Rávena y el rechazo de la tortura

El arzobispo de Rávena, Rinaldo da Concorezzo, dirige uno de los procedimientos más notables de todo el asunto. Jurista experimentado, se muestra especialmente desconfiado ante las confesiones obtenidas mediante coerción.

Las investigaciones se desarrollan en 1310 y 1311.

Son interrogados templarios procedentes especialmente de Piacenza, Bolonia y Faenza, además de testigos externos.

Los hermanos niegan las acusaciones. Cuando la cuestión de la tortura se plantea ante el concilio provincial reunido en Rávena en 1311, la mayoría rechaza que se utilice como medio para producir las confesiones buscadas.

La posición adoptada va más lejos. Los responsables consideran que quien ha confesado por miedo a la tortura y después se ha retractado no debe ser considerado automáticamente culpable.

Tienen incluso en cuenta el caso de quien no se atreve a retirar su confesión precisamente porque teme ser torturado nuevamente.

Este análisis resulta excepcional por su lucidez.

Rinaldo y su concilio no constatan la existencia de una herejía colectiva entre los templarios que examinan. Los hombres son tratados como inocentes de las acusaciones no demostradas, siguiendo los procedimientos canónicos correspondientes.

Clemente V se muestra descontento con este resultado.

El 27 de junio de 1311 pide que la investigación se reanude con mayor rigor y que se utilice la tortura de acuerdo con las posibilidades ofrecidas por el procedimiento.

Sin embargo, Rinaldo da Concorezzo no transforma su investigación en una réplica del proceso francés.

Así, incluso dentro de la Iglesia, prelados enfrentados al mismo cuestionario y situados bajo la autoridad del mismo papa pueden llegar a conclusiones procesales diferentes.

El Imperio: ninguna autoridad capaz de reproducir la redada francesa

En el Sacro Imperio Romano Germánico, la fragmentación política hace prácticamente imposible una operación comparable a la del 13 de octubre de 1307.

No existe una administración real dotada de una red de oficiales capaz de detener simultáneamente a todos los hermanos desde el Rin hasta los territorios orientales.

Las reacciones varían, por tanto, según los príncipes y prelados.

En algunas regiones, los templarios son perseguidos o detenidos.

El arzobispo de Magdeburgo adopta una actitud especialmente hostil e intenta apoderarse de varios hermanos y de sus posiciones.

En otros lugares, las autoridades se muestran mucho menos convencidas de su culpabilidad.

Los archivos alemanes del proceso son, desgraciadamente, incompletos y una parte de la documentación ha desaparecido, lo que obliga a utilizar con prudencia crónicas en ocasiones muy posteriores.

Es preferible, por tanto, no reconstruir una espectacular resistencia nacional de los templarios alemanes a partir de relatos cuya fecha y fiabilidad varían.

Los expedientes de Tréveris y, sobre todo, de Maguncia revelan, sin embargo, un clima muy diferente del de París.

En Tréveris, los testimonios disponibles no permiten establecer los delitos reprochados.

En Maguncia son escuchadas varias decenas de personas, entre ellas numerosos templarios, y las declaraciones son muy mayoritariamente favorables a la orden.

Una serie menciona 49 testigos, 37 de ellos hermanos del Temple, sin que el expediente consiga demostrar una herejía institucional.

Las autoridades de Maguncia llegan incluso demasiado lejos a juicio de Clemente V al pretender pronunciarse sobre la inocencia de la orden como institución, cuestión que el papa había reservado al procedimiento universal.

Roma anula, por tanto, esta parte de su decisión, no porque se hubiera demostrado una culpabilidad local, sino porque la jurisdicción provincial había sobrepasado las competencias que se le habían atribuido.

Este matiz resulta revelador de todo el asunto: una comisión local podía no encontrar culpable a ningún templario sin disponer por ello del derecho de declarar universalmente inocente al Temple.

Las mismas preguntas, respuestas diferentes

Cuando se sitúan uno junto a otro los procesos franceses y extranjeros, los contrastes se vuelven imposibles de ignorar.

En París, durante octubre y noviembre de 1307, 134 de los 138 hombres interrogados reconocen la totalidad o una parte de las acusaciones dentro de un entorno donde la tortura o su amenaza desempeña un papel central.

En Castilla, los hermanos interrogados en Medina del Campo sin tortura no confiesan ninguno de los delitos fundamentales.

En la Corona de Aragón, las primeras investigaciones sin tortura siguen siendo favorables a la orden e incluso la aplicación posterior de coerción a varios hermanos no produce las confesiones esperadas.

En las islas Británicas, donde la tortura es tardía y limitada, los resultados acusatorios son extremadamente escasos.

En Rávena, su rechazo va acompañado de un juicio favorable a los prisioneros.

En determinados sectores de Toscana, de los Estados Pontificios o del Reino de Nápoles donde la coerción se utiliza en mayor medida, las declaraciones incriminatorias se vuelven más numerosas.

La correlación es suficientemente fuerte como para constituir un elemento histórico de primer orden.

Sin embargo, no debe expresarse como una ley absoluta.

No todos los hombres torturados confiesan.

