CAPÍTULO 29Septiembre de 2014

El resultado de los análisis de la navaja llegó tres días después de que Inés Calderón prestara declaración.

Pilar había confirmado que los restos recuperados de la hoja contenían sangre de Gabriel Lozano.

Las características del arma eran compatibles con la lesión descrita en la autopsia, aunque el informe advertía que esa correspondencia no permitía identificarla de manera exclusiva como el instrumento utilizado.

Su localización, la declaración de Inés y las demás pruebas ofrecían, sin embargo, una relación suficientemente sólida para completar las diligencias que habíamos remitido al juzgado.

Pilar también había incluido una nota sobre la pequeña muestra recuperada junto a la marca del revestimiento interior del coche durante la primera inspección.

El análisis había identificado material metálico de composición poco específica, sin características suficientes para relacionarlo de forma concluyente con la navaja intervenida ni con un movimiento determinado durante la agresión.

Aquella comprobación quedaba cerrada sin atribuirle un significado que las pruebas no permitían sostener.

Molina me entregó una copia mientras terminábamos de revisar las actuaciones pendientes sobre Marcos Leal.

—También hemos comunicado formalmente a su abogado que las comprobaciones realizadas no sostienen nuestra primera sospecha sobre la participación de Marcos en el asesinato —explicó—.

Le hemos dejado claro que el reparto y la posición de la furgoneta están documentados, y que la investigación ha establecido otra secuencia.

Me ha pedido que conste que su cliente colaboró desde el principio, aunque algunas de sus primeras respuestas fueran confusas.

—Que conste. También debemos incorporar las irregularidades del muelle de carga sin atribuirle decisiones que correspondían a seguridad. Bastante tiempo hemos dedicado a preguntarle por una situación que no había provocado.

También habíamos completado la revisión de las grabaciones relacionadas con la salida que Inés describió durante su declaración.

Las cámaras permitían seguir algunos movimientos generales de aquella franja horaria, pero la cobertura de los pasillos interiores y las limitaciones de las imágenes impedían identificarla con seguridad durante todo el recorrido.

Dejamos constancia de esa circunstancia, diferenciando lo que había reconocido de lo que las grabaciones permitían comprobar.

Molina dejó el informe de Pilar junto a las diligencias de Inés.

—¿Y qué hacemos con los archivos antiguos de Gabriel? He visto que ayer solicitaste ampliar la consulta de una caja que encontramos cuando revisábamos los antecedentes de Cauce. Entiendo que ya no tiene relación con el asesinato.

Abrí la carpeta que conservaba desde nuestra visita al archivo empresarial.

La última página contenía una referencia que había mantenido separada del resto de las pruebas: una transferencia extraordinaria realizada en septiembre de 2014 por Lozano Gestión de Activos, una sociedad utilizada por Gabriel antes de su incorporación a Lozano Inversiones.

—Quiero terminar esa comprobación —respondí—.

Cuando encontramos la referencia, la documentación no permitía saber si la transferencia llegó a ejecutarse.

Ahora tenemos autorización para examinar el expediente original.

Si corresponde a una operación empresarial ordinaria, podremos descartarla sin dedicarle más tiempo.

Molina leyó nuevamente la fecha.

—Y si guarda relación con Alicante, tendremos que trasladarlo a quienes están revisando aquel procedimiento. Supongo que por eso has solicitado también el cotejo con la documentación bancaria.

—Exactamente. La investigación de Gabriel ha terminado por una vía distinta. Lo que encontremos aquí tendrá que sostenerse por sí mismo.

Habíamos concertado una nueva visita al archivo para aquella mañana.

Teresa nos esperaba junto a la sala de consulta de la nave.

La última vez que estuvimos allí había tenido que impedirnos abrir una caja cuya consulta no figuraba en la autorización. Esta vez llevaba preparada la documentación correspondiente y un registro donde debíamos firmar antes de acceder a los expedientes.

—He localizado la caja financiera de 2014 —explicó mientras nos acompañaba por el pasillo—.

Estaba en el mismo sector que las demás, pero su inventario procede de una empresa anterior y hubo que comprobar qué documentación podía entregarse.

La abogada de Lozano Inversiones ha autorizado la consulta de ese expediente concreto y hemos conservado constancia de todos los movimientos realizados desde que ustedes solicitaron que quedara apartado.

Molina examinó las referencias escritas en el registro.

—¿La caja se abrió cuando absorbieron la sociedad?

—La documentación pasó por varias manos.

Parte se clasificó entonces y otra quedó dentro de los sobres originales.

Lo que puedo garantizarles es que desde que recibimos su solicitud la caja permaneció cerrada y bajo control del archivo.

