7.2 El destino de los bienes en Europa

Un patrimonio sin propietario institucional

La supresión del Temple en 1312 no hace desaparecer ni sus tierras ni sus edificios.

Cuando la orden deja jurídicamente de existir, sus encomiendas continúan explotando campos, los molinos produciendo ingresos, las iglesias atendiendo a las comunidades y los castillos controlando determinados territorios.

Desde las detenciones de 1307-1308, una gran parte de estos bienes se encuentra ya bajo la custodia de las monarquías o de sus representantes.

El problema consiste ahora en determinar a quién debe corresponder un patrimonio acumulado durante casi dos siglos mediante donaciones, compras, intercambios y privilegios concedidos a una institución que ya no existe.

Debe descartarse inmediatamente la imagen de un «tesoro templario» constituido esencialmente por oro y plata.

La riqueza del Temple es ante todo territorial y señorial.

Comprende miles de parcelas, dominios agrícolas, casas urbanas, bosques, pastos y viñedos, molinos, hornos y prensas, rentas, diezmos y censos, iglesias y capillas, derechos de justicia o de mercado, así como varias fortalezas.

A ello se añaden muebles, ganado, reservas, objetos litúrgicos, créditos y archivos.

La supresión obliga, por tanto, menos a abrir un cofre que a redistribuir un inmenso conjunto de derechos y propiedades dispersos por toda la cristiandad.

Ad providam y el principio de la transferencia a los Hospitalarios

El 2 de mayo de 1312, Clemente V establece la regla general mediante la bula Ad providam.

Con la aprobación del concilio, entrega, une e incorpora a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén las antiguas posesiones del Temple: encomiendas, iglesias, capillas, castillos, ciudades, tierras, granjas, jurisdicciones, ingresos, derechos,

bienes muebles e inmuebles y privilegios vinculados a estas posesiones.

El objetivo declarado es conservar, en la medida de lo posible, su destino religioso y militar.

Los bienes que habían sido donados para sostener la defensa de Tierra Santa deben continuar sirviendo a esta finalidad dentro de otra orden militar.

La transferencia no constituye una fusión entre el Temple y el Hospital.

El Temple ha sido suprimido; sus dignidades, su regla propia, su hábito y su organización no son incorporados a la Orden de San Juan.

Son los bienes y los derechos patrimoniales los que deben cambiar de titular.

Los antiguos templarios siguen, como acabamos de ver, un procedimiento distinto y no se convierten automáticamente en Hospitalarios.

La distinción entre patrimonio y personal es, por tanto, fundamental.

Ad providam contempla también importantes excepciones.

Los bienes situados en los reinos de Castilla, Aragón, Portugal y Mallorca quedan excluidos de la transferencia general y reservados a la Santa Sede a la espera de una resolución particular.

La península ibérica constituye así, desde el principio, un espacio aparte, porque las monarquías se niegan a permitir que fortalezas y dominios estratégicos pasen automáticamente al Hospital.

Volveremos sobre las soluciones adoptadas en Aragón y Portugal; por ahora basta con constatar que la regla pontificia de 1312 nunca fue aplicada universalmente de forma idéntica.

Poseer en derecho y poseer realmente

Incluso en los territorios donde Ad providam se aplica sin excepción, la transferencia jurídica no significa una entrega material inmediata.

Entre 1307 y 1312, reyes, oficiales, nobles y otros administradores han dispuesto de varios años para tomar posesión de los establecimientos templarios, explotar sus ingresos y, en ocasiones, redistribuir determinados dominios.

Cuando los Hospitalarios se presentan después del Concilio de Vienne, rara vez encuentran un patrimonio intacto que simplemente espere a su nuevo propietario.

El problema resulta especialmente visible en Inglaterra.

Eduardo II había ordenado incautar los bienes del Temple desde enero de 1308 y había confiado su administración a custodios reales.

Después de 1312, la Corona retrasa la aplicación de la decisión pontificia, mientras magnates y algunos herederos de antiguos donantes reclaman u ocupan diversas propiedades.

Los Hospitalarios deben emprender durante años gestiones jurídicas para recuperar aquello que se les ha atribuido.

Las investigaciones sobre los dominios ingleses muestran que el proceso continúa durante las décadas de 1320 y 1330, y que algunas posesiones nunca llegan realmente al Hospital.

La situación demuestra hasta qué punto una bula pontificia se enfrenta a las realidades de la propiedad.

Una tierra donada al Temple un siglo antes puede provocar la intervención de los descendientes del donante, que consideran que la desaparición de la orden debe implicar su regreso a la familia.

Un soberano puede considerar que un castillo posee tal importancia militar que no desea cederlo.

