7.5 El caso particular de Portugal
Dinis I ante la desaparición del Temple
Cuando la Orden del Temple es suprimida en 1312, la situación portuguesa es ya muy diferente de la del Reino de Francia.
Los templarios están establecidos en Portugal desde hace casi dos siglos y su historia está estrechamente vinculada primero a la formación y después a la expansión del reino.
Sus castillos, tierras y encomiendas no constituyen únicamente un patrimonio religioso: pertenecen a un sistema territorial que durante mucho tiempo ha participado en la defensa, el poblamiento y la administración de las regiones conquistadas durante la Reconquista.
Tomar, Almourol, Castelo Branco, Soure, Pombal y otras posesiones están así integrados en la propia historia de la monarquía portuguesa.
Dinis I, que reina desde 1279, conoce perfectamente esta situación.
Antes de la crisis europea del Temple, sus relaciones con la orden no tienen, además, nada de hostil por principio.
Confirma varios de sus privilegios, interviene en su favor en determinados conflictos y recompensa en varias ocasiones a Vasco Fernandes, último Maestre del Temple en Portugal.
Pero cuando el asunto desencadenado en Francia alcanza la península ibérica, el rey modifica su política.
Su objetivo no consiste simplemente en proteger a los templarios frente a Felipe IV o al papado.
También intenta impedir que un patrimonio considerable escape al control político del reino.
Esta distinción es esencial. La tradición portuguesa ha presentado en ocasiones a Dinis I como un soberano que habría salvado a los templarios por fidelidad a los servicios que habían prestado en el pasado.
La realidad documental es más compleja. El rey se muestra indiscutiblemente mucho menos represivo con los hombres que Felipe IV, pero aprovecha también la crisis para reforzar su dominio sobre sus posesiones.
Desde los años 1307 a 1310 se inician procedimientos judiciales para determinar si determinadas villas, tierras y fortalezas entregadas antiguamente al Temple no deberían regresar a la Corona.
El destino de los hombres y el de los bienes siguen, por tanto, dos lógicas que no deben confundirse. Dinis I no desarrolla contra los hermanos una política comparable a la de la monarquía francesa, pero tampoco abandona en absoluto sus pretensiones sobre su patrimonio.
Bienes puestos bajo control incluso antes de la supresión
En el momento en que el Temple desaparece oficialmente, una parte de su patrimonio portugués se encuentra ya en una situación jurídica compleja.
Entre 1307 y 1310, la monarquía intenta establecer que varias posesiones habían sido concedidas a los templarios para prestar determinados servicios al rey y al reino, especialmente la defensa del territorio y la guerra contra los musulmanes.
Si estas donaciones eran consideradas condicionales, la desaparición de la orden podía permitir reclamar su regreso a la Corona.
Una comisión formada por prelados, juristas y hombres próximos al poder real examina así varios litigios.
El 27 de noviembre de 1309, una decisión atribuye especialmente a Dinis I las villas y castillos de Soure, Pombal, Ega y Redinha.
Otras investigaciones afectan a Idanha-a-Velha y Salvaterra.
Los templarios impugnan la legitimidad de algunos de estos procedimientos y la cuestión dista mucho de quedar resuelta.
Esta política no debe interpretarse como una confiscación general y definitiva.
El rey puede controlar o administrar los bienes sin que el papado reconozca por ello que se ha convertido en su propietario.
Este es precisamente uno de los desafíos de los años siguientes.
La Corona intenta transformar un dominio de hecho en un derecho jurídicamente defendible; la Santa Sede pretende conservar su autoridad sobre el destino de un patrimonio perteneciente a una orden religiosa.
Dinis I actúa también en el terreno diplomático.
El 21 de enero de 1310, Fernando IV de Castilla le propone un acuerdo destinado a impedir que las posesiones templarias de sus respectivos reinos sean transferidas fuera de su jurisdicción.
Dinis responde favorablemente mediante un acto establecido en Frielas el 14 de abril de 1310.
El texto establece que ambos soberanos defenderán los bienes del Temple si el papado intenta atribuirlos de una manera contraria a sus intereses.
También se contempla la posibilidad de que Jaime II de Aragón se adhiera al acuerdo.
Encontramos aquí la lógica ya observada en la Corona de Aragón.
Incluso antes de que se decida el destino definitivo del Temple, varias monarquías ibéricas intentan impedir que una decisión pontificia refuerce excesivamente una institución exterior a su control.
No se trata de defender a cualquier precio la existencia jurídica del Temple, sino de conservar dentro de los reinos los recursos militares y territoriales que poseía.
La excepción portuguesa prevista por Ad providam
Cuando Clemente V promulga Ad providam el 2 de mayo de 1312, los esfuerzos diplomáticos ibéricos producen un resultado decisivo.
