7. Entierros #2

Como ya se ha dicho, la noche del 27 al 28 de agosto únicamente se veló en la aldea a una de esas víctimas, la niña Encarna. Los otros tres cuerpos fueron trasladados la misma mañana del entierro.

Mientras iba acudiendo la gente en las primeras horas de la mañana, todavía en espera de la llegada de esos tres cuerpos, los reporteros se afanaban en conseguir imágenes y declaraciones de los vecinos y familiares.

No hubo consideración siquiera con la única hermana superviviente, Mari Carmen, todavía menor de edad.

Ante las cámaras de Televisión Española, entre sollozos, sujetada por otra muchacha, relataba lo siguiente:

Estaba en la casa de una prima mía, y oí los disparos, y yo pensaba que no sabía qué era, y bajé corriendo, y pensaba que eran dos coches que las habían atropellado, y le pregunté al alcalde, a Braulio, y me dijo que eran mis dos hermanas.

Estaban las dos allí, una me dijo «Mari, Mari», se quedó allí.

Y otra tenía todo el corazón para afuera, todo el hueso.

En otra escena que merecería un lugar de honor en los anales de la infamia periodística española, la misma Mari Carmen, con un micrófono de Canal Sur prácticamente pegado a la boca, a lágrima viva y balbuciente, abrazada por una familiar, decía:

Son unos asesinos. Han asesinado a mis hermanas y se me han muerto en las manos. En las manos, las dos. Las he visto a las dos tiradas en la calle, sin poder hacer nada.

Mari Carmen, con dieciséis años, insisto, era menor de edad en aquel momento.

Una menor que había visto a sus hermanas agonizar en el suelo, junto a otras víctimas también acribilladas a tiros.

Hasta para los estándares laxos de entonces, se antojaba una crueldad innecesaria filmar a una cría de dieciséis años rota por el dolor.

Pero nadie pareció juzgarlo así, y las declaraciones de Mari Carmen, al igual que las de otros familiares cercanos de las víctimas, se recogieron y se difundieron sin ningún tipo de filtro en televisiones, radios y periódicos de todo el país.

El cortejo fúnebre se inició al poco de que llegaran los tres cuerpos restantes, cerca ya de las dos de la tarde.

Los coches con los ataúdes —un coche para las hermanas Cabanillas Rivera, otro para Manuel Cabanillas Carrillo y Reinaldo Benítez Romero— descendieron lentamente por la calle Carrera desde la parte alta de la aldea, donde se situaba la vivienda de los Cabanillas, hasta el cementerio, seguidos de centenares de vecinos.

Las coronas de flores se contaban por docenas: además de las de los familiares y amigos, también había otras enviadas por organismos públicos, así como las de varias empresas de la comarca.

Tras pasar por el punto exacto donde había tenido lugar el primer ataque —la curva de la calle Carrera, frente al Centro Social, donde aún eran visibles los restos de sangre, y donde la joven Mari Carmen Cabanillas Rivera profirió unos lamentos desgarradores llamando a sus hermanas—, el cortejo alcanzó finalmente la entrada del pueblo, donde aguardaban la mayoría de las personas, cerca de un millar, que deseaban presenciar el entierro.

Muchas provenían de los pueblos colindantes, en los cuales incluso se habían cerrado algunos comercios.

Pocos querían perdérselo: tanto por el número de asistentes como por el despliegue de personalidades, de guardias civiles y de medios de comunicación, a nadie se le escapaba que aquello iba mucho más allá de un simple entierro.

Aquello estaba llamado a convertirse en parte de la historia de España.

No se trataba de un funeral de Estado, pero no iba a ser muy distinto.

Una vez en el cementerio, fue el obispo de Badajoz quien ofició la ceremonia.

Con la excepción de algunas mujeres, eran pocos los que vestían de luto: a causa del calor —lucía un sol radiante, pese a que a primera hora el cielo había estado cubierto—, predominaban las prendas de tonos claros, y en los hombres, las camisas blancas de manga corta.

Las máximas autoridades allí presentes eran el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Antonio Ventura Díaz, y el delegado del Gobierno, Juan Ramírez Piqueras.

El presidente de la región, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se había limitado a enviar un telegrama de condolencia al Ayuntamiento.

Después de la misa, que apenas duró veinte minutos, tuvo lugar el desfile de vecinos ante los dolientes para presentar el pésame, el cual se alargó casi una hora.

Con el enterramiento de los ataúdes, se dio fin al acto.

Ni que decir tiene, los gritos de rabia y de dolor —«¡Asesinos!

¡Criminales!»— se habían sucedido durante toda la ceremonia.

El entierro concluyó hacia las cinco de la tarde, a la misma hora aproximada en que Emilio Izquierdo abandonaba las Urgencias del hospital Infanta Cristina de Badajoz, donde había sido atendido por la lesión en el brazo sufrida durante su arresto: una fractura en el cuello del húmero, nada grave.

