6.11 La supresión de la Orden del Temple

Vox in excelso, 22 de marzo de 1312

La decisión adoptada en Vienne el 22 de marzo de 1312 recibe su forma jurídica en la bula Vox in excelso.

El texto es decidido por Clemente V en consistorio privado y posteriormente hecho público durante la segunda sesión solemne del concilio, el 3 de abril.

Pone fin a una institución nacida casi dos siglos antes en Jerusalén: la Orden del Temple, su regla, su hábito y su nombre son suprimidos, y cualquier intento de reconstituir la orden o de llevar en adelante el hábito templario queda prohibido bajo pena de excomunión.

Sin embargo, es necesario leer con precisión la justificación ofrecida por el papa.

Clemente V no presenta Vox in excelso como la culminación de un proceso que hubiera demostrado jurídicamente que el Temple era una institución herética.

Reconoce, por el contrario, que no puede adoptarse la vía de una sentencia definitiva a partir de las investigaciones y procedimientos desarrollados hasta entonces.

Elige, por tanto, otra forma de intervención: la provisión y la ordenanza apostólicas, con la aprobación del concilio.

Esta distinción, aparecida ya durante los debates de Vienne, es fundamental.

El papa no afirma que todas las acusaciones sean falsas.

Recuerda las confesiones de numerosos hermanos y de los principales dignatarios, la sospecha que pesa sobre la orden y la magnitud del escándalo provocado en la cristiandad.

Pero el conjunto de estos elementos no desemboca en una sentencia judicial que establezca la culpabilidad colectiva del Temple.

Clemente considera que la reputación de la institución está desde entonces tan profundamente dañada que mantenerla provocaría todavía más escándalo y comprometería los objetivos religiosos para los que había sido creada.

La supresión descansa, por tanto, en la autoridad del papa para reorganizar una institución eclesiástica que, a sus ojos, se ha vuelto imposible de mantener, y no en una condena judicial de la orden por herejía.

Suprimir no es condenar

El matiz puede parecer técnico, pero modifica profundamente la manera en que debe relatarse el final del Temple.

Una condena judicial habría establecido que la orden, como institución, había sido declarada culpable de los delitos perseguidos desde 1307.

La supresión decidida por Clemente V significa otra cosa: la orden deja jurídicamente de existir porque el papa considera que su continuidad ya no es posible, independientemente de la ausencia de una sentencia definitiva sobre su culpabilidad institucional.

Sería, por tanto, inexacto escribir que Vox in excelso «condena a los templarios por herejía».

El texto suprime la orden. Los procedimientos dirigidos contra las personas, en cambio, pueden continuar.

Esta separación aparece explícitamente en la decisión pontificia: los hombres y los bienes quedan reservados a disposición de la Santa Sede, mientras los procedimientos ya iniciados o todavía pendientes contra los distintos hermanos siguen siendo válidos.

La desaparición de la institución no elimina, por tanto, los procesos individuales, pero tampoco transforma a todos sus antiguos miembros en herejes jurídicamente condenados.

Esta solución permite a Clemente V resolver el callejón sin salida creado en Vienne.

El concilio no quiso pronunciar una condena sin permitir que la orden se defendiera, mientras que un simple regreso a la situación anterior parece política e institucionalmente irrealizable.

Felipe IV obtiene la desaparición del Temple, pero no consigue una sentencia eclesiástica que proclame que las acusaciones que había formulado en 1307 han quedado íntegramente demostradas.

Esta diferencia explica también por qué debe hablarse de supresión canónica, o de supresión mediante provisión apostólica, en lugar de una condena criminal colectiva.

¿Qué ocurre entonces con el patrimonio?

La desaparición jurídica de la orden plantea inmediatamente una cuestión considerable.

Durante casi dos siglos, los templarios han acumulado encomiendas, castillos, casas urbanas, tierras, iglesias, molinos, pastos, créditos, derechos señoriales y otros bienes en una gran parte de la cristiandad.

Desde las detenciones de 1307 y las medidas adoptadas posteriormente en los distintos reinos, buena parte de este patrimonio se encuentra ya bajo secuestro.

Los soberanos o sus agentes lo administran, perciben en ocasiones sus ingresos y asumen los gastos relacionados con los dominios y los prisioneros.

Pero esta administración temporal no significa que los bienes les pertenezcan.

La situación jurídica es clara en principio: las donaciones habían sido realizadas a una institución religiosa para sostener una misión reconocida por la Iglesia, principalmente la defensa de Tierra Santa.

La desaparición del beneficiario no transforma, por tanto, automáticamente los dominios en propiedades de las monarquías que los ocupan.

Clemente V reserva inicialmente el conjunto de los bienes a la decisión de la Santa Sede para que continúen, en la medida de lo posible, sirviendo al objetivo para el que habían sido donados.

