7. Entierros #3

El hombre era Antonio Cabanillas Rivera. Había cambiado las prendas de luto del entierro de sus hijas por una camisa informal a rayas, y tal vez para pasar desapercibido —aunque no le había servido de mucho— llevaba la cara cubierta con unas grandes gafas de sol.

Antonio estaba solo, no le acompañaban ni su esposa ni su hija.

Su serenidad se antojaba sospechosa, por excesiva, lo mismo que la sonrisa de su rostro.

Resultaba fácil adivinar sus intenciones, y eso era justamente lo que habían hecho las mujeres que lo sujetaban y habían dado la voz de alarma.

Alguien gritó que acudiera la Guardia Civil, pero lo hicieron primero dos policías municipales de Castuera, que tras inmovilizarlo contra un vehículo le sustrajeron un cuchillo de grandes dimensiones, así como otras dos navajas.

Entre los dos policías y algunos guardias civiles que llegaron entonces, le colocaron las esposas de inmediato, mientras que los reporteros allí presentes gritaban cosas como: «Dígalo, Antonio, ¿por qué los traía [los cuchillos]?

». También fue conducido al interior del Juzgado, ante la perplejidad de los centenares de personas que había en la plaza.

La escena fue capturada por las cámaras y se retransmitió prácticamente en vivo en todas las cadenas de España.

***

El juez Casiano Rojas tuvo que soportar, por tanto, una jornada agotadora, en la que se vio obligado a tomar dos decisiones trascendentales.

La primera fue la de enviar a las hermanas Izquierdo al Hospital Psiquiátrico de Mérida para que fueran valoradas por especialistas.

Se desconoce qué fue lo que declararon exactamente ante el juez, pero es de suponer que responderían de manera confusa e incoherente, tal y como unas horas antes habían hecho ante los periodistas que las habían acompañado en el tren.

El mismo juez Rojas comentaría veinte años después, en una entrevista en el diario Hoy , el 2 de mayo de 2010:

Parecían siamesas en sus declaraciones. Las palabras que utilizaba una eran las mismas que la otra. Era sorprendente. Y no era algo preparado. Las dos habían asumido el mismo discurso. Yo creo que su trastorno mental era evidente.

Luciana y Ángela permanecieron en el centro psiquiátrico setenta y dos horas.

Al cabo de ese tiempo regresaron a prestar declaración ante el juez, quien entonces, con los informes psiquiátricos en la mano, tendría que decidir si las encarcelaba, si las ponía en libertad o si las devolvía al Hospital Psiquiátrico.

El mismo hospital, por cierto, en el que ya habían estado internadas en 1988 y en el que además había fallecido su hermano Jerónimo de un ataque al corazón.

En realidad, una valoración psiquiátrica negativa era la única opción real que tenía el juez de encerrar a las hermanas, ya que la acusación de inducción al crimen seguía siendo muy complicada de argumentar.

Inducir a una persona adulta a cometer un crimen significa sugestionar a esa persona hasta casi anular su voluntad, y eso, como se dijo unas páginas atrás, no era fácil de demostrar si las dos partes negaban esa circunstancia.

Me refiero a que si Emilio y Antonio no confesaban haber sido movidos a matar por ellas, y ellas tampoco confesaban eso, resultaba prácticamente inviable acusarlas de inducción al crimen.

Y si no se las podía acusar de eso, no había modo de encerrarlas si no era mediante un dictamen psiquiátrico.

En cuanto a Antonio Cabanillas Rivera, el juez Rojas lo envió a la prisión de Badajoz tras interrogarlo. La misma prisión en la que estaban presos los asesinos de sus hijas. Antonio se defendió arguyendo que los cuchillos los llevaba encima para defenderse, ya que su mujer había sufrido amenazas.

Recordemos que Carmen Rivera Cabanillas efectivamente había sido acosada por un anciano con problemas mentales un par de años antes, en 1988.

Sin embargo, la situación se había resuelto cuando la propia Carmen —aunque primero se acusó de ello a su esposo— tiroteó a su acosador y, al parecer, lo hirió levemente en la entrepierna.

El juez Rojas posiblemente era conocedor de este hecho —los Cabanillas ya habían sido interrogados, y debía de haber revisado sus antecedentes penales— y tal vez por eso no creyó a Antonio: el juez no se tragaría que este quisiera defenderse de nadie, sino que pensaría, como casi todos, que su intención era agredir a las Izquierdo cuando salieran del juzgado.

El examen psiquiátrico a las hermanas comenzó a primera hora del día siguiente, y el resultado fue claro: sufrían un cuadro de psicosis similar al que provocó su internamiento en 1988, pero aún más agudizado, con síntomas como los ruidos que escuchaban, su fijación con la figura materna o su manía persecutoria.

