4. Ruidos #3

Los hermanos Izquierdo, Antonio y Emilio, pasaron la noche anterior a la matanza en su vivienda de Monterrubio de la Serena, donde, en los días y semanas anteriores, habían acumulado varios cientos de cartuchos de postas de la marca Legia.

Al parecer, en el momento del crimen portaban doscientos dos cartuchos exactamente: se especuló con que podía tratarse del mismo número de habitantes que había en la aldea —es decir, que tuvieran reservado un cartucho para cada vecino— pero no parece una hipótesis verosímil.

En cualquier caso, la compra de esos cartuchos posiblemente no levantó sospechas porque justo a finales de agosto es cuando suele abrirse la veda para la caza de aves, y si bien la cantidad de munición amasada por los hermanos era desproporcionada, hubieran podido argüir que era para toda la temporada de caza.

En todo caso, no parece que nadie les pidiera explicaciones.

Las postas son proyectiles esféricos que se guardan en el interior de un cartucho de escopeta y dependiendo de su tamaño pueden estar destinadas a la caza de pequeñas aves, como perdices o tórtolas, o a la caza mayor, como jabalíes o ciervos.

Los Izquierdo utilizaron en la matanza postas gruesas —cartuchos con proyectiles de nueve gramos—, no perdigones para aves.

Algunos cartuchos incluso los cargaron manualmente con balines de escopetas de aire comprimido, los cuales, en lugar de forma esférica, están rematados en punta, probablemente para causar más daño.

Las escopetas que usaron habían sido adquiridas de forma legal tiempo atrás: una repetidora de la marca Franchi y una automática de marca Pioneer, ambas de calibre 12, aunque según muchos medios las dos eran repetidoras Franchi.

No hay consenso al respecto —y tanto da, en realidad—.

También tenían al menos otra escopeta más en propiedad.

Ya apunté unas páginas atrás a la que a mí me parece que es otra de las claves del caso: la imprudencia —por usar un término suave— que supuso permitir que los Izquierdo poseyeran armas legalmente y pudieran proveerse de tanta munición como desearan.

Al menos uno de los dos hermanos, Antonio, había protagonizado previamente, en 1985, un enfrentamiento verbal con una «autoridad judicial»; sus dos hermanas habían estado ingresadas en un psiquiátrico; y en la casa que compartían con ellas hacía tiempo que habían cortado la luz y el agua.

Eso por no volver a relatar todo el itinerario anterior —las fechorías de Jerónimo, el incendio en la vivienda familiar, etcétera—.

¿Qué tipo de control había establecido en aquellos años para que nada de esto activara las alarmas en ninguna administración?

Según el Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Armas —la norma vigente en 1990—, para obtener la licencia era necesario consultar los antecedentes penales del interesado, y dicha licencia tendría luego una validez de cinco años.

Cabe imaginarse que los hermanos habrían renovado las suyas varias veces sin ninguna complicación, y que por tanto nadie revisó su situación en los años inmediatamente anteriores a 1990.

En el momento correspondiente, habrían demostrado ante el examinador que sus «condiciones psicofísicas» —en la terminología legal de la época— eran aptas para la obtención de la licencia.

Esas condiciones no serían muy difíciles de alcanzar, habida cuenta de que en la España de entonces la caza era una afición mayoritaria entre la población de zonas rurales.

La ley era muy laxa, y prácticamente cualquier persona podía superar el examen psicotécnico, hacerse con una licencia y adquirir un arma de manera legal.

El Real Decreto establecía que no podrían adquirir una licencia «aquellas personas, tales como los enfermos mentales, toxicómanos o peligrosos sociales, respecto a los cuales su posesión y uso representen un riesgo para ellos mismos o para los demás».

