8. Inocentes

INOCENTES

Hizo el mundo en siete días,

Extremaydura al octavo,

a ver qué coño salía

y ese día no había jiñado…

En cualquier caso, la «tierra de conquistadores» —«no nos quedan más cojones»— estaba todavía creándose o configurándose como una realidad política, jurídica, física y hasta mental en aquellos años.

Así, la matanza de Puerto Hurraco tuvo lugar en el peor momento posible a nivel institucional.

La Comunidad Autónoma acababa de nacer, y de pronto su nombre quedaba asociado a un suceso criminal atroz.

Faltaban solo dos años para los Juegos Olímpicos de Barcelona, y a ojos de muchos, a raíz de la matanza, Extremadura pasaba a ser todo aquello que se pretendía dejar atrás en la nueva España moderna y democrática.

Extremadura parecía empeñada en ser la «España oscura y cutre, analfabeta y sanguinaria», como la definió Juan Madrid en el texto citado unos capítulos más atrás.

Por supuesto, hubo voces relevantes que salieron a defender que era injusto hablar de la España negra en relación con el crimen y con Extremadura.

Así lo hizo, por ejemplo, el escritor Francisco Ayala en un texto publicado en ABC el 22 de septiembre de 1990, titulado «La España profunda». Escribía Ayala que:

Si en lugar de haber surgido en el agro y por una cuestión de lindes en un municipio aldeano de Extremadura, el brutal crimen a que estoy aludiendo se hubiese producido con iguales características y por análogos motivos de rencilla vecinal dentro de una urbanización madrileña o barcelonesa o sevillana, a nadie le hubiera pasado por las mientes hablar de la España profunda a propósito suyo.

Solo cuando el sangriento suceso se produce en el ambiente rústico suscita la infalible evocación de aquella imagen singular que, con una especie de encantada fascinación, quisieron ver como la genuina y correspondiente a la esencia de esta tierra nuestra, «retrasada», «misteriosa» e «irreductible», los extranjeros que venían a recorrerla durante el siglo XIX .

Ayala explicaba lo que parecía una obviedad: que la España negra era un concepto literario nacido en el siglo XIX , y a la altura de 1990 solo se sostenía precisamente en ese ámbito, en la literatura, en la ficción, donde se podía jugar al reduccionismo o la generalización —tal y como haría, por ejemplo, Carlos Saura con su película El séptimo día , pero de eso ya hablaremos—.

El problema era que parte de la prensa estaba haciendo eso mismo: reducir la complejidad del caso y generalizar sobre los habitantes de las zonas rurales, sin reparar en el daño que con ello se pudiera causar.

Extremadura quedaba reducida a un tópico puramente literario; a nadie le importaba lo que ocurría en la región, sus avances o su situación real en términos sociales o económicos.

En ese mismo sentido se expresaba también el catedrático de Derecho Penal de la UNEX Joaquín Cuello Contreras, en un largo artículo publicado en el diario Hoy el 4 de septiembre de 1990, titulado «La sociología y el crimen de Puerto Hurraco». Según Joaquín Cuello:

Resulta irritante comprobar el desaliento que muchos ciudadanos extremeños experimentan ante los acontecimientos.

¿No es cierto que uno de los comentarios más frecuentes estos días entre nosotros es que solo centramos la atención nacional con este tipo de asunto, característico de sociedades subdesarrolladas?

Pues bien, esta es una falacia como una catedral.

No existe ninguna diferencia entre esta tragedia y la que, en este momento, puede estar ocurriendo en cualquier otro punto de la geografía nacional o internacional.

Patologías familiares e individuales que desemboquen en el crimen pueden surgir, por desgracia, en cualquier parte.

El presidente de Extremadura en aquel tiempo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también manifestó este mismo malestar muchas veces.

Lo hizo, por ejemplo, en el año 1992, cuando todavía no se había producido el juicio por la matanza, durante un encuentro con pensionistas de toda España celebrado en Badajoz, al que no habían acudido medios de comunicación nacionales: «Solo vienen [los medios nacionales] a Extremadura cuando ocurren sucesos como el de Puerto Hurraco».

Los medios nacionales habían acudido a Extremadura tras la matanza, efectivamente.

Y tan pronto como llegaron, se fueron. La muerte de Isabel Carrillo Dávila, la novena y última víctima mortal, supuso una especie de punto final para la primera parte de la tragedia.

Todavía se publicaron algunos artículos y entrevistas en las siguientes semanas, pero el asunto ya no volvería a ocupar portadas ni a abrir telediarios durante bastante tiempo.

Durante ese otoño de 1990 y el invierno siguiente, el juez Casiano Rojas continuó adelante con su instrucción.

