ANDRÉS MENDOZA. EL CANÍBAL DE ATIZAPÁN #3

Una vez que los forenses rescataron todos los indicios de restos humanos del interior de la casa de Andrés Mendoza, el jefe de bomberos Jonathan González y sus compañeros recibieron la orden de sacar los muebles y la basura para realizar una excavación, ya que, según el asesino, había enterrado a varias víctimas en el patio y bajo el piso de la cocina.

Para aquel entonces, la noticia de que un feminicida serial había sido detenido en Atizapán se difundió por todos los medios de comunicación.

Los periódicos mostraban la imagen del supuesto criminal, un hombre mayor, desaliñado y con los ojos censurados, identificado solo como Andrés «N».

En un principio se le señaló como un caníbal responsable de unas veinte o treinta muertes, pero a medida que la historia despertó el interés tanto nacional como internacional, los noticieros comenzaron a profundizar en la información disponible y en los avances de la investigación.

Más de seiscientos fragmentos óseos fueron hallados en la casa de Mendoza durante el primer día de excavaciones.

Algunos huesos se encontraban enterrados a casi un metro y medio de profundidad.

Otros estaban a simple vista, dentro de las macetas del patio e incluso en las jardineras que daban a la calle.

Las labores de bomberos y los equipos forenses se prolongaron por varios días y no solo se cavó en el patio y en la cocina, sino en toda la casa, incluyendo el sótano.

Pronto se confirmó que había restos humanos escondidos incluso dentro de las paredes de la vivienda.

Resultaba que el asesino había sido albañil y él mismo había construido la casa y las piezas que rentaba.

Al finalizar la exhaustiva búsqueda, se contabilizaron más de cuatro mil trescientos restos óseos en la propiedad de Mendoza.

Se trataba de uno de los casos de asesinatos en serie más espantosos de la historia de México y, aunque parezca mentira, todo lo que se había filtrado a la prensa hasta ese momento era solo la punta del iceberg de una historia todavía más horrenda.

Si bien Mendoza aseguró que llevaba más de tres décadas asesinando en promedio dos mujeres a la semana, tras ser arrestado y recibir la asesoría de su abogado dejó de colaborar con las autoridades.

En un principio, los investigadores consideraron que la cifra era exagerada, pero a la vista de todas las evidencias comenzaron a dudar.

Que Mendoza hubiera hecho desaparecer a casi tres mil mujeres sin que nadie realizara una sola denuncia era absurdo, pero quizá sí era responsable de cientos de asesinatos.

Los exámenes de ADN demostraron que más del noventa por ciento de los restos óseos enterrados en el sótano correspondían a cuerpos femeninos.

Los demás pertenecían a un par de niños, que posiblemente acompañaban a sus madres cuando fueron víctimas del asesino.

Las autoridades ya sospechaban que podía haber menores de edad entre los cadáveres, pues en el lugar también se habían hallado zapatillas pequeñas, una bicicleta, un triciclo y varios juguetes.

Además, se encontraron huesos de un hombre adulto en lo más profundo de la excavación.

Los investigadores supusieron que podía tratarse de un sujeto que ayudó a Mendoza a construir el subterráneo a principios de los años noventa y que, una vez terminado el trabajo, fue asesinado para que nadie supiera de su existencia.

Los detectives también hallaron las credenciales electorales de Rubicela Gallegos Castillo, de treinta y dos años, desaparecida en 2019, y Flor Ninive Vizcaíno Mejía, desaparecida en 2016.

Mendoza reconoció haberlas asesinado y enterrado en la propiedad, sumando así otros dos crímenes por los que podía ser procesado.

Cuando el caso salió a la luz, el abogado y periodista Javier Tejado publicó una columna en El Universal y posteriormente decidió realizar una investigación mucho más acabada, con la idea de realizar un documental y así visibilizar el problema del feminicidio en México, además de buscar justicia para las víctimas.

Tejado no solo contó con el apoyo de un equipo multidisciplinario que lo ayudó en la tarea de forma desinteresada, sino que consiguió que la producción fuera financiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, Dilcya García Espinoza, la fiscal principal del caso y responsable de investigar los delitos de violencia de género en el Estado de México, fue recomendada por el presidente de la Corte para entregar información confidencial de la investigación y se puso inmediatamente a disposición del equipo liderado por Tejado, aunque con dos condiciones: la primera, que no entrevistara a los familiares de las víctimas, pues estaban traumatizados por la experiencia y aquello podía alterarlos; la segunda, que se le diera la oportunidad de revisar el guion del documental para verificar que no se revictimizaba a nadie.