Estos síntomas, ya lo sabemos, habían quedado sobradamente expuestos en las conversaciones que mantuvieron con los periodistas durante su viaje en tren.

Con ese dictamen sobre la mesa, el juez pudo alargar su internamiento, lo que solventaba el problema que habría supuesto su liberación en cuanto a su propia seguridad o a posibles alteraciones del orden público.

Antonio Cabanillas Rivera, por su parte, fue acusado de un «delito contra la vida en grado de tentativa», lo que significaba que el juez veía indicios de que su intención había sido agredir a las dos mujeres.

La Fiscalía era de la misma opinión. Vicente Gimeno Ferrera, el abogado defensor de Antonio, naturalmente pedía la excarcelación de su cliente, y lo hacía con el argumento de que su defendido en ningún momento había exhibido los cuchillos, sino que se los habían extraído los agentes durante su detención.

Esto echaría por tierra la «tentativa» de la agresión: difícilmente se podía acusar de tentativa de nada a quien tan solo estaba parado en mitad de una plaza, por más que portara varias armas blancas.

Esto último podía conllevar algún tipo de sanción económica, pero en ningún caso una pena de prisión.

Y aun la sanción económica podía dispensarse si, a criterio del juez, el acusado demostraba que portaba los cuchillos por algún motivo.

Por ejemplo, que pensaba llevarlos a afilar, lo que al parecer llegó a declarar Antonio en algún interrogatorio.

El juez Rojas tardó algo más de una semana en poner en libertad a Antonio, aunque aún no se retiraron los cargos contra él.

Salió de prisión la tarde del viernes 7 de septiembre, y tal vez porque el tema de Puerto Hurraco había perdido algo de fuelle en los medios —o más probablemente porque su salida no fue anunciada con demasiada antelación—, a las puertas del centro penitenciario no se encontraban más que su abogado y un par de redactores del diario Hoy , aunque estos no pudieron sacar de él más que unas pocas frases sin apenas enjundia.

Posiblemente, Antonio guardaba silencio por consejo de su abogado, ya que en entrevistas anteriores no se había mordido la lengua al referirse a los Izquierdo o a la tragedia de su familia.

Aunque también podía ser que estuviera agotado física o mentalmente por su encierro.

Ese encierro, por cierto, no había generado demasiada controversia entre la prensa o los vecinos —no hubo artículos periodísticos ni manifestaciones pidiendo su liberación, por ejemplo—.

Antonio era el padre de las dos niñas asesinadas, pero el sentir general parecía ser que ya había corrido suficiente sangre.

Por más que en el entierro de las niñas a algunos se les calentara la boca ante los micrófonos pidiendo a gritos venganza y que colgaran a los Izquierdo, la comarca de La Serena —como haciendo honor a su nombre— era un lugar tranquilo, y a buen seguro sus habitantes lo que más deseaban era recobrar cuanto antes la paz que se les había arrebatado y que no continuara la espiral de violencia.

Unos días más tarde, en una entrevista para El Mundo del Siglo Veintiuno publicada el 24 de septiembre, el propio Antonio explicaría cómo vivió él su detención:

Yo pasaba por allí y me paré a ver el personal, pero no pensaba hacer nada a nadie.

Pero entonces, los periodistas, ustedes, me conocieron y me empezaron a echar fotos.

Y fue cuando vino un civil vestido de paisano y me tiró contra el coche y me registró.

Pero yo no podía hacer nada con tanto personal que había por delante.

Son cosas absurdas, aunque el señor juez, como máxima autoridad, pensó que estaba bien detenerme. Él sabrá por qué lo hace…

El mismo día de la liberación de Antonio, por cierto, el 7 de septiembre, moría en el hospital Infanta Cristina de Badajoz la séptima víctima de la matanza, Andrés Ojeda Gallardo, de treinta y seis años y padre del niño Guillermo Ojeda Sánchez, de seis, quien en esos momentos todavía se encontraba hospitalizado y en estado crítico; una posta le había atravesado el cráneo.

Guillermo sería trasladado al hospital Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián pocos días después de la muerte de su padre.

El niño sobreviviría, pero quedaría parapléjico para el resto de su vida.

Los demás heridos también saldrían adelante, con la excepción precisamente de la abuela materna del niño, Isabel Carrillo Dávila, de setenta años, que terminaría muriendo tres días después, el 10 de septiembre, convirtiéndose en la novena y última víctima mortal del ataque.

Isabel había recibido impactos de postas en el hígado y en un pulmón, y su fallecimiento, aunque entraba dentro de lo esperable, sorprendió a sus familiares en pleno viaje de vuelta a Badajoz desde el País Vasco, a donde se habían desplazado para el entierro de Andrés Ojeda Gallardo.

Este había recibido sepultura en un cementerio de San Sebastián, y su suegra sería enterrada también allí unos días después.