4. Ruidos

RUIDOS

Que Emilio y Antonio se afiliaran al PSOE justo cuando su hermano se encontraba en vías de ser juzgado por el apuñalamiento de su histórico rival indica que algo se estaba moviendo bajo la superficie.

No hay constancia de que los Izquierdo hubieran mostrado nunca antes ningún interés en la política, y desde luego no parece casual que, en pleno proceso contra Jerónimo, estos se convirtieran al socialismo.

El juicio nunca llegó a celebrarse, debido a su inesperada muerte, pero con toda probabilidad lo que buscaban sus hermanos afiliándose al PSOE era conseguir algún tipo de trato de favor para él.

No hay ninguna duda de lo anterior si consideramos donde se dirigieron las hermanas Izquierdo la misma mañana en que sus hermanos eran detenidos por la matanza, pero eso se verá más adelante.

Durante los meses siguientes, los Izquierdo comenzaron a deshacerse de todas las fincas y el ganado que poseían —según la sentencia del juicio, emitida años después, llegaron a manejar rebaños de «hasta mil cabezas»—, con lo que acumularon una fortuna líquida de varios millones de pesetas —también en la sentencia se habló de unos diez millones; otras fuentes hablan de hasta quince ingresados en una entidad de Castuera—.

Era una cantidad alta, por supuesto, pero no tanto si se tenía en cuenta que se trataba del conjunto del patrimonio familiar, a dividir entre los cuatro hermanos en el porcentaje que correspondiera.

Y tampoco si se tenía en cuenta que, una vez vendidas esas fincas y ese ganado, los hermanos no disponían de otra fuente de ingresos fija: jamás habían tenido otro empleo que las actividades derivadas de sus tierras, y todo lo más podían aspirar a algún que otro subsidio por desempleo de trabajadores eventuales del sector agrícola.

Al amasar ese dinero de manera tan precipitada, podría pensarse que su intención era abandonar el campo, y quizá hasta Extremadura, para invertir en algún otro negocio.

Reinventarse, como si dijéramos. Hubiera resultado lógico: casi todos sus vecinos, tanto en Puerto Hurraco como en Monterrubio o en Castuera, debían de estar al tanto de su situación —el incendio en su casa familiar, el encarcelamiento y muerte de su hermano Jerónimo, etcétera—, y posiblemente no fueran bien mirados en ninguna parte.

Sin embargo, ese dinero no tenía otro destino que almacenarse en las cuentas corrientes y ser racionado hasta el extremo.

Los hermanos iban a continuar viviendo modestamente —rayando incluso en la miseria— en su vivienda de Monterrubio, sin otra ocupación que las propias de cualquier rentista o jubilado de pueblo: salir de caza, a la compra o a tomar un café, salvo por el hecho de que ellos no eran rentistas ni jubilados —la mayor, Luciana, ni siquiera había cumplido los sesenta años— y porque lo que estaban haciendo realmente no era sino descender conjuntamente a la locura.

Esta tal vez no sea la manera más afortunada de decirlo, ni la más apropiada desde el punto de vista psiquiátrico, pero desde luego es la más gráfica: los cuatro hermanos Izquierdo —Luciana, Emilio, Antonio y Ángela— vivían ya con una única obsesión, una única meta existencial, lo que en psiquiatría se conoce como una «idea sobrevalorada», que era la de hacer justicia por el asesinato de su madre.

O sea, castigar a la persona a la que consideraban autora del incendio de su casa familiar, y por añadidura, del aprisionamiento y la muerte de su hermano Jerónimo.

Esta persona, por supuesto, era Antonio Cabanillas Rivera.

***

El que cuatro de los hermanos Izquierdo que aún vivían —la excepción era la pequeña, Emilia, que, como dijimos, se había casado y llevaba una vida ajena al resto— estuvieran preparando desde 1986 algún tipo de venganza contra Antonio Cabanillas Rivera es una evidencia no solo por cómo se llevó a cabo la propia matanza en agosto de 1990, sino por el modo de vida que adoptaron en ese tiempo.

Los hermanos continuaron residiendo durante ese periodo anterior a la matanza en su vivienda de Monterrubio de la Serena —en el número 26 de la calle Constitución—, pero no se puede decir que lo hicieran de un modo discreto: ya dije que habían vendido todas sus tierras y su ganado —o la mayor parte del mismo— y que, pese al dinero que guardaban en el banco, vivían en unas condiciones próximas a la miseria, sin lujos ni viajes.

Pero la realidad era todavía peor: en un determinado momento, cortaron la luz de esa casa y se las arreglaron con velas y candiles.

También, al parecer, cortaron el agua corriente.

¿La razón? Unos extraños ruidos que les impedían descansar y que provenían de todas partes: de las paredes, del techo, del mobiliario.

Un par de años después de la matanza, un electricista de Monterrubio llegó a declarar ante los periodistas —en el diario Hoy , 22 de febrero de 1992— que le pidieron que les cortara la luz porque «se les metía por los cables gente que quería hacerles daño».