Si quieren comprobar algo ocurrido doce años atrás, tendrán que trabajar con los documentos y con su procedencia, no solamente con lo que recuerde alguien que los haya visto.

Nos condujo hasta una mesa donde descansaban dos cajas de tamaño mediano.

En la primera había extractos bancarios, relaciones de pagos y autorizaciones internas. La segunda contenía carpetas correspondientes a operaciones extraordinarias, organizadas mediante números de expediente.

Nuria había identificado anteriormente la referencia que buscábamos.

Teresa la localizó en el inventario y extrajo un sobre de cartulina.

—Este es el expediente. La relación original menciona una disposición superior a cien mil euros, realizada en septiembre de 2014. Dentro deberían encontrarse la orden y los documentos utilizados para su tramitación. Si falta alguno, lo anotaremos antes de continuar.

Abrimos el sobre después de fotografiarlo.

La primera hoja era una autorización de Lozano Gestión de Activos, fechada el 24 de septiembre de 2014. Incluía una referencia bancaria, la cuenta de origen y un importe de ciento cincuenta mil euros.

Gabriel Lozano figuraba entre las personas que habían autorizado la operación.

Pasé a la segunda hoja.

Era una copia de la orden presentada al banco, con los datos del destinatario y la cuenta de abono. El nombre aparecía escrito en mayúsculas.

DAMIÁN RUEDA.

Conocía aquel nombre.

Habían pasado doce años desde la investigación de Irene Valdés y seis desde que recibí la noticia de su muerte en prisión.

Aun así, recordaba las horas que dedicamos a contrastar su declaración y la incomodidad que me produjo ver cómo la confesión terminaba convirtiéndose en la explicación aceptada de todo lo sucedido.

Molina había observado que me detenía.

—Sergio, ¿conoces al beneficiario?

Deslicé la hoja hacia él.

—Es el hombre que confesó haber matado a Irene Valdés.

Leyó el nombre y regresó a la autorización bancaria.

—Entonces tenemos algo muy distinto de una coincidencia de fechas.

Gabriel ordenó una transferencia de ciento cincuenta mil euros a una persona que terminó condenada por aquel asesinato.

Lo que todavía quiero saber es si este documento corresponde a una operación ejecutada o a una orden que pudo anularse.

Teresa examinó el sello de la copia.

—Aquí consta que fue presentada para su tramitación.

Hay también un número de operación, pero yo no puedo certificarles qué ocurrió después con el banco.

En otra carpeta pueden quedar extractos del mismo mes.

Si prefieren, buscaré la cuenta de origen para que puedan comprobar el cargo en los documentos que conservamos.

Le pedí que lo hiciera.

Mientras se ocupaba de la búsqueda, revisé las hojas restantes del expediente.

Había una relación interna de autorizaciones y una anotación de administración que indicaba que el justificante definitivo debía archivarse por separado. La firma de Gabriel aparecía junto a la conformidad de otra persona cuya rúbrica apenas podía distinguirse.

Molina acercó la hoja a la luz.

—Aquí han intervenido al menos dos personas. Gabriel autorizó el pago y alguien de administración preparó la documentación. Si conseguimos averiguar quién tramitó el expediente, quizá pueda explicar por qué se utilizó esta cuenta y qué concepto justificaba una cantidad tan elevada.

—Primero comprobaremos el cargo y la titularidad del destinatario —respondí—. Después podremos preguntarle a quien preparó la operación. Ahora mismo ni siquiera sabemos qué relación tenía Rueda con las empresas de Gabriel.

Teresa regresó con un archivador de extractos.

La operación aparecía reflejada el 24 de septiembre mediante un cargo de ciento cincuenta mil euros, asociado al mismo identificador.

Era una correspondencia importante, aunque el extracto conservado por la empresa no demostraba todavía que el dinero hubiera sido abonado efectivamente en la cuenta de Damián Rueda.

Fotografiamos las hojas y solicitamos copias documentadas.

El miércoles siguiente recibimos, por el conducto judicial correspondiente, la respuesta de la entidad bancaria que había gestionado la operación.

La antigua cuenta de Lozano Gestión de Activos estaba cancelada desde hacía años, pero el banco había conseguido recuperar la documentación de aquel movimiento mediante sus archivos históricos.

La respuesta identificaba el soporte original de la orden, el cargo realizado y la confirmación del abono en la entidad receptora.

La certificación también identificaba el archivo histórico del que procedían los soportes recuperados y las referencias que permitían relacionarlos con la operación original.

Aquella precisión era importante porque habían transcurrido doce años desde la transferencia y la cuenta llevaba tiempo cancelada.

Nuria nos acompañó durante la revisión.