanas, y estas, por tanto, quedaban exculpadas de cualquier acusación.

Eran inocentes, y el juez Casiano Rojas debía decretar su puesta en libertad de inmediato.

El auto de la Audiencia ni siquiera era recurrible por la acusación.

El «efecto Mandela» es un recuerdo compartido por un grupo extenso de personas —a veces, hasta por una nación en su conjunto— que, sin embargo, resulta ser falso.

Es un concepto que se popularizó a partir de la muerte de Nelson Mandela en 2013, ya que al parecer se había extendido la idea de que Mandela había muerto en prisión allá por la década de 1980.

En España, el ejemplo de «efecto Mandela» más conocido es el de la retransmisión en directo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1983: en contra de lo que muchos creen recordar, el asalto al Congreso de los Diputados no pudo verse en directo en televisión, sino tan solo escucharse por la radio.

Las imágenes solo pudieron verse en diferido, más tarde, cuando la intentona golpista estaba desarticulada.

Lo sucedido con Luciana y Ángela Izquierdo me parece otro ejemplo claro de «efecto Mandela».

Casi cualquier español de cierta edad al que se le pregunte sobre la matanza de Puerto Hurraco dirá que las hermanas fueron las inductoras del crimen; que ellas eran tan culpables como sus hermanos, ya que eran quienes los habían movido a tomar las armas contra sus vecinos.

No todos saben o recuerdan que las Izquierdo —esas dos señoras siniestras, vestidas de luto, que soltaban incoherencias durante las entrevistas que les hicieron en el interior de un tren nocturno— fueron declaradas inocentes por la Audiencia de Badajoz antes incluso de que llegara a celebrarse el juicio por la matanza.

No se sentaron siquiera en el banquillo de los acusados.

La noticia de su absolución provocó un pequeño terremoto, como no podía ser menos.

Tanto en Puerto Hurraco como en Monterrubio de la Serena se temía que su inminente liberación pudiera conllevar nuevos estallidos de violencia, ya fueran ellas dos las agresoras o las víctimas.

«En Puerto Hurraco nadie ha olvidado y son muchos los que ladran y pregonan futuras venganzas», escribía el periodista Pablo Sánchez en el diario Hoy el 22 de febrero de 1992, tras conocerse la noticia.

La razón por la que nadie o casi nadie recuerda hoy que las hermanas Izquierdo fueron declaradas inocentes está clara. Son dos razones, en realidad.

La primera es que las dos mujeres, antes incluso de que fueran localizadas y llevadas a declarar al Juzgado de Instrucción de Castuera, ya habían sido «condenadas» por la opinión pública.

Se habían publicado docenas de artículos acusándolas —de manera directa o a través de testimonios de vecinos— de haber sido las verdaderas responsables de lo sucedido: sus hermanos, Emilio y Antonio, eran poco menos que unas bestias sin voluntad propia, y ellas dos —sobre todo Luciana— eran quienes los habían empujado a cometer tal atrocidad.

Recordemos que, por ejemplo, en septiembre de 1990, a los pocos días del crimen, Juan Madrid ya había publicado en Diario 16 su —vergonzoso— relato titulado «La venganza es un pájaro carroñero», donde se contaba cómo las hermanas Izquierdo habían permitido que su madre ardiera mientras ellas salvaban el televisor y otros muebles de su casa.

Juan Madrid publicó ese mismo texto, aunque ampliado, en agosto de 1991 en la revista Interviú —concretamente, el día 5 de ese mes—, y sería ese mismo texto el que posteriormente incluiría en su libro Malos tiempos de 1994, donde, ni que decir tiene, no se molestó en comentar que habían sido absueltas de cualquier cargo.

Recordemos también que, en septiembre de 1990, Sebastián Cuevas las había definido en el periódico El Mundo del Siglo Veintiuno del siguiente modo:

Secas, como las mujeres enlutadas de los dramas lorquianos. Cuando se les acartonaron los caños de la leche y se acabaron las lunas, con el puerperio, la soledad de las dehesas se les metió en los sesos y en el vientre llenándolas de rencor.

