CAPÍTULO 30El precio de una confesión #2

—¿Le dijo si Rueda había cometido realmente el delito? —pregunté.

Isabel apartó la vista de los documentos.

—Le hice una pregunta parecida. Le pregunté por qué una empresa tenía que pagar a alguien para que reconociera unos hechos de los que debía responder ante un juez.

Gabriel se enfadó y me dijo que había asuntos que podían resolverse si todas las personas implicadas cumplían su parte.

Después añadió que mi trabajo consistía en tramitar la operación, no en revisar sus motivos.

Molina tomó la última hoja.

—¿Sabe si Gabriel actuaba por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de alguien más?

—Lo desconozco. Algunas decisiones las consultaba con personas que no figuraban en los documentos de la empresa, pero nunca tuve acceso a esas conversaciones. En este caso, todas las órdenes que recibí procedían directamente de él.

Cuando terminó, Isabel permaneció observando la carpeta.

—Durante mucho tiempo pensé que aquello acabaría apareciendo en una inspección y me pedirían explicaciones.

Después cerraron la sociedad, cambié de trabajo y dejé de pensar en Gabriel.

La noticia de su asesinato me hizo recordar el expediente, pero tampoco imaginé que ustedes encontrarían una relación con aquel caso.

Le expliqué que necesitaríamos recoger su declaración formalmente y documentar el origen de las copias. Acordamos los pasos necesarios para incorporarlas a las diligencias y solicitar su contraste con los archivos conservados.

Al despedirnos, nos acompañó hasta la puerta de la asesoría.

—Quiero que conste algo —añadió—. Nunca conocí a la mujer que murió en Alicante. Tampoco sé quién la mató. Lo que puedo declarar es que Gabriel ordenó pagar a un hombre por asumir una responsabilidad penal y que después me confirmó que había cumplido lo acordado.

—Eso es lo que necesitamos que explique —respondí—. Las demás circunstancias tendremos que investigarlas por separado.

La comprobación de los correos llevó varios días.

La antigua empresa conservaba una copia de seguridad de parte de su correspondencia administrativa de 2014. Nuria consiguió recuperar los mensajes relacionados con la operación, con sus fechas de envío y sus destinatarios, y comparó los archivos con las impresiones aportadas por Isabel.

Los archivos recuperados incluían identificadores de los mensajes y datos de origen que no figuraban en las impresiones particulares. Nuria documentó esos elementos para que la correspondencia pudiera examinarse sin depender únicamente de los documentos que Isabel había conservado.

El contenido coincidía.

Molina encontró además, en el registro histórico de expedientes, la referencia utilizada para cerrar la cuenta transitoria el 3 de octubre, un día después de la confesión.

Cuando terminamos de revisar los documentos, extendí sobre la mesa las certificaciones bancarias y las declaraciones originales de Damián Rueda.

El pago de ciento cincuenta mil euros había sido ejecutado el 24 de septiembre.

Las comunicaciones empresariales lo vinculaban a un compromiso personal cuya confirmación se esperaba después de una comparecencia judicial.

El 2 de octubre, Rueda había reconocido el asesinato de Irene.

Al día siguiente, Gabriel ordenó cerrar la operación por cumplimiento de lo acordado.

La coincidencia de fechas ya no era nuestra única razón para investigar.

—Tenemos una operación económica documentada y una testigo que explica las instrucciones recibidas —dijo Molina—.

También hemos recuperado comunicaciones originales que respaldan sus recuerdos.

Todo apunta a que Gabriel pagó para conseguir aquella confesión.

Lo que sigue sin estar acreditado es por qué quería obtenerla y quién decidió realmente que Rueda asumiera los hechos.

—También tendremos que revisar el contenido de su confesión —respondí—.

Sabemos que existió un incentivo económico para declararse culpable.

Eso afecta a su credibilidad, pero no nos permite concluir automáticamente que todos los hechos que relató fueran falsos.

Habrá que comprobar de dónde obtuvo cada detalle y qué pruebas independientes respaldaron la condena.

Molina señaló la documentación de Alicante.

—Y volver a la cuestión de la casa. La identificación equivocada del propietario, la llave que desapareció y este pago pudieron formar parte de acontecimientos relacionados, pero todavía tenemos que demostrarlo. Sería otro error reunirlos en una sola explicación porque nos resulte convincente.

Asentí.

Habíamos avanzado lo suficiente para impulsar nuevas diligencias y cuestionar seriamente la confesión que sustentó la condena. La responsabilidad de decidir qué consecuencias podía tener para aquel procedimiento correspondía a la autoridad judicial.

Preparé un informe complementario con las certificaciones bancarias, las comunicaciones recuperadas, la declaración de Isabel y la secuencia de comparecencias de Rueda.

También solicité que se examinara nuevamente la procedencia de los datos que contenía su confesión, especialmente aquellos que pudieron haber sido conocidos por personas ajenas al asesinato.

Firmé el documento y lo remití por el conducto correspondiente.

Molina recogió las carpetas que habíamos utilizado.

—Cuando empezamos con Gabriel, estabas convencido de que lo de Alicante acabaría obligándote a regresar allí. Ahora tienes una razón concreta para pedir que se revise lo que ocurrió. Supongo que eso cambia bastante las cosas.

Miré la copia del mensaje fechado el 3 de octubre.

—Cambia lo que podemos demostrar. Durante años discutí una confesión porque había detalles que nunca conseguí reconciliar. Ahora sabemos que alguien pagó una fortuna para obtenerla. Lo que todavía necesitamos averiguar es a quién beneficiaba aquel acuerdo, además de a Rueda.

Dejé que Molina se llevara la documentación destinada al archivo.

Por aquella tarde habíamos terminado.