CAPÍTULO 30El precio de una confesión

El precio de una confesión

La mujer que había tramitado la transferencia a Damián Rueda nos recibió en una asesoría de la calle Santa Engracia, donde trabajaba desde que dejó las empresas de Gabriel Lozano.

Isabel nos hizo pasar a un despacho pequeño, separado del resto de la oficina por una mampara de cristal. Una impresora funcionaba al otro lado mientras dos empleados discutían las fechas de presentación de unas declaraciones tributarias.

—Cuando me llamaron para preguntarme por Gabriel pensé que tendría relación con su asesinato —explicó después de sentarse—.

He leído lo que ha ocurrido con la directora financiera y conozco a algunas personas que todavía trabajan allí.

Pero ustedes quieren hablarme de una operación de hace doce años, cuando la empresa era completamente distinta.

Le mostré una copia de la autorización.

—Queremos saber quién ordenó esta transferencia y qué documentación justificaba el pago. Hemos comprobado que los ciento cincuenta mil euros llegaron a una cuenta de Damián Rueda el 24 de septiembre de 2014. La firma de Gabriel aparece junto a la suya.

Isabel examinó la hoja, aunque parecía haber reconocido el expediente antes de llegar al nombre del beneficiario.

—Mi firma confirma que preparé la orden y que se incorporó a la relación de operaciones extraordinarias. La autorización correspondía a Gabriel. Aquella cantidad superaba los límites que yo podía tramitar por iniciativa propia, así que necesitaba su conformidad expresa.

—¿Recuerda por qué se pagó? —preguntó Molina.

—Recuerdo que fue una operación excepcional y que discutimos cómo debía contabilizarse. En aquel momento Gabriel tenía varias sociedades, algunas operaciones compartían cuentas de gestión y había instrucciones que llegaban directamente de su despacho. Esta no seguía el procedimiento habitual.

Molina colocó junto a la autorización el extracto bancario.

—En la orden aparece «regularización extraordinaria», pero no hemos localizado un contrato ni una factura que justifique ese concepto. El destinatario tampoco figura entre los proveedores habituales. Necesitamos saber qué le dijeron a usted cuando recibió la instrucción.

Isabel dejó la hoja sobre la mesa.

—Antes de contestar quiero saber qué consecuencias puede tener para mí.

Yo trabajaba allí como responsable administrativa, cumplía las órdenes que recibía y llevaba años sin ocuparme de aquellos asuntos.

Si ahora resulta que Gabriel utilizó la empresa para algo ilegal, necesito que quede claro cuál fue mi intervención.

Le expliqué que pretendíamos recoger su testimonio y contrastarlo con la documentación disponible. También le indiqué que, si consideraba que alguna respuesta podía comprometerla penalmente, tendría derecho a solicitar asesoramiento antes de continuar.

Isabel permaneció un momento mirando los papeles.

—Creo que debería enseñarles algo que conservé cuando dejé la empresa. Pero preferiría saber primero si tienen alguna razón para relacionar esta transferencia con un procedimiento judicial.

Molina me miró.

Habíamos acordado no introducir el asesinato de Irene hasta escuchar qué podía recordar por sí misma.

—El beneficiario prestó declaración en una investigación por homicidio —respondí—. Tres días antes del pago había negado su participación. Volvió a hacerlo el día veintiocho y el dos de octubre reconoció los hechos. Queremos averiguar si la transferencia tuvo alguna relación con ese cambio.

Isabel retiró la mano de la autorización.

—Entonces han encontrado aquello.

Nos pidió unos minutos para recuperar una carpeta.

Mientras estaba fuera, Molina se acercó a la mampara. Desde nuestra mesa podía verse a Isabel hablando con uno de los empleados, que abrió un armario y le entregó una caja de archivo.

—Ha reconocido la operación antes de que le explicáramos quién era Rueda —comentó—. Pero eso no significa que conozca todas las circunstancias. Quiero saber qué conservó y por qué lo hizo.

Isabel regresó con una carpeta azul de gomas.

—Guardé copias de varios expedientes porque tuve problemas con la liquidación de unas operaciones cuando salí de Lozano Gestión de Activos.

Esta era una de ellas. Gabriel me obligó a utilizar una cuenta transitoria y después ordenó cerrarla sin aportar una justificación que pudiera presentar a una auditoría.

Dejé constancia por escrito porque me preocupaba terminar respondiendo personalmente de aquel asiento.

Abrió la carpeta.

Había copias de correos impresos, una relación de operaciones y dos comunicaciones firmadas por ella. Los documentos estaban organizados por fechas.

La primera comunicación era del 23 de septiembre de 2014, un día antes del pago.

Isabel nos dejó examinarla.

—Yo había preguntado qué documentación debía asociar a una transferencia tan elevada.

Gabriel me citó en su despacho y me explicó que el beneficiario había aceptado asumir una responsabilidad en un procedimiento penal.

