CAPÍTULO 15El dinero que faltaba

El dinero que faltaba

Nuria había comprobado la autenticidad de los archivos y estaba examinando el extracto de Lozano Inversiones cuando entré en su despacho. Molina ocupaba la silla de al lado, con las gafas apoyadas sobre una hoja llena de cifras.

—Los ciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta euros salieron de la cuenta —dijo Nuria—.

La orden se cursó el miércoles a las dieciséis catorce, como indicaba el documento que Gabriel llevaba en el coche, y el cargo bancario se hizo efectivo el jueves a primera hora.

La entidad confirma su ejecución y no registra ninguna devolución posterior hasta la fecha de la respuesta.

Me acerqué al monitor.

El extracto mostraba el adeudo a las ocho y veintiún minutos del jueves, con destino a la cuenta identificada en la orden y Cauce Proyectos como beneficiaria.

—¿Se solicitó anular la transferencia?

—El banco no tiene registrada ninguna revocación de esa operación. Eso es lo interesante, porque el jueves a las diecinueve once alguien guardó una versión contable donde figuraba como retenida y pendiente de documentación. Para entonces, el dinero llevaba varias horas fuera de la cuenta.

Molina recuperó sus gafas.

—Así que Gabriel tenía razón al señalar que había que comprobar el banco. Si alguien quería presentar la operación como retenida, se encontraba con un problema: el dinero ya había salido.

—Tenemos acreditado el cargo —precisó Nuria—. Para confirmar otros extremos de la recepción necesitaremos documentación de la entidad destinataria. Pero en la cuenta de origen no existe una devolución que justifique retirar ese importe de las disposiciones ejecutadas.

Examiné la relación de operaciones.

—¿Quién autorizó el pago?

Nuria abrió el registro de validaciones electrónicas.

—La orden se preparó desde un perfil operativo del departamento financiero.

La aprobación final se realizó mediante una credencial nominativa asociada a Pablo Gomis, que figura entre los apoderados autorizados para determinadas operaciones de la sociedad.

El banco ha facilitado también los datos de autenticación, aunque todavía debemos comprobar las circunstancias de su utilización.

Molina se volvió hacia mí.

—Gomis ha dedicado bastante tiempo a explicarnos los perjuicios que le ocasionaba Gabriel con la compraventa suspendida. Conviene preguntarle por qué autorizó un pago de esta cuantía a una empresa de estudios de viabilidad.

—¿Hay otros movimientos destinados a Cauce Proyectos?

Nuria abrió el extracto completo.

Había localizado una transferencia anterior de sesenta y tres mil quinientos veinte euros, realizada la semana previa al asesinato. La referencia era OP-389 y el concepto mencionaba una primera fase de estudios de viabilidad.

Ambas cantidades sumaban ciento noventa mil euros.

—Los dos pagos aparecen vinculados al mismo proveedor —explicó—.

El primero está contabilizado como ejecutado y conciliado.

El segundo desaparece de las disposiciones en la versión modificada del jueves.

Necesitamos comprobar si corresponden a un mismo contrato y por qué recibieron tratamientos diferentes.

Molina señaló la columna de importes.

—Me interesa saber qué estudio cuesta ciento noventa mil euros y quién decidió contratarlo. Sobre todo, si Gabriel estaba revisando personalmente las operaciones.

Pedí copias de los movimientos y de los registros de autorización. Después propuse consultar a Ferrer antes de volver a hablar con Gomis.

Esta vez Molina estuvo de acuerdo sin discutir.

Encontramos a Julián Ferrer en una sala de reuniones de su despacho, rodeado de documentos correspondientes a otros clientes. Nos hizo pasar y apartó una carpeta para dejar espacio sobre la mesa.

—La auditoría de Lozano Inversiones sigue pendiente de formalizarse con los responsables actuales —explicó cuando mencioné el asunto—.

Gabriel quería comenzar el viernes después de su muerte.

La empresa no llegó a facilitarnos los archivos necesarios y, desde entonces, sus representantes han estado discutiendo quién puede autorizar el encargo.

Puedo examinar la documentación que ustedes me muestran, pero eso no sustituye una auditoría completa.

Le entregué los movimientos bancarios y las dos versiones de OP-417.

Ferrer comenzó por las fechas.

—Aquí hay una diferencia que debe aclararse.

La primera transferencia aparece ejecutada y conciliada.

La segunda también se ejecutó, según la documentación bancaria, pero después se cambió su clasificación interna.

Si el departamento pretendía corregir una operación improcedente, tenía que dejar constancia de la gestión realizada para recuperar los fondos o justificar su tratamiento contable.

—En el historial figura una anulación pendiente de conciliación —recordé.

—Esa expresión describe una situación administrativa, pero no demuestra que se solicitara una anulación al banco.