Pero no fueron esos ruidos ni esa gente diminuta los que propiciaron que Luciana y Ángela fueran ingresadas en el psiquiátrico de Mérida —el mismo en el que había muerto su hermano, por cierto— allá por enero de 1988, sino un altercado concreto con la Guardia Civil en una terraza de un bar de Monterrubio.

Las hermanas al parecer se levantaron las faldas ante varios clientes y les lanzaron insultos hasta la llegada de los guardias, a quienes recibieron del mismo modo.

El juez de instrucción de Castuera las envió al psiquiátrico, donde permanecerían algo menos de un mes, hasta mediados de febrero.

Hablaba unas páginas atrás de las condiciones mentales de los Izquierdo: estas serían tratadas largamente en el juicio por la matanza. Pero voy a detenerme un instante en el tema, porque creo sinceramente que este es el punto donde se encuentra la clave de todo.

El escritor Alejandro Gándara lo resumió así en su crónica del 2 de septiembre de 1990 para El País : «[Los Izquierdo] expresaban en público la locura que luego terminó en la matanza, mientras el mundo miraba hacia otro lado».

Esta crónica, ya lo dije, adolecía de literaria y poco fiable, pero esa frase en concreto me parece muy acertada para describir la situación.

El mundo entero miraba hacia otro lado mientras los cuatro hermanos iban cayendo al abismo.

La tragedia no solo estaba «anunciada», como se decía en el capítulo anterior, sino que se gestaba a la vista de todos.

Tres hermanos de una misma familia con patologías mentales diagnosticadas, hasta el punto de haber sido derivados al psiquiátrico —Jerónimo, Luciana y Ángela—; encontronazos con la autoridad y los vecinos; y una vivienda compartida desprovista de electricidad y agua corriente, en la que hasta disparaban armas —al registrar posteriormente la casa, se encontrarían casi un centenar de impactos de postas en las paredes disimulados con algodón y papel—.

Todo ello acompañado por un historial de violencia entre esa familia y otra del mismo pueblo, con asesinatos, apuñalamientos e incendios de por medio.

La pregunta que cabe hacerse, y ahora sí que no hay respuesta razonable, es: ¿por qué nadie hizo nada?

Unas páginas atrás yo mismo decía que quizá nadie podía suponer la magnitud de lo que vendría, por supuesto que no, pero eso no parece una excusa para no atender a unas personas que evidentemente necesitaban algún tipo de asistencia médica o social.

Que no se tuviera conciencia del daño que los hermanos Izquierdo podían causar no era excusa para que, no ya solo la Justicia, sino los servicios sociales hubieran tomado cartas en el asunto.

Hablamos de finales de la década de 1980, no del siglo XIX .

Alguien debía haber dado la voz de alarma desde cualquier administración municipal, autonómica o estatal, y haber actuado.

Jerónimo había muerto, pero Luciana y Ángela habían pasado por un centro psiquiátrico.

¿Por qué, por ejemplo, no se les realizó un seguimiento formal, con consultas en el ambulatorio o en el hospital, o visitas de sanitarios a la vivienda?

Y más aún, ¿por qué se permitió que en esa casa donde residían personas con antecedentes de violencia —Antonio— o patologías mentales —Luciana y Ángela, y anteriormente Jerónimo— hubiera armas de fuego?

Incluso se especuló con que los hermanos Izquierdo, un año antes de la matanza, en 1989, se habían inscrito en el club de caza La Alegría de Monterrubio de la Serena, ya que eran «malos cazadores» y buscaban mejorar su puntería.

El sistema no estuvo a la altura cuando no pudo esclarecer el incendio en el hogar familiar y castigar al causante, ni cuando desamparó o no vigiló debidamente a personas con antecedentes psiquiátricos y conductas antisociales.

¿Acaso no estaba bastante claro que los Izquierdo eran una bomba de relojería?

¿Qué más señales hubieran hecho falta? Nadie podía imaginarse que provocarían una matanza como la que provocaron, eso era cierto, pero desde mucho antes habían dado muestras de ser un riesgo para la sociedad —o para ellos mismos—.

Ignoro qué se podría haber hecho exactamente, pero algo se debería haber hecho.

Es posible que la matanza se hubiera producido de todos modos, quién sabe, pero la cuestión es que desde las administraciones no se movió un dedo cuando quizá se estaba a tiempo de evitarla.

***

El del 26 de agosto de 1990 no fue el primer tiroteo ocurrido en Puerto Hurraco.

Dos años antes, el 29 de junio de 1988, Antonio Cabanillas Rivera —la persona a la que los Izquierdo consideraban causante de todos sus males— fue detenido por disparar con una escopeta de perdigones a un hombre llamado Antonio Sánchez Balsera, de sesenta y ocho años y con antecedentes psiquiátricos, que resultó herido leve, al parecer en la entrepierna.