García le aseguró a Tejado que los investigadores habían descubierto que Reyna González mantenía una relación amorosa con el acusado, Andrés Mendoza.

Por lo visto, la mujer era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, el comandante Bruno Portillo, y había encontrado consuelo en el hombre que poco después la mataría.

En el Estado de México, uno de los supuestos para que un asesinato sea considerado como feminicidio es que haya existido entre el asesino y la víctima una relación sentimental.

Este dato, según la fiscal, resultaba esencial para la investigación, pues permitía a la justicia acusar a Mendoza por el cargo de feminicidio en el caso de Reyna y, por ende, condenarlo a una pena mucho más dura.

Finalmente, y con el apoyo de distintas entidades, Tejado pudo dar inicio al rodaje del documental.

La idea era entrevistar a todos los involucrados en el caso para obtener testimonios de primera mano.

La fiscal Dilcya García entregó datos relevantes en una entrevista, destacando que la investigación estaba en manos del equipo de la Fiscalía General de Justicia, donde todos sus integrantes estaban comprometidos tanto con su labor como con la memoria de las víctimas y sus familiares.

Si bien confirmó que los asesinatos cometidos por Mendoza databan de principios de 1990 y que el total podía ser sumamente elevado, no entró en detalles acerca de los aspectos más grotescos, como los actos de canibalismo.

Se decidió, entonces, seguir por los casi treinta bomberos y policías que acudieron al número 22 de la calle Margaritas aquella noche.

Sin embargo, ninguno habló demasiado. Respondían las preguntas de forma afirmativa o negativa y no ahondaban en detalles, lo que resultó frustrante para la producción, pero también sospechoso.

Los funcionarios aseguraron, detrás de cámaras, que habían recibido órdenes por parte de la fiscalía de justicia de Atizapán y de las más altas esferas del gobierno del Estado de México de no entregar ningún detalle del caso para el documental o serían procesados judicialmente por poner en riesgo la investigación.

Una de las personas que había hecho la amenaza era la misma fiscal Dilcya García.

Javier Tejado y su equipo ignoraban qué se estaba tratando de ocultar, pero acudieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi, y al fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, quienes se comprometieron a otorgar todo tipo de garantías a los bomberos y oficiales que accedieran a ser entrevistados.

Solo así estos pudieron dar una versión íntegra de los hechos para el documental Caníbal, indignación total .

El capitán de bomberos Jonathan González entregó datos estremecedores. No solo describió con detalle la escena del crimen y la lúgubre casa de Mendoza, sino que aseguró que durante las excavaciones él y sus compañeros podían encontrar entre quinientos y seiscientos restos óseos al día.

Pero algo que no se había hecho público hasta ese momento, y que tanto Tejado como su equipo ignoraban, era la existencia de varias cintas de video grabadas por el mismo asesino.

González explicó que en el sótano había una tarima de madera sobre la que Mendoza instalaba una cámara para registrar todo lo que hacía con los cadáveres.

Según los documentos oficiales, se encontraron veintiocho casetes de ocho milímetros de la marca Sony y otros veinticinco en formato VHS, todos con fotos de mujeres desnudas en sus portadas y distintos rótulos.

Algunos parecían no tener relación con los crímenes, como «Muy interesante, el enigma de las pirámides», «En busca de la eternidad» o «La nave de los dioses».

Otros eran mucho más explícitos, como «Dos descuartizadas, señora Katia, el día 16 de octubre de 2016, a las dos y media de la tarde» o «Martha Andrade se fue el día 19 a las nueve de la mañana, 2 de diciembre de 2017, su peso noventa kilos», entre muchos otros.

En todos estos videos aparecían imágenes de Mendoza masturbándose, abusando sexualmente, destazando, descuartizando e incluso canibalizando los cadáveres de las mismas mujeres que aparecían en las portadas.

Quedaba en evidencia, entonces, que no solo se trataba de un caníbal, sino también de un necrófilo.

Al mismo tiempo, los equipos de policía y bomberos involucrados en el caso confirmaron un detalle aún más macabro: en la vivienda había un gran letrero con el que Mendoza anunciaba la venta de carne y chicharrones, la cual, según las autoridades, no era otra que la de sus propias víctimas.

Por lo visto, no solo vendía la carne humana a sus vecinos, sino que también les regalaba colaciones preparadas con chile en platos plásticos o bolsas de un kilo, limpias de grasa y listas para ser cocinadas.

El hombre aseguraba que era carne de jabalí y que la conseguía a buen precio en San Sebastián Río Dulce, su pueblo natal.