Algunos prisioneros confesaron sin que podamos demostrar que hubieran sufrido previamente una tortura física.

Otros pudieron modificar su testimonio por razones imposibles de conocer.

Las jurisdicciones y las condiciones de detención también difieren.

Pero cuando centenares de hombres pertenecientes a una misma institución responden a las mismas acusaciones y los resultados cambian de manera tan profunda según los métodos de interrogatorio, el historiador no puede tratar el procedimiento como un elemento secundario.

La manera de buscar la prueba influye en la prueba obtenida.

La dificultad de los testimonios externos

Las investigaciones extranjeras permiten también poner a prueba otra parte del expediente francés: los testimonios de personas que nunca pertenecieron al Temple.

Si la orden hubiera practicado durante generaciones un culto herético ampliamente extendido, resulta razonable buscar las huellas que esta práctica hubiera podido dejar entre sacerdotes, sirvientes, trabajadores, nobles, vecinos u otros religiosos que frecuentaban cotidianamente sus casas.

Ahora bien, las investigaciones inglesas, ibéricas, chipriotas y germánicas recogen numerosos testimonios externos sin conseguir descubrir una masa de pruebas directas correspondiente a las acusaciones.

Algunos testigos relatan rumores. Un hombre ha oído contar que un templario fue recibido de manera misteriosa. Otro considera sospechoso que los capítulos se celebren a puerta cerrada. Otros repiten historias ya conocidas públicamente desde el comienzo del proceso.

Pero algunas declaraciones poseen un valor diferente.

Sacerdotes que han confesado a numerosos templarios declaran no haber encontrado nunca en ellos las prácticas de las que se acusa a la orden.

Personas que han vivido durante mucho tiempo en contacto con los hermanos dan testimonio de su comportamiento cristiano ordinario.

Estas declaraciones no demuestran que ningún rito secreto pudiera haber escapado a su conocimiento. Sin embargo, muestran que la hipótesis de una herejía generalizada e institucional no recibe una confirmación externa proporcional a la magnitud de las acusaciones.

Veredictos locales que no deciden el destino del Temple

Finalmente, es necesario comprender por qué estos resultados favorables no detienen el procedimiento general.

Las comisiones locales juzgan principalmente a personas.

Pueden decidir que un hermano ha confesado, que se ha arrepentido, que debe cumplir una penitencia o que no se han encontrado pruebas suficientes contra él.

También pueden determinar que un conjunto de templarios dependientes de una provincia eclesiástica no puede ser condenado a partir de los elementos reunidos.

Pero la Orden del Temple no es la suma jurídica de todos estos procesos individuales.

Su existencia fue autorizada y protegida por el papado.

Su eventual supresión depende, por tanto, de una decisión de otra naturaleza.

Una comisión de Castilla no puede declarar que la orden debe continuar existiendo en Inglaterra.

Un concilio de Maguncia no puede decidir el destino de las posesiones de Tomar o Miravet.

Incluso una serie de veredictos favorables no obliga automáticamente a Clemente V a mantener una institución cuya reputación, funcionamiento y futuro son objeto de debate a escala de toda la Iglesia.

Es precisamente este desfase entre los procedimientos individuales y la cuestión institucional lo que hará tan compleja la fase siguiente.

Por qué Francia no basta

El estudio comparativo modifica profundamente nuestra comprensión del proceso.

Si solo dispusiéramos de los archivos franceses, el asunto parecería casi sencillo.

Una orden es acusada. Sus miembros son detenidos.

La gran mayoría confiesa rápidamente varios delitos.

Los principales dignatarios reconocen también una parte del expediente.

Una documentación semejante podría producir la impresión de una herejía masivamente confirmada por quienes la practicaban.

En cuanto ampliamos la mirada, esta simplicidad desaparece.

Las mismas acusaciones son enviadas por toda Europa.

Los hermanos ingleses, castellanos, portugueses, aragoneses y alemanes casi siempre las niegan cuando son escuchados sin violencia sistemática.

Los testigos externos encuentran pocas pruebas directas.

Algunas comisiones eclesiásticas concluyen que nada permite condenar a los hombres que comparecen ante ellas.

Incluso dentro de Italia, los resultados cambian según observemos Florencia, los territorios pontificios o Rávena.

Ninguno de estos procedimientos es perfecto. Ninguno permite por sí solo pronunciar retrospectivamente una inocencia absoluta de cada hermano. Pero su comparación demuestra que las confesiones francesas no pueden aislarse de la tortura, de la presión real y del contexto judicial que las produjo.

La verdadera cuestión planteada a Clemente V se vuelve entonces especialmente difícil.

Las pruebas reunidas por toda Europa son demasiado contradictorias para ofrecer una demostración sencilla de culpabilidad institucional.

Sin embargo, las confesiones francesas existen, los más altos dignatarios han reconocido determinados gestos, la reputación de la orden está profundamente dañada y Felipe IV exige una solución.

Queda reunir los resultados de estas investigaciones y decidir qué puede hacer jurídicamente la Iglesia con una institución que varios tribunales locales no han conseguido declarar culpable de herejía, pero cuyo regreso a la situación anterior parece ya casi imposible.

Esta decisión corresponde al concilio convocado en Vienne.