JUAN FERNANDO HERMOSA. EL NIÑO DEL TERROR

JUAN FERNANDO HERMOSA

EL NIÑO DEL TERROR

Ecuador

Al día siguiente, tres taxistas fueron asesinados a tiros en incidentes separados.

Las víctimas serían identificadas como Moisés Freire, Roberto Moya y Gurmecindo Ortiz.

Sus cadáveres aparecieron a las afueras de la capital y, al igual que en los casos anteriores, sus taxis habían desaparecido.

Todos fueron ejecutados de tiros en el pecho y la cabeza.

Aunque por aquel entonces el robo de autos era una práctica relativamente común en Ecuador, no estaban vinculados a asesinatos a sangre fría, por lo que la policía no tardó en comprender que se enfrentaba a una situación excepcional.

Entre los agentes corría el rumor de que podía tratarse de delincuentes comunes especializados en robo de coches, un grupo de sicarios e incluso de una rivalidad entre cooperativas de taxis, pero no se contaba con ninguna prueba para sustentar estas hipótesis.

El 16 de diciembre, el cadáver del taxista Wilfrido Tello fue encontrado en el sector rural de Pintag. La víctima había sido ejecutada de un tiro en la cabeza. Su taxi fue robado.

La prensa local se hizo eco de la noticia y existía temor en la ciudadanía, sobre todo entre los transportistas.

No solo se había registrado el asesinato de taxistas, sino también el de un par de camioneros que habían sido abordados y ejecutados de forma similar.

Al mismo tiempo, otros medios de comunicación alertaban de que alguien estaba asesinando homosexuales en la capital, pues tres cadáveres habían sido encontrados en los alrededores durante las últimas semanas.

Aunque las autoridades estaban al tanto de todos estos crímenes, decidieron darle prioridad al caso de los taxistas.

Y a pesar de que tanto la Brigada de Homicidios como el Cuerpo de Policía intentaron colaborar, no consiguieron avanzar demasiado.

De hecho, todos los peritajes de los crímenes se realizaron de forma precaria y no se contaba con antecedentes que ayudaran a esclarecer el caso.

Según el periodista Héctor Cedeño, los conductores de la línea de taxi San Remo parecían ser los más afectados por la situación.

Decidieron trabajar solo hasta las seis de la tarde, en vista de que parecían ser el blanco predilecto del asesino.

Algunos incluso viajaban junto a sus esposas como copiloto, con la esperanza de que el criminal se apiadara de ellos si llegaba a abordar sus vehículos.

El sábado 3 de enero de 1992, en el sector de Carcelén, sería encontrado un nuevo cadáver.

Se trataba del taxista Marcelo Sánchez, ejecutado con varios tiros en el pecho y la cabeza.

Era la octava víctima y, en vista de que la policía parecía ser incapaz de resolver el caso, tanto la presión de los medios de comunicación como de la ciudadanía comenzó a ser evidente.

Exigían la captura inmediata del «matataxistas».

Se realizó una reunión urgente entre las altas esferas políticas del país y se decidió llamar al mayor Fausto Terán, oficial jefe de la Brigada de Delitos Contra la Propiedad.

Terán era un agente experimentado en casos de asesinato en serie e incluso había realizado un par de cursos en el FBI y en Scotland Yard.

Era consciente de que resolver este tipo de crímenes era una tarea difícil, por lo que decidió formar un grupo integrado por varios investigadores al que bautizó como Centro de Operaciones de Inteligencia (COI).

El COI tenía como único objetivo capturar al asesino de taxistas vivo o muerto.

Sin embargo, Terán no tardó en darse cuenta de que contaban con muy poca información, y los registros policiales y forenses estaban pobremente documentados.

Pese a que todas las víctimas habían sido asesinadas con una pistola 9 milímetros, la Brigada de Homicidios contaba con apenas cinco casquillos y tres balas rescatadas de las escenas de los crímenes, cuando en total debían existir —por lo menos— treinta y cinco.

Todo aquello despertó la inquietud de Terán, que de inmediato sospechó que algún agente de policía podía estar involucrado y decidió llevar a cabo la investigación a puertas cerradas.

Mientras tanto, los asesinatos continuaban y llegaron a catorce. En una de las últimas escenas, se encontró una nota que decía lo siguiente: «Primero fueron los taxistas. Luego los homosexuales y después los camioneros. Que se cuiden los perros de la OID, Oficina de Investigación del Delito».

La amenaza no solo resultaba espeluznante, sino que confirmaba las sospechas de Terán, pues estaba seguro de que todos estos casos estaban relacionados.

Una de las estrategias del COI había sido asignar a varios agentes encubiertos en las calles de Quito para recabar información. Algunos de ellos conducían taxis con la esperanza de atrapar un pasajero sospechoso, poniendo en riesgo sus propias vidas.

