CAPÍTULO 26Lo que Gabriel descubrió

Lo que Gabriel descubrió

El director de Cauce Proyectos nos había enseñado tres carpetas de trabajos realizados antes de admitir que faltaba una cuarta.

Llevábamos casi una hora revisando el encargo de Lozano Inversiones en una sala de reuniones que daba a un patio interior.

Sobre la mesa había planos urbanísticos, informes de valoración y una relación de honorarios.

Julián Ferrer, sentado a mi derecha, había ido separando los documentos que podían justificarse de aquellos cuya descripción resultaba insuficiente.

—El problema es que ustedes cobraron ciento noventa mil euros por un trabajo que todavía estaba incompleto cuando murió Gabriel —dijo Molina—.

Tenemos constancia de que realizaron estudios y entregaron un avance.

Lo que necesitamos aclarar es quién intervino en cada fase y cómo se distribuyeron los pagos que recibieron.

El director, un hombre de unos cincuenta años llamado Víctor Salcedo, recuperó una carpeta del extremo de la mesa.

—La primera parte del encargo se realizó con nuestros propios técnicos.

La segunda incluía trabajos de recopilación documental y comprobación de antecedentes de varias sociedades.

Para eso recurrimos a una empresa externa que ya había colaborado en operaciones relacionadas con Lozano Inversiones.

Los honorarios quedaron incluidos en nuestro presupuesto porque asumíamos la entrega del estudio completo.

Ferrer examinó la relación de subcontrataciones.

—Aquí figura Linde Documentación Técnica. Hay dos pagos que suman ciento tres mil euros, pero no encuentro una memoria que describa los trabajos realizados por esa empresa. Si ustedes incorporaron sus honorarios a los de Cauce, deberían conservar algún resultado que permita justificar el servicio.

Salcedo abrió una carpeta digital.

—Nos facilitaron información registral, relaciones de activos y antecedentes financieros.

Parte de aquello terminó incorporándose al informe preliminar.

El contacto lo organizó la directora financiera de Lozano Inversiones.

Nosotros tratábamos directamente con ella cuando necesitábamos aclaraciones sobre los archivos de su empresa.

—¿Inés Calderón? —pregunté.

—Sí. Fue quien nos explicó que algunos antecedentes debían revisarse antes de entregar el trabajo a Gabriel. También nos indicó que Linde conocía la documentación y podía preparar esa parte con mayor rapidez. Aceptamos la propuesta porque el proyecto ya llevaba varias semanas de retraso.

Ferrer pasó una página.

—¿Quién comprobó que esa sociedad prestaba realmente los servicios? Necesitamos algo más que una factura y unos archivos que podrían haberse obtenido del propio departamento financiero de Lozano Inversiones.

Salcedo permaneció unos instantes examinando el índice.

—La responsable del encargo era su empresa.

Si la directora financiera nos decía que necesitábamos incorporar documentación preparada por un colaborador autorizado, mi obligación era comprobar que el trabajo se entregaba y que podíamos utilizarlo.

Entiendo que ahora lo están estudiando desde otra perspectiva, pero entonces nadie nos advirtió de que existiera un problema con aquella contratación.

Molina colocó junto al contrato una certificación mercantil que habíamos obtenido durante las nuevas diligencias.

Linde Documentación Técnica estaba participada mayoritariamente por Inés Calderón.

La sociedad se había constituido varios años antes de que comenzara a trabajar para Gabriel y mantenía actividad registrada, aunque sus últimas cuentas reflejaban ingresos reducidos hasta la aparición del encargo de Cauce.

—¿Conocía esta vinculación? —preguntó Molina.

Salcedo leyó el documento y lo volvió hacia Ferrer.

—Conocía a la persona que tramitaba las facturas, pero desconocía que Inés fuera propietaria.

Nunca nos presentó Linde como una empresa suya.

Si lo hubiera hecho, habría exigido que esa circunstancia figurara en el contrato porque se trataba de un proveedor recomendado por alguien de la propia sociedad cliente.

—De los ciento noventa mil euros que recibió Cauce, ciento tres mil terminaron en una empresa controlada por Inés —dije—. Ahora queremos comprobar qué servicio justificaba esa cantidad y quién decidió que se contratara sin informar a Gabriel.

Salcedo cerró la carpeta digital.

—Les entregaré las comunicaciones que conservamos.

Pero quiero que conste que nosotros realizamos trabajos efectivos y que seguimos dispuestos a terminarlos.

Si una parte del encargo se utilizó para algo distinto de lo previsto, también tendremos que determinar quién nos facilitó aquella documentación y con qué instrucciones.

