CAPÍTULO 32

L a visita de Júlia a la comisaría para acusar directamente a Gonzalo encendió todas las alarmas en el despacho de Marcos Salom.

Un chivatazo informal desde la propia comisaría le había puesto sobre aviso: un contacto afín le filtró que el inspector Arbona investigaba discretamente a Gonzalo, rastreando el alquiler de sus amarres y sus movimientos de cuentas bancarias.

Como abogado experimentado, Salom supo al instante que el terreno se había vuelto minado: seguir representando al marido de Júlia mientras defendía los intereses de la familia Miralles no solo rozaba la deslealtad profesional, sino que lo exponía a una querella por delito de conflicto de intereses.

A primera hora de la mañana, Salom presentó un escrito tajante ante el juzgado de instrucción número cuatro notificando la «renuncia irrevocable a la representación letrada de Antonio Sureda García por incompatibilidad sobrevenida de intereses».

Acto seguido, telefoneó a Júlia con su habitual frialdad ejecutiva.

—Júlia, acabo de presentar mi renuncia formal en el juzgado —le comunicó sin preámbulos—.

Tras las acusaciones que has vertido contra Gonzalo Miralles, me resulta éticamente imposible continuar al frente de la defensa de tu marido.

Mi prioridad profesional está con la familia Miralles.

El juzgado procederá de inmediato a designarte un abogado del turno de oficio.

La puerta se le cerraba en la cara a Toni de la forma más amarga. Horas después, la asistencia letrada recaía en Cristóbal Morales, un abogado de oficio desbordado por decenas de expedientes, con poco tiempo y escasa fe en las teorías sobre «vecinos sospechosos» que Júlia intentaba transmitirle.