Chapter 52

—No puedo revelar mis fuentes —sentenció con una sonrisa enigmática.

—Al demonio con tus fuentes —bufé, recostándome en la silla—. No lo veo claro. Una grabación obtenida ilegalmente no tiene validez ante un juez. Y aunque tengamos pruebas de desvío de fondos, ninguna demuestra de forma concluyente que el alcalde está implicado.

Fernández se inclinó hacia mí, mostrando claramente su frustración.

—Joder, Andrés. Tenemos el contrato de la carretera de Rubí, el de la plaza Mayor y una docena de rotondas de aquí a la avenida principal.

Súmale los chanchullos con Terrassa y Sabadell, los contratos turbios con promotores y las edificaciones a nombre de concejales costeadas con dinero público.

Los accesos al registro y las sustituciones de nombramientos sospechosos completan años de pruebas reunidas.

¿No estás cansado de cargar con este caso?

Y ahora tenemos una declaración telefónica: ¡justo lo que necesitábamos para llevarlo a juicio!

Guardé silencio unos segundos, asimilando sus palabras.

Llevábamos años armando aquel rompecabezas, siempre esperando la pieza definitiva que nos permitiera encajarlo todo.

Quizá había llegado el momento de mover ficha.

Si aquella llamada telefónica resultaba verídica, podría ser la clave que nos faltaba para cerrar el círculo y dar carpetazo a una de las mayores tramas de corrupción de los últimos tiempos

—Muy bien —claudiqué al fin, dejando escapar el aire—. Escuchemos esa grabación.

Las semanas que siguieron se deslizaron a una velocidad que apenas me permitió asimilarlas.

La grabación que había conseguido mi compañero funcionó como la chispa que enciende un polvorín: en cuestión de días, un prestigioso bufete de abogados, respaldado y dirigido por el propio Estado, irrumpió en escena con un plan tan ambicioso como demoledor.

Se trataba de un engranaje jurídico perfectamente engrasado que apuntaba a sentar en el banquillo a una interminable lista de implicados: concejales de toda índole, altos mandos de la administración, gestores de la propiedad y un sinfín de cargos públicos que hasta ese momento se habían amparado en su impunidad.

El objetivo era tan claro como contundente: imponer castigos ejemplares que los obligaran a pasar largos años entre rejas, purgando sus delitos.

Y, como era de esperar, en lo más alto de esa lista de prioridades figuraba el nombre del mismísimo alcalde de la ciudad, cuya caída supondría un golpe certero al corazón de toda la trama.

Por primera vez en dos años, pude permitirme coger vacaciones.

Mientras se sucedía las convocatorias y las primeras vistas que arrancaría la maquinaria de la justicia y llevaría a sentencia a más de un centenar de funcionarios, me sumergí en la búsqueda de un apartamento con vistas al mar en La Pineda, cerca de Salou, en la provincia de Tarragona.

El estudio, ofrecido por un particular con el que contacté tras algunas gestiones, resultó ser pequeño pero acogedor.

Estaba situado prácticamente a pie de playa, con acceso directo a la arena y, como aliciente añadido, disponía de una piscina comunitaria que en verano debía de convertirse en el centro de toda la vida vecinal.

El alquiler no era precisamente barato: el capricho me costaría más pesetas de las que ganaba en un mes de trabajo.

Sin embargo, lo consideré una inversión necesaria. Después de todo,