Un noble que haya recibido provisionalmente una mansión de la Corona puede negarse a desprenderse de ella.

El patrimonio templario se convierte entonces en objeto de procesos, negociaciones y transacciones que pueden prolongarse durante una generación.

La monarquía francesa y el precio de la transferencia

En Francia, Felipe IV no obtiene la propiedad general de los bienes del Temple.

Es un punto esencial. La incautación de 1307 había puesto el patrimonio bajo la autoridad del rey, pero este secuestro no le concedía automáticamente un título definitivo de propiedad.

Después de Ad providam, el destino jurídico normal es el Hospital.

Sin embargo, la monarquía francesa no abandona varios años de administración sin reclamar una compensación.

Felipe IV exige el pago de las cantidades que afirma haber gastado en la custodia de los bienes, el mantenimiento de los prisioneros y diversas operaciones relacionadas con el proceso.

Un acuerdo lleva a los Hospitalarios a aceptar una carga de aproximadamente 200.000 libras tornesas, una suma considerable, antes de la aplicación efectiva de la transferencia.

En marzo de 1313, el Parlamento de París adopta las disposiciones que permiten entregar una gran parte de las posesiones francesas a los representantes del Hospital.

Esto no significa que cada antiguo dominio templario sea transferido el mismo día.

Las situaciones locales siguen siendo complejas, pero en el Reino de Francia el principio de Ad providam se aplica ampliamente.

Encomiendas enteras pasan a los Hospitalarios y son progresivamente integradas en sus propias estructuras administrativas.

Algunas conservan durante mucho tiempo su origen visible, hasta el punto de que la palabra «Temple» sobrevivirá en la toponimia mucho después de la desaparición de la orden que les había dado origen.

El caso francés confirma, por tanto, una realidad diferente de la leyenda de una confiscación integral por Felipe IV.

El rey obtiene indiscutiblemente ingresos del secuestro, consigue una importante compensación financiera y controla durante varios años las antiguas posesiones.

Pero la mayor parte del patrimonio inmobiliario no es jurídicamente absorbida por el dominio real.

Encomiendas, tierras e ingresos cambian de red

Para los Hospitalarios, la herencia representa una transformación considerable.

Ya poseen su propia red de casas en Europa.

Recibir una antigua encomienda templaria situada cerca de un establecimiento hospitalario no significa necesariamente mantener dos administraciones completas una junto a otra.

Las nuevas posesiones pueden ser reunidas, subordinadas a una encomienda ya existente o, por el contrario, convertirse en el centro de una nueva circunscripción.

Se redibujan límites y se agrupan dominios anteriormente explotados por separado.

Esta reorganización explica por qué, algunos siglos después, resulta difícil determinar la extensión exacta de determinadas antiguas posesiones templarias observando únicamente las estructuras de la Orden de Malta.

Una propiedad que perteneció al Temple puede haber sido vinculada a una encomienda hospitalaria situada a varios kilómetros.

Una antigua casa principal puede perder su rango y convertirse en simple dependencia de un establecimiento vecino.

A la inversa, un dominio secundario puede ser desarrollado por sus nuevos propietarios y adquirir una importancia que nunca había tenido bajo los templarios.

Las tierras continúan produciendo. Los cultivadores no desaparecen con la orden.

Los contratos de tenencia, las rentas, las obligaciones señoriales y los derechos vinculados a los molinos o los pastos deben ser asumidos por los nuevos titulares.

Para la mayoría de la población que vive en estos dominios, la supresión del Temple significa, por tanto, ante todo un cambio de señor institucional.

Las cargas anteriormente debidas al comendador del Temple pasan a pagarse a un administrador real, a un Hospitalario o, según las regiones, a otra institución.

En teoría, los ingresos deben sostener las actividades hospitalarias y militares de la Orden de San Juan, establecida desde entonces en Rodas.

Una parte de lo que las tierras europeas del Temple producían para Acre o Chipre puede contribuir así al mantenimiento del poder hospitalario en el Mediterráneo oriental.

Existe, por tanto, una continuidad funcional parcial, pero pasa por una ruptura institucional completa.

Fortalezas e iglesias, bienes más difíciles de transferir

Las fortalezas plantean problemas particulares.

Una explotación agrícola puede transmitirse como una propiedad económica; un castillo constituye también un instrumento político y militar.

Precisamente por ello los soberanos ibéricos se oponen a una aplicación automática de Ad providam.

Transferir una fortaleza fronteriza no significa simplemente cambiar al beneficiario de una renta: puede otorgar a una orden internacional el control de una plaza estratégica, de sus murallas, de su potencial guarnición y, en ocasiones, del territorio que depende de ella.

Incluso en otros lugares, la importancia militar de una posesión puede provocar la intervención de la monarquía.