La respuesta tenía importancia. Hasta entonces habíamos tratado los pagos a Cauce como operaciones potencialmente fraudulentas en su totalidad.

Ahora disponíamos de un proveedor que había realizado parte de los estudios y de una segunda empresa cuya intervención necesitaba una explicación mucho más concreta.

Ferrer nos pidió que conserváramos también las versiones originales de los documentos remitidos por Linde.

El miércoles por la mañana, Nuria había conseguido completar la comparación entre las operaciones bancarias y el historial de modificaciones de la contabilidad de Lozano Inversiones.

Cuando llegué a su despacho, Molina estaba examinando una hoja que contenía cuatro identificadores de usuario y varias horas de acceso.

—Las dos transferencias a Cauce están confirmadas —explicó Nuria—.

OP-389, por sesenta y tres mil quinientos veinte euros, se ejecutó la semana anterior al asesinato.

OP-417, por ciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta, salió de la cuenta el jueves a las ocho veintiuno de la mañana.

Después, Cauce realizó dos pagos a Linde, de treinta y un mil y setenta y dos mil euros respectivamente.

Ambos aparecen en la documentación bancaria obtenida mediante las autorizaciones correspondientes.

Me señaló otra columna.

—La modificación contable de OP-417 se produjo el jueves a las diecinueve once.

El programa siguió registrándola bajo FINANZAS-CENTRAL, que es la cuenta compartida que ya conocíamos.

Sin embargo, hemos conseguido recuperar un segundo registro del servidor de autenticación: identifica qué credencial personal accedió a esa sesión.

En aquella franja figura la de Inés Calderón, utilizada desde el equipo asignado a su despacho.

Nuria señaló la correspondencia entre ambos registros.

—Hemos comprobado que las marcas temporales coinciden y que no consta otra sesión personal vinculada a esa operación durante el intervalo investigado.

Esa información nos permite relacionar el cambio con su acceso, aunque también tendremos que conservar los registros originales para documentar cómo se ha realizado la atribución.

—Gomis autorizó el pago original —recordé—. Necesitamos distinguir esa aprobación de lo que ocurrió después con la contabilidad.

—Y podemos hacerlo —respondió Nuria—. La autorización bancaria de Gomis figura asociada a la ejecución de OP-417.

La modificación de su clasificación se hizo desde una cuenta diferente.

He contrastado el identificador de sesión con los registros del servidor y con las versiones del archivo.

El cambio quedó guardado desde el equipo asignado a Inés.

Molina dejó la hoja sobre la mesa.

—Gabriel pidió conservar las dos versiones y comprobar el banco porque había detectado una diferencia que no se explicaba por la documentación interna.

Si además conocía o estaba empezando a investigar la relación de Inés con Linde, aquella reunión del aparcamiento podía tener consecuencias mucho más graves que una discusión por los justificantes.

Nuria abrió otro archivo.

Era una relación de documentos incorporados al estudio de viabilidad. Ferrer había comparado los supuestos trabajos de Linde con los originales del departamento financiero.

La mayor parte consistía en información que Lozano Inversiones ya poseía.

Había referencias registrales obtenidas de fuentes públicas, relaciones de inmuebles copiadas de archivos internos y varios anexos cuya autoría todavía debía esclarecerse.

Ferrer había solicitado aclaraciones técnicas sobre las tareas que supuestamente justificaban los honorarios.

—La coincidencia entre los documentos no significa que ningún trabajo se realizara —precisó Nuria—.

Pero el avance de la revisión no ha permitido identificar un servicio independiente que explique los ciento tres mil euros.

Tenemos los pagos, la relación societaria y la intervención de Inés en el cambio contable.

El análisis completo deberá determinar qué importe carece de justificación y qué responsabilidad corresponde a cada participante.

Recorrí con la vista las fechas.

Gabriel había ordenado suspender determinadas disposiciones de fondos a las 17:36 del jueves.

La modificación de OP-417 se había realizado después, a las 19:11.

A las 19:48 pidió a Inés que explicara por qué el movimiento bancario aparecía ejecutado y, sin embargo, estaba presentado de otra forma en la contabilidad.

Sus preguntas habían sido concretas.

Y lo que ahora estábamos encontrando permitía entender por qué resultaban tan incómodas.

Pilar nos esperaba en el laboratorio con una caja precintada y las fotografías de la alfombrilla del copiloto.

Las comprobaciones de las pertenencias de Inés se habían realizado en ejecución de una autorización judicial solicitada después de que aparecieran la reunión concertada, la documentación de AUX-04 y las contradicciones de su salida del edificio.

Entre los efectos intervenidos había varios pares de zapatos.