Más aún: en su libro Crímenes inolvidables , publicado en 1991 —es decir, antes de que fueran declaradas inocentes—, la insigne Margarita Landi escribía lo siguiente: «Se suponía que [Emilio y Antonio Izquierdo] habían cometido la matanza en Puerto Hurraco instigados por sus dos hermanas, “hurañas, insaciables y malignas”, que el día anterior, sábado, se habían marchado del pueblo».

Evidentemente, ya no había vuelta atrás.

Para cuando se las declaró inocentes, las hermanas Izquierdo llevaban un año y medio siendo denostadas públicamente.

No solo por los vecinos que las conocían y que quizá tuvieran motivos para odiarlas o recelar de ellas, sino también por periodistas y escritores de supuesto prestigio.

Tanto daba lo que dijera la Justicia. Tanto daba que fueran inocentes.

Lo importante era sostener el relato de que eran dos brujas desalmadas, dos ancianas maquiavélicas concomidas por el rencor, capaces de salvar unos muebles antes que a su propia madre.

Tanto daba también que la madre de esas dos mujeres hubiera sido cruelmente asesinada en un incendio.

Tanto daba incluso que estuvieran internadas en un centro psiquiátrico, y que por tanto fueran dos enfermas mentales.

Sus hermanos habían cometido un crimen horrendo, y ellas —envejecidas y vestidas de luto— tenían una apariencia desagradable.

Luciana y Ángela Izquierdo, junto a Emilio y Antonio, eran la personificación de la España negra.

No cabía mostrar ninguna piedad hacia ellas.

Esta es, por tanto, la primera razón por la que pocos recuerdan que las hermanas Izquierdo eran inocentes: la noticia de su absolución no pudo competir con el relato creado en torno a ellas, según el cual eran dos seres repulsivos que habían inducido a sus hermanos a cometer una matanza.

Y aquí, nos guste o no, hay que ser muy claros, y muy rotundos: ¿pudieron haber movido a sus hermanos a tomar las armas y liarse a tiros con los vecinos de Puerto Hurraco?

Según la Justicia, la respuesta es no. Según la Justicia, ellas no fueron responsables de la matanza. Sobre esto no hay debate posible.

Por supuesto, y más allá de esa verdad incontestable —que fueron declaradas inocentes—, la opinión de cada cual es libre.

Pero quien tenga el convencimiento de que las hermanas Izquierdo realmente fueron las inductoras del crimen, ha de saber que su opinión no está respaldada en los hechos.

Quien opine que tuvieron alguna responsabilidad en la matanza, lo hace respaldándose nada más que en su propia intuición o su propia interpretación, pero no estará en lo cierto.

Para lo bueno y para lo malo, España es un Estado de derecho.

Lo era también entonces, en 1992. Y en un Estado de derecho no cabe acusar a ningún ciudadano de un crimen del que haya resultado absuelto.

La segunda razón por la que las hermanas Izquierdo, pese a ser exculpadas, han continuado siendo culpables a ojos de la sociedad la he mencionado también hace un momento: cuando se las declaró inocentes, estaban recluidas en un centro psiquiátrico.

Y aunque, tras decretarse su puesta en libertad, se especuló con cómo se las recibiría en Puerto Hurraco o Monterrubio de la Serena —se temía que hubiera nuevos episodios de violencia—, a los pocos días de conocerse la noticia —en concreto, el 25 de febrero— se supo que no saldrían a la calle, sino que continuarían internas en el centro psiquiátrico de Mérida.

Sencillamente, pasarían de ser dos enfermas mentales acusadas de un delito a ser dos enfermas mentales libres de toda culpa.

Después de que el juez de instrucción de Castuera, Casiano Rojas, firmara su puesta en libertad, le correspondió al director del centro psiquiátrico de Mérida, José Gómez Romero, así como a un juez de guardia de aquella ciudad y a un médico forense designado por ese juzgado, decidir si Luciana y Ángela Izquierdo estaban en disposición de abandonar el centro.

La decisión fue que no debían ser liberadas: su estado mental no solo no había mejorado, sino que su «enfermedad paranoide» se había acentuado durante la reclusión, hasta el punto de que no se relacionaban con otros internos del centro, y muy poco con los enfermeros que las trataban.

A partir de entonces, la condición de las hermanas debía ser revisada por el juzgado correspondiente cada seis meses, en espera de que se procediera o no a decretar su incapacidad permanente.