Pero claro, los dos hermanos, Antonio y Emilio, no eran «enfermos mentales» —las enfermas eran sus hermanas, a ojos de la ley—, ni tampoco «peligrosos sociales» —el asesino reincidente había sido Jerónimo—: ellos dos estaban limpios, salvo por el enfrentamiento de Antonio con la «autoridad judicial» en 1985, que con toda probabilidad no habría ido más allá de algunos insultos.

En términos estrictamente legales, por tanto, Antonio y Emilio Izquierdo no representaban ningún peligro.

La situación cambiaba, sin embargo, cuando se ampliaba el foco y se analizaba su situación al completo, atendiendo a cómo y con quién vivían, y a los incidentes protagonizados por la familia.

Pero no era algo que fuera a salir a la luz en ningún examen psicotécnico realizado en pocos minutos en cualquier clínica privada.

Esto significaba que la decisión de revocarles las licencias y confiscarles las armas no podía ejecutarse como un trámite administrativo: le hubiera correspondido ordenarlo a un juez, el cual debería haber sido alertado a su vez por la Guardia Civil, por los Servicios Sociales o por cualquier otra institución o persona particular.

Pero nadie lo hizo. Nadie alertó de nada. Y los hermanos pudieron velar sus armas —metafórica y literalmente— la noche del 25 al 26 de agosto de 1990.

***

La narración más completa de cómo vivieron los Izquierdo la tarde de ese domingo la hizo Juan Madrid en su libro Malos tiempos de 1995, en el que se recogían y refundían un par de textos suyos publicados en años anteriores en la prensa.

El primero, titulado «La venganza es un pájaro carroñero», se publicó en Diario 16 el 10 de septiembre de 1990, solo dos semanas después del crimen, lo que da cuenta de la precipitación con que se redactó.

Esta narración de Juan Madrid es una novelización deslavazada de carácter estrictamente literario, que no puede tomarse como verdadera al no citarse ninguna fuente de información y que se recrea descaradamente en todos los aspectos morbosos en torno a la tragedia y a los Izquierdo.

La de Juan Madrid es una obra de ficción, sin más, aunque durante años haya sido considerada por algunos periodistas y escritores como una descripción real de las horas que antecedieron al crimen.

Según el escritor, los Izquierdo pasaron esa tarde de domingo por un bar llamado Casa Soriano, en Monterrubio de la Serena, donde jugaron unas partidas de cartas y bebieron piñas coladas, y adonde acudieron además ataviados ya con sus cananas de cartuchos, siendo precisamente entonces, al ser cuestionados por la dueña sobre su atuendo, cuando respondieron con su célebre frase: «Vamos a cazar tórtolas».

No es imposible que dijeran esa frase a algún vecino de Monterrubio horas antes de la matanza: la referencia a las tórtolas aparece muy pronto en la prensa —ya el 30 de agosto se recoge en el diario Hoy —, aunque en ningún medio se indica cómo o cuándo lo dijeron exactamente.

Salvo, claro está, en el texto de Juan Madrid, que también es el único que menciona el bar Casa Soriano y otros tantos detalles intrascendentes y seguramente inventados.

El bar Soriano ya no existe en Monterrubio de la Serena, pero aunque hubiera existido, y aunque los hermanos pasaran por allí, no por eso la crónica de Juan Madrid tendría más veracidad.

El autor difumina los límites entre realidad y ficción, pero en el peor de los sentidos, porque abusa de la confianza del lector, que puede pensar que, por tratarse de un supuesto experto en el caso —ya que acudió al lugar del crimen tras la matanza, enviado por Diario 16 —, este no va a errar o a mentirle.

Y lo hace continuamente. Esto resulta no solo poco ético a nivel periodístico, sino incluso a nivel humano, ya que, recordemos, el libro se publicó en 1995, pero el relato de Juan Madrid se distribuyó parcialmente en prensa solo dos semanas tras la matanza, cuando aún no había tenido lugar el juicio y cuando no estaban establecidos ni el grado de culpabilidad de los hermanos y hermanas Izquierdo ni tampoco su capacitación mental.