Tampoco equivale a una devolución. En una auditoría pediría el expediente completo de la operación, con las comunicaciones de la entidad y la explicación firmada por quien ordenó modificar su estado.

Ferrer colocó los justificantes uno junto al otro.

—Lo que más me interesa, sin embargo, es la relación entre ambos pagos.

El primero podría corresponder a un anticipo y el segundo a un desembolso posterior de un mismo contrato.

Sus cantidades suman ciento noventa mil euros, una cifra suficientemente importante para exigir una justificación precisa del servicio contratado.

—¿Le parece excesiva? —preguntó Molina.

—Desconozco el trabajo encargado. Un estudio de viabilidad puede tener un coste elevado si incluye distintas sociedades, terrenos, trámites urbanísticos y análisis financieros.

Lo que necesito comprobar es quién pidió ese estudio, qué debía entregarse y cómo se aprobó el presupuesto.

Sin conocer esas condiciones, discutir si el importe es razonable nos llevaría a una conclusión poco útil.

Se levantó para buscar una hoja de trabajo y escribió las dos referencias.

—Hay otra cuestión. La segunda operación se modificó el jueves por la tarde, después de que Gabriel ordenara suspender determinadas disposiciones.

Eso puede responder a un intento legítimo de regularización, pero también puede ocultar un pago que ya no convenía mostrar como ejecutado.

La diferencia está en los documentos que respaldan esa corrección.

—El banco confirma que el dinero salió —respondí—. Queremos saber quién decidió presentar después una situación distinta.

Ferrer miró la referencia de la credencial utilizada para aprobar OP-417.

—Pablo Gomis tendrá que explicar su autorización. Pero la persona que aprobó el pago no tiene por qué ser la misma que modificó posteriormente la contabilidad. Conviene examinar por separado ambas responsabilidades.

Guardé la observación.

—Necesitaremos también el contrato con Cauce Proyectos y los trabajos realizados.

—Y las comunicaciones anteriores al pago —añadió Ferrer—.

Gabriel encargó una auditoría porque consideraba que algunas operaciones carecían de una documentación suficientemente clara.

Si ese problema afectaba a estas transferencias, es posible que hubiera pedido explicaciones antes del jueves.

Busquen quién respondió y qué le entregó.

Aquella recomendación nos llevó de nuevo a las oficinas de Lozano Inversiones.

Raquel estaba organizando documentación en una sala pequeña cuando Laura nos acompañó hasta allí.

Había tres archivadores abiertos sobre una mesa y varias carpetas preparadas para su traslado. La auxiliar nos reconoció enseguida y dejó el documento que estaba clasificando.

—Supongo que vienen por las cuentas que pidió Gabriel. Inés nos ha dicho que facilitemos toda la información que soliciten formalmente, aunque hay documentos que todavía estamos intentando localizar porque el departamento está reorganizando los archivos.

Le expliqué que queríamos conocer qué documentación se había preparado sobre Cauce Proyectos y quién había trabajado con las dos transferencias.

Raquel consultó un índice.

—Las órdenes bancarias las preparábamos desde administración, pero las autorizaciones correspondían a otras personas.

Yo registraba las referencias y archivaba los justificantes cuando recibíamos la confirmación.

En ocasiones los documentos tardaban en llegar y teníamos que dejar los expedientes abiertos hasta completar la conciliación.

—¿Recuerda la operación OP-417?

—La recuerdo porque Gabriel preguntó por ella el jueves. Quería el justificante del banco y el contrato de los estudios. Le expliqué que el pago aparecía en la relación de operaciones, pero que yo no tenía acceso a todos los documentos de autorización.

—¿Con quién habló después? —preguntó Molina.

Raquel cerró el archivador.

—Con Inés. Tuvieron una discusión aquella tarde y volvieron a hablar al terminar la jornada.

Yo estaba recogiendo documentos cuando Gabriel entró en su despacho.

Escuché parte de la conversación porque la puerta quedó abierta, aunque preferiría que no me pidieran repetir palabras que no recuerdo exactamente.

—Cuéntenos lo que pueda recordar con seguridad —respondí—. Después distinguiremos lo que oyó de lo que ha sabido posteriormente.

Raquel se sentó frente a nosotros.

—Gabriel estaba enfadado porque no encontraba una justificación que considerara suficiente.

Recuerdo que mencionó una cantidad superior a cien mil euros y dijo que quería ver el cargo bancario, no solamente una relación preparada por el departamento.

Inés le respondió que había varias operaciones pendientes de conciliación y que necesitaba revisar la documentación antes de darle una explicación definitiva.

—¿Hablaron de una anulación? —pregunté.

—Oí que Gabriel preguntaba por qué aparecía una operación como retenida si anteriormente estaba cursada. Inés dijo que estaban revisando cómo debía figurar mientras comprobaban las autorizaciones. Después cerraron la puerta y seguí trabajando.

Molina consultó la hora de la modificación documental.