El suceso en sí mismo parecía estar más que aclarado, pero con nueve personas asesinadas y cuatro imputadas, el número de diligencias judiciales habría de ser enorme.

El auto de procesamiento se dictó finalmente en enero de 1991, y si bien parecía evidente que los cuatro hermanos Izquierdo iban a ser procesados y acudirían al juicio como acusados —los varones como autores del crimen, y las mujeres como inductoras—, aún a esas alturas existían ciertas dudas de si el juez Rojas decidiría imputar también a la quinta hermana, Emilia, o incluso a algún otro familiar, tal vez por algún cargo de menor gravedad.

El propio juez daba pábulo a esta posibilidad ante la prensa solo unos días antes de que se hiciera público el auto de procesamiento, aunque finalmente no lo hizo: el 9 de enero se supo que los únicos que se sentarían en el banquillo de los acusados por la matanza serían los cuatro hermanos que ya estaban encerrados —Emilio y Antonio en un centro penitenciario; Luciana y Ángela en un centro psiquiátrico—, a los que se les establecía una fianza de doscientos cincuenta millones de pesetas a cada uno —mil millones en total— para hacer frente a posibles indemnizaciones.

Emilia y su esposo quedaban, por tanto, excluidos de la causa.

El juez de instrucción no había visto indicios suficientes de culpabilidad contra ellos.

Por otra parte, Rojas afirmaría, tras publicarse el auto de procesamiento, que los procesos judiciales abiertos en su día por el asesinato de Amadeo Cabanillas Rivera a manos de Jerónimo Izquierdo en 1961, por el incendio de la casa familiar de los Izquierdo en 1984 y por el apuñalamiento de Antonio Cabanillas Rivera a manos —de nuevo— de Jerónimo en 1986, no habían tenido ninguna incidencia durante la instrucción de aquel caso.

Claro que no cabía que afirmara otra cosa: de esos tres procesos, había dos que no podían revisarse ni reabrirse porque el procesado —Jerónimo Izquierdo— había fallecido; uno de ellos, además, había sucedido hacía casi treinta años, y por tanto estaba más que prescrito.

El único proceso que cabía revisarse y reabrirse era el del incendio de la casa de los Izquierdo de 1984, donde había fallecido la madre de los hermanos, Isabel Izquierdo Caballero.

Pero, como ya se dijo más atrás, ello hubiera generado un revuelo monumental, toda vez que el principal sospechoso de haber causado el incendio —a quien señalaban los Izquierdo— era Antonio Cabanillas Rivera.

Formular una acusación o siquiera llamar como testigo al padre de las dos niñas asesinadas a tiros para cuestionarle sobre ese incendio no parecía prudente, y menos aun cuando no era de suponer que se fueran a hallar pruebas de su culpabilidad.

El juez Rojas, como todos, debió de decidir que no valía la pena transitar por esa vía, que lo mejor era centrarse en la instrucción de la matanza, que bastante era ya, y obviar ese otro asesinato.

Solo unas semanas después, a finales de febrero, el juez Rojas cerró el otro proceso que tenía abierto en paralelo a la matanza y que atañía a Antonio Cabanillas Rivera, al sobreseer definitivamente la causa contra este por el incidente a las puertas del Juzgado de Castuera en la tarde en que fueron interrogadas las hermanas Izquierdo.

Antonio, como dijimos, había sido detenido portando varios cuchillos, pero su abogado defensor, Vicente Gimeno Ferreras, había argumentado que su cliente no había exhibido esos cuchillos, sino que le habían sido requisados durante el registro por parte de los agentes de policía, una tesis aceptada por el juez Rojas y que cerraba la puerta a que hubiera habido tentativa alguna de agresión por parte del acusado.

Portar cuchillos en sí mismo no suponía ningún delito, y aunque Antonio realmente hubiera tenido la intención de agredir a las hermanas Izquierdo, este no había tenido siquiera oportunidad de intentarlo: había sido reducido antes de que realizara ningún gesto en ese sentido, y de ahí que no hubiera ningún motivo para condenarlo.

Con el sobreseimiento de la causa por lo sucedido en las puertas del Juzgado de Castuera, y al no reabrirse tampoco la causa por el incendio de la vivienda familiar de los Izquierdo en 1984, Antonio quedaba definitivamente liberado de cualquier posible proceso judicial en su contra.

Al mes siguiente, se determinó que el juicio por la matanza no sería por jurados.

Según el entonces decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Antonio García Galán, no había modo de que un jurado popular pudiese dictar un veredicto imparcial, debido a lo mediático del caso; hubiera resultado prácticamente imposible encontrar a un grupo de ciudadanos españoles que no hubieran oído hablar de Puerto Hurraco y que no tuvieran una opinión formada sobre el crimen y sobre los acusados.