La madrugada del miércoles 13 de enero de 1992, uno de los agentes encubiertos escuchó cuatro disparos cerca de un camino poco concurrido de Calderón, Carapungo.

En el lugar, divisó un taxi que se desplazaba a gran velocidad e inició una persecución.

En el interior del vehículo viajaban cuatro jóvenes, uno de los cuales abrió fuego a través de una de las ventanas.

Pocos minutos después, el taxi se detuvo y los sospechosos consiguieron huir a pie, a excepción de uno: Luis Aníbal Quishpe Pucha, de quince años, quien fue llevado hasta la oficina del COI para ser interrogado.

Al mismo tiempo, otros agentes confirmaron el hallazgo de un cadáver en Carapungo, el mismo sitio donde se inició la persecución. Se trataba del dueño del taxi, quien fue ultimado con cuatro disparos a quemarropa.

Aquello supuso un avance importante en la investigación.

Semanas antes, otro taxista, identificado como Pablo Enríquez Ceballos, realizó una denuncia por intento de robo e intento de asesinato.

Según su declaración, llevaba como pasajeros a un grupo de adolescentes que lo abordaron en el norte de Quito, cuando uno de estos sacó una pistola 9 milímetros e intentó robarle el vehículo.

Forcejearon y recibió un tiro en los testículos, pero consiguió escapar.

A partir de entonces, se comenzó a barajar la posibilidad de que se tratara de un grupo de jóvenes delincuentes, sospecha que sería confirmada tras lo sucedido el 13 de enero en Carapungo.

Pese a la presión de los agentes del COI, en un principio Quishpe negó haber participado en los hechos, aunque parecía nervioso.

Se le dejó incomunicado y, en horas de la mañana, tres jóvenes fueron a visitarlo a la comisaría.

Afirmaban ser amigos de Quishpe y solo querían saber si estaba bien, pues estaban al tanto de su detención.

Sin embargo, el arresto no había sido informado ni siquiera a la policía, lo que despertó las sospechas de Terán, quien los mandó a seguir.

Aquella noche, nueve amigos de Quishpe serían arrestados en un operativo cercano a una discoteca, en donde pretendían asaltar otro taxi.

En total, ocho varones y dos chicas de entre quince y dieciocho años, integrantes de una banda de asaltantes, fueron derivados a la Oficina de Investigación del Delito, en donde la policía los interrogó por su supuesta participación en los crímenes de los taxistas.

Y aunque varios de ellos tenían antecedentes por delitos menores como hurto o robo, ninguno se responsabilizó por los asesinatos.

Sin embargo, pocas horas más tarde, uno de ellos decidió confesarlo todo.

Este aseguró que, si bien él y sus amigos estaban involucrados en el caso, el verdadero asesino seguía prófugo y era conocido como Juan Carlos Hermosa Suárez, un adolescente de apenas quince años que vivía en la zona norte de la capital.

Su verdadero nombre era Juan Fernando Hermosa Suárez, pero por motivos que se desconocen prefería que lo llamaran Juan Carlos.

Aparentemente, los integrantes de la banda estaban aterrorizados por el temperamento de Hermosa.

De hecho, los había amenazado con matar a sus familias y a ellos mismos si se atrevían a delatarlo.

Advirtieron que siempre llevaba consigo una pistola 9 milímetros, que era un gran tirador y que incluso tenía un par de granadas para defenderse, lo que despertó cierta suspicacia entre los agentes.

Se trataba de un joven peligroso, pero que contara con armamento militar sonaba exagerado.

A las dos de la madrugada del jueves 14 de enero de 1992, se realizó un amplio operativo integrado por el Grupo de Intervención y Rescate y la Oficina de Investigación del Delito de la policía para arrestar a Hermosa, tomándolo por sorpresa.

Uno de sus amigos reveló la ubicación de la modesta casa que compartía con su madre, Zoila Amada Suárez, de cincuenta años.

Cuando uno de los equipos se disponía a irrumpir en la vivienda, una enorme explosión derribó uno de los muros, sepultando bajo los escombros a dos agentes que, por fortuna, consiguieron sobrevivir.

Se trataba del estallido de una granada.

Luego comenzó una feroz balacera entre la policía y Juan Fernando Hermosa, quien disparaba con una pistola desde los techos vecinos mientras intentaba huir.

Al darse cuenta de que estaba rodeado, se entregó y fue neutralizado por uno de los policías, que lo puso bajo arresto.

Cuando miembros del Grupo de Intervención y Rescate entraron al domicilio, hallaron el cadáver de la madre del sospechoso, Zoila Amada Suárez, la cual había sido acribillada en el fuego cruzado.

La autopsia dictaminó que recibió entre diecinueve y veinte disparos desde distintas direcciones, lo que supondría un enorme problema para las autoridades.

Aun así, el COI, la OID y la policía consideraron la operación un éxito, pues habían detenido a uno de los criminales más peligrosos de la época.