CAPÍTULO 29Septiembre de 2014 #2

—He contrastado la referencia que aparece en la copia empresarial con la certificación bancaria —explicó—.

Coinciden el identificador de operación, el importe, la fecha de ejecución y la cuenta de destino.

Además, la entidad receptora ha confirmado, dentro de las comprobaciones autorizadas, que el titular de esa cuenta en septiembre de 2014 era Damián Rueda.

Molina dejó a un lado las copias que habíamos obtenido del archivo.

—Entonces ya podemos afirmar que el pago se ejecutó. Gabriel autorizó una transferencia de ciento cincuenta mil euros y el dinero llegó a una cuenta cuyo titular era el hombre condenado por la muerte de Irene. Lo que no tenemos es una explicación del motivo.

Nuria señaló el campo destinado al concepto.

—La orden original utiliza una descripción genérica: «regularización extraordinaria».

No hay una factura asociada en el expediente bancario recuperado ni una referencia a un contrato concreto.

Eso merece investigarse, pero la ausencia de esos documentos en este archivo no demuestra que nunca existieran.

Me acerqué a la ventana mientras Molina solicitaba que se incorporaran las certificaciones a la nueva línea de investigación.

Había participado en las actuaciones de 2014 siendo un policía mucho más joven. Recordaba a Damián Rueda sentado ante nosotros, respondiendo a preguntas sobre sus movimientos y rectificando algunas afirmaciones anteriores.

También recordaba la llave que encontramos en la chaqueta de Irene y que desapareció antes de incorporarse correctamente al inventario.

Durante años había tratado de averiguar qué relación existía entre aquella prueba perdida y las contradicciones del expediente.

Ahora acabábamos de encontrar una operación económica que debía examinarse junto a la confesión.

Volví a la mesa.

—Necesito las fechas originales de las declaraciones de Rueda, incluidas las anteriores a su reconocimiento de los hechos.

Quiero comprobar qué dijo al principio, cuándo cambió su versión y si la transferencia se produjo antes o después.

Ya hemos demostrado que el dinero llegó a su cuenta; el siguiente paso es averiguar qué sucedió alrededor de ese pago.

Molina cogió el teléfono para contactar con la unidad que estaba revisando las actuaciones de Alicante.

Mientras hablaba, abrí la copia de la orden bancaria.

La firma de Gabriel aparecía claramente identificada. Debajo había una segunda autorización administrativa cuya persona responsable aún no habíamos localizado.

Aquella tarde había dejado de preocuparme si el movimiento podía ser una simple coincidencia.

Lo que necesitaba era una explicación que resistiera las mismas comprobaciones que acabábamos de hacer.

Las copias de las declaraciones originales llegaron al día siguiente.

Se habían conservado dentro del procedimiento judicial y la unidad encargada de su revisión nos facilitó las fechas y las actuaciones que podían contrastarse con la información bancaria.

Molina extendió los documentos sobre la mesa.

—La primera declaración de Rueda está fechada el 21 de septiembre de 2014. Compareció después de que lo identificaran en varias comprobaciones relacionadas con el entorno de Irene. Negó haber estado con ella la noche de su muerte y rechazó cualquier participación.

Recuperó una segunda hoja.

—El 28 de septiembre mantuvo esa versión en lo esencial. Los investigadores siguieron comprobando sus movimientos y las contradicciones que habían aparecido. Cuatro días después, el 2 de octubre, prestó la declaración en la que terminó reconociendo el asesinato.

Examiné los documentos.

La transferencia se había ejecutado el 24 de septiembre.

Tres días después de la primera declaración y ocho antes de la confesión.

—El dinero llegó cuando Rueda todavía negaba su participación —observé—. Después mantuvo durante unos días esa posición y finalmente cambió su versión. Tenemos una secuencia temporal comprobada, pero debemos averiguar qué ocurrió entre esos acontecimientos.

Molina cerró la carpeta de las declaraciones.

—El hombre murió hace años y no podemos preguntarle por qué recibió el dinero. Tampoco podemos convertir el pago en un soborno sin conocer su origen real. Pero la cantidad, las fechas y la intervención de Gabriel justifican que busquemos a las personas que tramitaron la operación.

Le mostré la autorización administrativa recuperada del archivo.

—Esta firma tiene que pertenecer a alguien que trabajaba en Lozano Gestión de Activos. Quiero saber quién preparó el expediente, quién recibió las instrucciones y qué documentación utilizó para justificarlo.

Nuria había localizado una relación del personal administrativo anterior a la absorción, aunque todavía faltaba cotejarla con las firmas conservadas.

—La empresa guarda expedientes de contratación de aquellos años —explicó—.

Podemos empezar por quienes tenían funciones de autorización y tramitación bancaria en septiembre de 2014.

También conviene revisar los registros de comunicaciones del departamento, si se conservaron.

La certificación bancaria identifica el pago, pero no nos dice qué conversación hubo antes de ordenarlo.

Le pedí que preparara las solicitudes necesarias.

Molina permaneció conmigo cuando Nuria salió.

—Durante todo el caso de Gabriel te preocupaba encontrar una explicación para alguien que había conseguido entrar y salir del coche sin que lo viéramos. Ahora tenemos un pago perfectamente documentado y, sin embargo, desconocemos casi todo lo que ocurrió a su alrededor.

—La diferencia es que sabemos a quién llegó el dinero. Eso nos permite investigar una relación concreta entre Gabriel y Rueda. Hasta ayer ni siquiera podíamos afirmar que hubieran mantenido un vínculo económico.

Molina volvió a mirar las fechas.

—¿Crees que pagó para conseguir la confesión?

Guardé la orden bancaria junto a las declaraciones.

—Es una posibilidad que tendremos que comprobar.

También pudo existir una deuda, un acuerdo anterior o alguna operación que todavía desconocemos.

Lo que resulta difícil de ignorar es que una empresa de Gabriel entregara ciento cincuenta mil euros a Rueda pocos días antes de que este admitiera haber matado a Irene.

Molina se quedó examinando el expediente durante unos instantes.

—Entonces busquemos a quien preparó el pago. Alguien tuvo que recibir las instrucciones y reunir la documentación, aunque después Gabriel fuera quien lo autorizara.

Le entregué la relación de antiguos empleados para que comenzara a revisarla.

Antes de salir, incorporé al informe que había presentado sobre Irene las nuevas certificaciones bancarias y las fechas originales de las declaraciones.

Aquel documento ya contenía la discrepancia sobre la propiedad de la vivienda de Alicante y las comprobaciones que se habían iniciado para averiguar su origen.

Ahora podía añadir una operación económica acreditada entre Gabriel Lozano y Damián Rueda.

Cerré el expediente y preparé el oficio para ampliar las diligencias.

El dinero había cambiado de cuenta doce años atrás. Lo que estábamos intentando averiguar era por qué.