Algunos periódicos rumorearon que la lesión se la habían causado otros presos con los que había compartido encierro, pero no fue así.

También a esa misma hora, Luciana y Ángela Izquierdo acudían por segunda vez a La Moncloa.

Y pese a que buena parte de los improperios y las amenazas de los vecinos había estado dirigida a ellas dos, y pese a que el misterio de su paradero y la posibilidad de que ellas también pudieran protagonizar algún tipo de acción violenta habían sobrevolado toda la ceremonia, el juez Casiano Rojas todavía tardaría veinticuatro horas más en llamarlas a declarar.

Las hermanas no aparecerían por el Juzgado de Castuera hasta dos días después de aquel cuádruple entierro, la mañana del jueves 30 de agosto, tras su delirante viaje en tren desde Madrid de la noche anterior.

***

La mañana del 30 de agosto, la mayoría de los diarios nacionales anunciaban ya que las hermanas Izquierdo habían sido localizadas en Madrid e iban de camino a Extremadura, así como que habían visitado La Moncloa en varias ocasiones.

A su llegada a Badajoz, ya lo dijimos, fueron recibidas por numerosos reporteros, aunque otros muchos las habían acompañado en el interior del tren, sobre todo en el último tramo del viaje.

La Policía y la Guardia Civil se encargaron de trasladarlas a Castuera, a donde llegaron cerca del mediodía.

De nuevo, la expectación era máxima. Para la prensa y para el público, Luciana y Ángela eran más fascinantes incluso que sus hermanos.

Emilio y Antonio eran dos cafres, dos energúmenos, y a la postre, por esto mismo, carecían de interés.

Ellos habían sido los ejecutores, pero para muchos no tenían mayor conciencia ni voluntad que las escopetas que habían usado para la matanza.

Las hermanas eran otra cosa. A nadie le cabía ninguna duda de que habían sido ellas quienes habían ideado el ataque y quienes habían movido a los dos hombres a cometerlo.

Y de las dos, era Luciana, la mayor, de la que se decía que estaba al mando.

Se las introdujo a toda prisa en el Juzgado a través de un cordón policial, sin dar apenas oportunidad a los curiosos de observarlas o dedicarles algún grito, ni a los reporteros de lanzarles fotografías.

Y aunque a nadie se le escapaba que la declaración de ambas ante el juez se alargaría por espacio de varias horas, fueron pocos los que se movieron del sitio.

Las hermanas Izquierdo habían sido las dos personas más buscadas de España durante los últimos cuatro días: bien valía la espera con tal de volver a verlas a su salida del Juzgado, siquiera por un instante.

Además, existía incluso la posibilidad —no tan remota como se pudiera pensar— de que fueran puestas en libertad, toda vez que habían acudido al juzgado —recordemos— como simples testigos, no como sospechosas ni mucho menos en calidad de detenidas.

Quién sabía qué podía ocurrir en ese caso, qué dirían entonces, a dónde se dirigirían, cómo continuarían con sus vidas si quedaban libres.

De hecho, en la localidad de Monterrubio de la Serena, donde tenían su residencia —la misma vivienda que dos días atrás habían allanado los dos periodistas de Interviú —, se estaba produciendo en ese momento una concentración ante el Ayuntamiento, con varias docenas de vecinos pidiendo que se impidiera su regreso.

Poco después que las hermanas, llegaba también al Juzgado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jorge Sena Argüelles, quien —como el juez Casiano Rojas— llevaba apenas un año en el cargo, aunque a sus cincuenta y tantos tenía ya una larga carrera en la judicatura.

Según anunció, la Fiscalía se ocuparía de ejercer la acusación en el juicio.

Hacia las dos de la tarde, había congregadas en la Plaza de España de Castuera alrededor de quinientas personas.

En lugar de vaciarse, el lugar había ido llenándose según se fue corriendo la voz de que las hermanas estaban dentro del Juzgado y de que podían salir en cualquier momento, incluso de que podían quedar en libertad.

A esa hora aproximadamente, comenzó a sentirse una conmoción en la muchedumbre; las cámaras y los micrófonos de la prensa viraron hacia el grupo de personas de donde provenía el barullo.

Varias mujeres intentaban sacar de la plaza a un hombre, y, aunque lo tenían agarrado y tiraban de él, no parecía que quisieran hacerle ningún daño: más bien parecían querer convencerlo de que se fuera por su propio pie.

Pero él permanecía en su sitio, sereno, pidiendo a gritos, incluso entre risas, que lo dejaran tranquilo, que tenía derecho a estar allí, lo mismo que cualquier otro ciudadano, para ver las caras de las dos hermanas.