Me dijo que el pago se haría por adelantado y que debía registrarlo de manera provisional hasta que se cumpliera lo acordado.

Molina leyó el documento.

—Aquí usted escribe que la operación queda pendiente de «confirmación de comparecencia y cumplimiento de compromiso personal». ¿Esas palabras se refieren a la declaración de Damián Rueda?

—Eso fue lo que me explicaron. Yo pregunté si se trataba de una indemnización, de una deuda o de algún acuerdo judicial, porque necesitaba clasificar el pago.

Gabriel contestó que el destinatario iba a hacerse responsable de unos hechos y que la cantidad formaba parte de un acuerdo privado.

También me indicó que evitara relacionar la transferencia con el procedimiento en los documentos bancarios.

Le pregunté quién más había participado en aquella conversación.

—Gabriel estaba solo cuando entré, aunque había hablado por teléfono antes. Desconozco con quién. Me enseñó la cuenta de destino y me dijo que el acuerdo estaba cerrado. Cuando insistí en que necesitaba un concepto para registrar la operación, ordenó utilizar el que aparece en el documento.

Examiné nuevamente la comunicación.

Estaba fechada el 23 de septiembre, pero todavía teníamos que comprobar cuándo se había generado y enviado.

—¿Por qué conserva una copia de este escrito?

—Porque lo remití a Gabriel por correo después de aquella reunión.

Quería que confirmara que había entendido correctamente sus instrucciones.

Cuando terminé mi relación laboral, guardé la impresión junto con otras comunicaciones relativas a operaciones que habían quedado mal justificadas.

Entonces creía que podían reclamarme responsabilidades contables.

Molina señaló la última línea.

—Aquí consta una respuesta de Gabriel: «Proceda según lo acordado». Necesitaremos recuperar el mensaje original o alguna copia conservada en los archivos empresariales para verificarlo.

—Pueden solicitarlo. Conservo la impresión, pero ignoro si la empresa mantiene aquellos correos. Lo que sí tengo es otra comunicación que explica por qué tardaron varios días en darme la conformidad definitiva.

Sacó una hoja fechada el 29 de septiembre.

La comunicación había sido enviada después de la segunda declaración de Rueda, cuando todavía negaba haber matado a Irene.

Isabel señaló el asunto del mensaje: «Operación extraordinaria 24/09».

—El día veintinueve pregunté si debíamos mantener la cuenta transitoria abierta. El pago ya se había realizado y yo necesitaba saber cómo cerrarlo antes de terminar el mes. Gabriel respondió que el compromiso seguía vigente y que la comparecencia definitiva estaba prevista para el dos de octubre.

—Rueda había declarado el día anterior y continuaba negando los hechos —observó Molina—. Si el dinero era el precio de su confesión, resulta extraño que lo hubiera cobrado y después mantuviera la misma versión.

Isabel aceptó la observación sin intentar resolverla inmediatamente.

—Eso también lo pregunté. Gabriel me dijo que el hombre todavía tenía que resolver unas cuestiones con su defensa y que debía ajustar su declaración antes de asumir formalmente la responsabilidad.

Me pidió que mantuviera el asiento provisional hasta recibir una nueva instrucción.

Recuerdo aquella conversación porque me molestó que pretendiera decidir cómo debía llevar yo la contabilidad de algo que ni siquiera podía explicarme con claridad.

Leí la copia.

La respuesta atribuida a Gabriel indicaba que el compromiso se mantenía, que la comparecencia prevista para el dos de octubre seguía adelante y que la regularización contable debía esperar hasta recibir confirmación.

Aquello daba sentido a la secuencia temporal.

El dinero se había entregado antes de la confesión y la negativa del día veintiocho no había supuesto, para quienes gestionaban el acuerdo, su incumplimiento definitivo.

Pero todavía faltaba un documento.

—¿Recibió esa confirmación? —pregunté.

Isabel extrajo la última hoja.

Era del 3 de octubre de 2014.

—A primera hora Gabriel me comunicó que podía cerrar el expediente. Le pedí que confirmara por escrito que la condición pendiente se había cumplido, porque necesitaba justificar la cancelación del asiento provisional. Me respondió con este correo y terminé la operación aquel mismo día.

Molina leyó el mensaje en voz alta.

—«Confirmada la actuación prevista. Dé por cumplido el compromiso y cierre la regularización pendiente, sin nuevos desembolsos». ¿Ese era el único asunto económico abierto con Rueda?

—El único que yo tramité. Revisé nuestras cuentas cuando me pidieron cerrar el expediente y no encontré otras operaciones con aquel beneficiario. Después dejé de recibir instrucciones sobre el asunto.

Le pedí que nos explicara si conocía personalmente a Damián Rueda.

—Jamás lo vi. Gabriel llevaba las conversaciones directamente y no permitió que yo hablara con él. Lo único que supe fue que había aceptado asumir una responsabilidad penal a cambio del dinero y que, cuando se confirmó su declaración, se consideró cumplido el acuerdo.