6.10 El Concilio de Vienne #2

Esta distinción permitirá finalmente la supresión sin condena judicial por herejía.

Felipe IV exige la desaparición del Temple

Para el rey de Francia, una reanudación completa del proceso representa un riesgo político considerable.

Desde octubre de 1307, Felipe IV afirma públicamente haber descubierto una de las herejías más graves de su tiempo.

Sus oficiales han detenido a centenares de hombres, administrado sus bienes y difundido las confesiones obtenidas.

Cincuenta y cuatro defensores de la orden han sido quemados en París.

Cuatro años más tarde, restablecer el Temple o reconocer que las pruebas no bastan para condenarlo plantearía inevitablemente la cuestión de la legitimidad de toda la operación francesa.

El gobierno real continúa, por tanto, reclamando la desaparición de la orden.

Las presiones aumentan durante el invierno de 1311-1312.

Representantes franceses negocian con el papa, la monarquía moviliza nuevamente sus argumentos religiosos y políticos, y Felipe reúne en Lyon una asamblea destinada a manifestar el apoyo de su reino a su posición.

El 20 de marzo de 1312, el propio rey llega a Vienne acompañado de un importante séquito que incluye especialmente a sus tres hijos y a sus hermanos Charles de Valois y Louis d'Évreux.

Sería excesivo describir esta llegada como un cerco militar del concilio destinado a amenazar físicamente a los prelados.

Pero sería igualmente artificial sostener que carece de significado político.

Felipe IV se desplaza personalmente en el preciso momento en que Clemente V debe elegir entre prolongar un proceso incierto y poner fin a un asunto que enfrenta desde hace varios años a la monarquía francesa con el papado.

22 de marzo de 1312: otra vía jurídica

El 22 de marzo de 1312, Clemente V reúne en Vienne un consistorio privado formado por cardenales y otros eclesiásticos. Elige entonces una solución diferente de una condena judicial por herejía. Decide suprimir la orden mediante provisión y ordenanza apostólica.

La diferencia no es un simple detalle terminológico.

Una condena judicial habría afirmado que la culpabilidad institucional de la orden había quedado demostrada mediante el proceso.

La solución elegida se basa en otra lógica: el escándalo se ha vuelto irreparable, la reputación del Temple está destruida, su funcionamiento normal parece ya imposible y los bienes inicialmente consagrados a la defensa de Tierra Santa deben recibir un nuevo destino.

Clemente utiliza, por tanto, su autoridad sobre las instituciones religiosas para poner fin a la existencia del Temple sin declarar que el procedimiento judicial haya demostrado su herejía.

Felipe IV obtiene políticamente aquello que reclama desde hace varios años: la orden no sobrevivirá. Clemente evita, en cambio, pronunciar una condena definitiva que la mayoría del concilio no considera jurídicamente posible sin escuchar una defensa.

El concilio no condenó al Temple por herejía

Este punto debe formularse con la mayor precisión.

El Concilio de Vienne no dictó una sentencia que estableciera que la Orden del Temple era culpable de herejía.

Tampoco dictó una sentencia que declarara inocente a la orden.

El procedimiento judicial permanece inconcluso sobre esta cuestión.

La amplia mayoría favorable a escuchar una defensa no constituye, por tanto, una absolución, pero demuestra que las pruebas disponibles no se consideran suficientes para condenar legalmente a la orden sin continuar el debate.

Clemente elige cambiar de terreno jurídico.

El Temple no será suprimido porque una jurisdicción haya demostrado que constituye una secta herética.

Será suprimido porque el papa considera que su continuidad se ha vuelto perjudicial, impracticable o peligrosa para la Iglesia y para los objetivos a los que estaba destinado su patrimonio.

Decir que «el Concilio de Vienne declaró herejes a los templarios» es, por tanto, falso.

Decir que los declaró inocentes pero que Felipe IV obligó al papa a ignorar ese veredicto es igualmente falso.