También se había debatido otra posibilidad: utilizar los bienes del Temple para crear una nueva orden militar.

Algunos participantes en el concilio se muestran favorables a esta solución.

Clemente V elige finalmente una opción más sencilla, consistente en reforzar una institución ya existente y que continúa comprometida con la defensa de la cristiandad oriental.

Ad providam, 2 de mayo de 1312

El 2 de mayo de 1312, poco más de un mes después de Vox in excelso, Clemente V promulga Ad providam.

La bula atribuye en principio a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén la casa del Temple y el conjunto de sus encomiendas, iglesias, capillas, castillos, tierras, granjas, posesiones, jurisdicciones, ingresos, derechos y demás bienes muebles e inmuebles.

Los privilegios y derechos vinculados a este patrimonio deben seguir el mismo destino.

La elección del Hospital posee una lógica evidente.

La orden existe desde antes que el Temple y también ha desarrollado una vocación militar en Oriente.

Después de la pérdida de Tierra Santa, continúa destinando hombres y recursos al Mediterráneo oriental y se establece de forma duradera en Rodas a comienzos del siglo XIV.

Transferir los recursos templarios a los Hospitalarios permite, por tanto, desde el punto de vista del papado, mantener su destino religioso y militar en lugar de dejarlos ser absorbidos por los tesoros de los soberanos.

La operación no debe presentarse como una fusión entre ambas órdenes.

El Temple no es incorporado colectivamente al Hospital.

Su nombre, su hábito y su estructura han sido suprimidos.

Son principalmente sus bienes y sus derechos los que deben ser transferidos a los Hospitalarios.

Los antiguos templarios no se convierten automáticamente en caballeros de San Juan.

Su destino personal corresponde a un procedimiento distinto.

Tampoco debe imaginarse que, al caer la tarde del 2 de mayo, todas las antiguas encomiendas templarias de Europa cambian efectivamente de propietario. Ad providam establece un principio jurídico general. Su aplicación práctica tardará en ocasiones varios años.

Los Hospitalarios frente a los soberanos

En numerosos territorios, los bienes se encuentran entonces en manos de las autoridades reales o de señores que no tienen ninguna intención de abandonarlos inmediatamente.

Algunas familias de donantes sostienen también que la desaparición del Temple debería provocar el retorno de las tierras a sus antiguos propietarios o a sus herederos.

Los Hospitalarios deben, por tanto, reclamar casa por casa la ejecución de la decisión pontificia.

Inglaterra ofrece un ejemplo especialmente claro.

Eduardo II había ordenado incautar las posesiones templarias desde 1308 y la Corona, la nobleza y algunos descendientes de donantes oponen posteriormente distintas pretensiones a la transferencia.

La entrega a los Hospitalarios se convierte en un proceso largo y litigioso que se prolonga mucho más allá de 1312.

El hecho de que Clemente V haya atribuido jurídicamente los dominios no basta, por tanto, para concederles inmediatamente la posesión real de cada campo, molino o encomienda.

La situación francesa es igualmente compleja.

Felipe IV controla los bienes desde octubre de 1307 y la monarquía reclama el reembolso de los gastos que afirma haber realizado para su administración, la custodia de los prisioneros y el desarrollo del procedimiento.

Los Hospitalarios deberán negociar con la Corona antes de poder tomar plenamente posesión de una parte de la herencia templaria.

La supresión no entrega, por tanto, simplemente «el tesoro del Temple» a Felipe IV, pero el rey ha dispuesto efectivamente durante varios años de los ingresos y de la administración de un patrimonio situado bajo su control,

y su gobierno intenta después obtener una compensación antes de desprenderse de él.

Esta resistencia demuestra los límites prácticos de la autoridad pontificia. Clemente V puede determinar jurídicamente el destino de los bienes. Su restitución efectiva depende después de las relaciones de fuerzas entre el Hospital, las monarquías, los prelados y los poseedores locales.

Las grandes excepciones ibéricas

Ad providam contiene, sobre todo, una excepción que tendrá consecuencias considerables para la continuación de nuestra historia.

Los bienes del Temple situados en los territorios de los reyes de Castilla, Aragón, Portugal y Mallorca quedan excluidos de la transferencia general a los Hospitalarios.

Su destino permanece reservado a la Santa Sede hasta que se adopte una solución particular.

Esta decisión no debe interpretarse como un olvido.

En la península ibérica, las antiguas posesiones templarias comprenden castillos y dominios que han desempeñado un papel directo en la defensa y la organización de las fronteras.

Los soberanos no desean que un simple acto pontificio transfiera automáticamente estas posiciones al Hospital sin tener en cuenta los equilibrios políticos de sus reinos.