—La versión que hemos recuperado se guardó a las diecinueve once. ¿Puede situar aquella conversación?

—Fue después, aproximadamente a las siete y media. Yo tenía que terminar una relación de pagos y todavía estaba allí. Al salir vi a Gabriel en el pasillo. Me pidió que no eliminara ninguna versión anterior de los archivos, aunque después alguien corrigiera las cantidades.

Raquel comenzó a ordenar los papeles que había dejado sobre la mesa.

—Quiero explicar algo. Inés ha insistido siempre en que conservemos las versiones originales.

Cuando hay una diferencia, prefiere que conste quién hizo cada cambio antes de presentar una relación corregida.

Por eso me sorprendió que Gabriel estuviera tan enfadado.

Hasta aquella semana había confiado en su trabajo.

—¿Y usted? —pregunté—. ¿Había observado alguna operación que le pareciera irregular?

Raquel tardó un momento en responder.

—Había documentos pendientes, como ocurre en cualquier departamento.

Lo que empezó a preocuparme fue que Gabriel pidiera justificantes que nosotros no teníamos completos.

Si un pago se ha realizado, debe existir una orden y una autorización.

Pero yo no puedo comprobar quién utilizó una credencial bancaria ni decidir si un estudio contratado se corresponde con un servicio real.

Mi trabajo consiste en registrar lo que recibimos, y últimamente parecía que cualquiera podía responsabilizarnos de lo que faltaba.

—¿Ha hablado con Inés sobre estas diferencias desde el asesinato?

—Sí. Me dijo que no firmara ninguna explicación que excediera mis funciones. También que, si ustedes necesitaban mi declaración, la hiciera directamente. Agradezco que me proteja, pero estoy cansada de que todo el mundo discuta sobre nuestros registros como si los hubiéramos inventado nosotros.

Le propuse que formalizáramos su testimonio sin la presencia de responsables de la empresa y le expliqué que necesitábamos conservar las comunicaciones internas relacionadas con ambas operaciones.

Aceptó, aunque pidió consultar primero qué documentos podía entregar personalmente y cuáles debían solicitarse a la sociedad.

Antes de marcharnos, señaló uno de los archivadores.

—Ahí están las relaciones de pagos que se prepararon para Gabriel. He separado las distintas versiones porque él pidió expresamente que no se sustituyera ninguna. Si encuentran una diferencia, al menos podrán saber en qué documento apareció.

Al regresar al coche, Molina dejó su copia de la documentación sobre el asiento trasero.

—Raquel ha confirmado que Gabriel discutió con Inés por una operación cuya clasificación había cambiado. Eso enlaza con la anotación de la carpeta azul y con el movimiento bancario. Ahora tenemos algo más que una sospecha general sobre las cuentas.

—Y también sabemos que la autorización bancaria corresponde a una credencial vinculada a Gomis. Quiero que nos explique qué servicio estaba aprobando y qué documentación recibió antes de validar el pago.

Molina apoyó una mano sobre el volante, pero todavía no arrancó.

—Llevamos días estudiando las dificultades económicas de Gomis como si fueran el único motivo por el que podía estar enfrentado a Gabriel.

Ahora aparece autorizando una transferencia importante que el departamento financiero dejó después fuera de las disposiciones ejecutadas.

Me parece que tenemos razones para ampliar las preguntas.

—Las tenemos. Aunque no voy a tratar una autorización bancaria como una prueba de apropiación hasta que sepamos qué ocurrió con el contrato y con el dinero.

—Eso ya lo sé, Sergio. Lo que digo es que hemos dedicado mucho tiempo a reconstruir dónde podía estar cada sospechoso y quizá no suficiente a averiguar qué estaban intentando proteger.

Molina tenía razón en una parte importante.

Hasta entonces habíamos examinado las cuentas para buscar motivos. Ahora los movimientos nos permitían formular preguntas concretas sobre decisiones tomadas antes de la muerte de Gabriel.

—Quiero hablar con Gomis personalmente —dije—. Y esta vez no empezaremos por la compraventa ni por su aval. Empezaremos por las dos transferencias a Cauce Proyectos.

Molina arrancó.

—Me parece bien. Si autorizó el segundo pago, tendrá que explicar qué conocía del primero y por qué consideró justificada aquella operación.

Antes de incorporarnos al tráfico, revisé las copias que llevaba sobre las rodillas.

El banco había confirmado la salida de los 126.480 euros. La empresa había dejado de incluirlos entre las disposiciones ejecutadas. Una auxiliar recordaba que Gabriel exigió explicaciones por aquella diferencia, y una autorización electrónica vinculaba a Gomis con el pago.

Guardé los documentos cuando Molina se detuvo en un semáforo.

Todavía faltaba conocer qué había recibido Lozano Inversiones a cambio de los ciento noventa mil euros.

Pero ya teníamos a quién preguntárselo.