La realidad es más compleja: el procedimiento no permite obtener la condena judicial deseada, pero la situación política e institucional conduce, sin embargo, a la desaparición de la orden.

Una decisión pontificia anunciada en el concilio

La supresión decidida el 22 de marzo se hace pública el 3 de abril de 1312, durante la segunda sesión solemne del concilio, en presencia de Felipe IV y de sus hijos.

El texto pontificio es leído ante la asamblea.

El papa presenta su decisión como adoptada con la aprobación del concilio, pero la forma jurídica elegida sigue siendo pontificia.

No se trata de una sentencia dictada después de un proceso contradictorio que hubiera establecido la culpabilidad de la orden.

Clemente actúa en virtud de su poder apostólico para suprimir una institución eclesiástica cuya situación considera irremediable.

Esto no significa que Clemente V considere inocentes a todos los templarios.

Él mismo ha escuchado confesiones y cree manifiestamente que algunos hermanos cometieron faltas graves.

Los casos individuales siguen, además, sometidos a las jurisdicciones competentes, mientras que el de Jacques de Molay y los principales dignatarios permanece reservado a la autoridad pontificia.

La institución y los hombres siguen, por tanto, desde ese momento dos vías diferentes: la orden puede ser suprimida sin que cada uno de sus miembros sea condenado,

un hermano puede ser reconciliado con la Iglesia sin que el Temple sea restablecido y un dignatario puede haber confesado una falta sin que esta confesión baste para demostrar la existencia de una herejía institucional.

Una victoria política con límites precisos

El resultado constituye indiscutiblemente una victoria política para Felipe IV.

Había desencadenado la operación en 1307 sin autorización pontificia previa y reclamado después la desaparición de la orden.

En 1312, el Temple no será restablecido.

Pero el rey no obtiene todo lo que habría implicado una victoria judicial completa.

La Iglesia no proclama que Felipe hubiera demostrado ya en 1307 la existencia de una herejía institucional.

El papado conserva el control jurídico de la resolución, el destino de los hermanos sigue siendo un asunto eclesiástico y el de los principales dignatarios queda reservado al papa.

El patrimonio tampoco se convierte automáticamente en propiedad de la monarquía francesa.

Desde el 13 de octubre de 1307, Felipe IV administra una gran parte de los bienes del Temple en Francia, pero administrar propiedades puestas bajo secuestro no significa ser su propietario.

Cuando la orden desaparece, todavía debe determinarse a quién deben corresponder sus tierras, encomiendas, iglesias, créditos y demás posesiones.

Esta cuestión patrimonial constituye una de las consecuencias directas de la distinción jurídica establecida en Vienne.

El límite fundamental de la decisión de Vienne

Después de casi cinco años de procedimiento, el resultado puede parecer paradójico.

Centenares de templarios han sido interrogados, algunos han sido torturados, decenas han muerto en la hoguera o en prisión, se han desarrollado investigaciones en gran parte de Europa y cardenales, obispos, inquisidores, juristas y soberanos han participado en el asunto.

Sin embargo, al término de este proceso, la Iglesia no dicta la sentencia que Felipe IV parecía buscar desde 1307: una condena judicial de la Orden del Temple como institución herética.

Elige una solución canónica y administrativa.

El Temple desaparece no porque su herejía institucional haya sido jurídicamente demostrada, sino porque Clemente V considera que, después del escándalo, las confesiones, las sospechas y cuatro años de proceso, su continuidad ya no es posible ni deseable.

Este matiz no rehabilita retrospectivamente a todos los templarios ni demuestra que cada acusación fuera falsa.

Únicamente permite establecer exactamente aquello que la documentación autoriza a afirmar: la culpabilidad herética de la orden no quedó establecida mediante una sentencia definitiva del Concilio de Vienne.

La decisión de marzo de 1312 pone así fin a la existencia institucional del Temple sin resolver judicialmente la cuestión que había desencadenado todo el asunto.

Queda ahora examinar el texto que da a esta supresión su forma canónica, Vox in excelso, y después el destino reservado a los bienes de la orden.