Como hemos visto, las posesiones situadas en Portugal, Castilla, Aragón y Mallorca quedan exceptuadas de la transferencia general a los Hospitalarios.
Su destino permanece reservado a la Santa Sede.
Para Dinis I, esta excepción constituye un éxito importante, pero todavía no una victoria definitiva.
El rey ha impedido que las posesiones portuguesas sean reunidas automáticamente con las del Hospital de San Juan de Jerusalén.
Sin embargo, no ha conseguido que el papado reconozca su pertenencia a la Corona.
Clemente V lo recuerda algunos meses más tarde.
El 23 de agosto de 1312, mediante la carta Dum fili carissime, el papado vuelve sobre la cuestión de los bienes ibéricos y pide a los soberanos afectados que precisen las soluciones que pretenden proponer.
La excepción de mayo no constituye, por tanto, un abandono de los derechos pontificios. Abre un período de negociación.
La dificultad es fundamental. Los bienes del Temple habían sido donados a una institución religiosa aprobada por la Iglesia.
Su supresión no transforma automáticamente estas propiedades eclesiásticas en dominio real.
Dinis I puede sostener que determinadas donaciones estaban vinculadas al servicio del reino, administrar los ingresos y hacer valer derechos de reversión, pero no puede crear jurídicamente por sí solo un nuevo heredero del Temple.
Durante varios años, el patrimonio permanece así en una situación intermedia.
Ya no pertenece a una Orden del Temple que ha dejado de existir, no ha sido entregado a los Hospitalarios y la Corona no ha obtenido del papado el reconocimiento de una propiedad general.
Este período comprendido entre 1312 y 1319 es precisamente aquel en el que se construye progresivamente la solución portuguesa.
Las investigaciones de 1314 y el intento de legitimar los derechos de la Corona
Dinis I continúa entonces una estrategia judicial.
En abril de 1314 se lleva a cabo una importante investigación bajo la autoridad de João Pais de Soure y otros oficiales reales en varias antiguas posesiones templarias, especialmente en Soure, Castelo Branco, Montalvão y Nisa.
Veinticinco preguntas intentan determinar, entre otras cosas, el origen de las tierras, las condiciones en las que los soberanos portugueses las habían entregado al Temple y los servicios que los hermanos debían prestar a cambio a la monarquía.
El objetivo político resulta claro: demostrar que los castillos, villas y dominios no habían sido cedidos definitivamente por los reyes a una institución completamente independiente, sino confiados a los templarios para que utilizaran sus ingresos al servicio de la Corona y de la defensa del reino.
Según esta lógica, la desaparición de la orden podía justificar su regreso al soberano.
Sin embargo, los testimonios recogidos presentan una dificultad que el historiador debe tener en cuenta.
Varios descansan en la memoria local, la reputación y las tradiciones orales más que en la presentación de documentos originales de la época de las donaciones.
Su valor para comprender la manera en que la orden era percibida en el Portugal de comienzos del siglo XIV es considerable, pero no todos constituyen pruebas jurídicas equivalentes a las cartas de fundación.
El papado no parece, además, haber reconocido estas investigaciones como una demostración definitiva de la propiedad real.
Las conclusiones de los procedimientos desarrollados desde 1307 no habían bastado para resolver la cuestión antes de la muerte de Clemente V, el 20 de abril de 1314.
La vacante de la Santa Sede que sigue, hasta la elección de Juan XXII en agosto de 1316, prolonga todavía más la incertidumbre.
Este punto matiza considerablemente la imagen de un Dinis I que simplemente se habría apoderado de los bienes templarios para después imponer su voluntad a Roma.
El soberano controla una parte importante del patrimonio y percibe sus ingresos, pero la solución definitiva continúa dependiendo de una decisión pontificia.
Las investigaciones recientes insisten precisamente en este carácter mucho menos lineal del proceso.
Antiguos templarios todavía presentes en Portugal
La documentación de estos años permite también encontrar a varios antiguos hermanos después de la supresión de su orden.
Las investigaciones de 1314 interrogan especialmente a hombres que habían pertenecido al Temple.
Uno de los casos más notables es el de André Gonçalves de Pombal, antiguo hermano que había estado presente en San Juan de Acre durante la caída de la ciudad en 1291.
Más de veinte años después de aquel acontecimiento, todavía aparece en las fuentes portuguesas como testigo de la historia y de las prácticas de la orden.
Otros antiguos templarios son también identificables en Soure, Nisa o Tomar.
João Domingues, llamado Boto, Domingos Martins, Afonso Martins, Mateus Martins o incluso Gonçalo Fernandes, antiguo comendador de varias casas, demuestran que los hombres no desaparecieron con la institución.