6.7 Felipe IV y Clemente V
Un papa presentado con demasiada frecuencia simplemente como el hombre del rey
Cuando estalla el asunto del Temple en octubre de 1307, Clemente V ocupa la sede pontificia desde hace algo más de dos años.
Nacido Bertrand de Got, gascón y antiguo arzobispo de Burdeos, fue elegido papa el 5 de junio de 1305 después de un cónclave especialmente largo y coronado en Lyon el 14 de noviembre siguiente.
Su pontificado quedará estrechamente vinculado a los asuntos franceses, lo que contribuirá de manera duradera a la imagen de un papa sometido a Felipe IV.
Esta representación debe matizarse. Clemente mantiene efectivamente estrechas relaciones con el rey de Francia e intenta evitar un nuevo enfrentamiento comparable al que había opuesto a Bonifacio VIII con la monarquía capeta.
Acepta varios compromisos favorables a Felipe, apoya la idea de una pacificación entre las grandes monarquías occidentales y sigue esperando que una cooperación con Francia facilite la organización de una nueva cruzada.
Pero la documentación demuestra también que defiende sus propios objetivos y que sabe resistir cuando considera directamente amenazadas las prerrogativas de la Santa Sede.
También debe evitarse un anacronismo frecuente.
En 1307, el papado todavía no está instalado en Aviñón.
Clemente reside entonces en Poitiers, donde su corte permanece desde abril de 1307 hasta el verano de 1308.
No será hasta 1309 cuando Aviñón se convierta en su principal lugar de residencia.
El asunto de los templarios comienza, por tanto, antes de la instalación duradera de la corte pontificia a orillas del Ródano.
Esta precisión es importante porque impide construir demasiado pronto la imagen de un «papado de Aviñón» completamente situado bajo el control del rey de Francia.
En octubre de 1307, Felipe IV dispone de una monarquía capaz de imponer un hecho consumado dentro de su reino, pero no posee el poder de condenar por sí solo a una orden religiosa internacional.
El 13 de octubre, el papa queda ante un hecho consumado
Clemente V conocía las acusaciones antes de las detenciones.
Felipe IV le había hablado de ellas en la primavera de 1307 y el papa había decidido finalmente, el 24 de agosto, abrir una investigación.
El propio Jacques de Molay deseaba entonces que las sospechas fueran examinadas para que la orden pudiera defender su reputación.
Pero Clemente no había autorizado la operación del 13 de octubre.
Cuando los oficiales reales detienen a los templarios de Francia, ocupan sus casas y ponen sus bienes bajo secuestro, el papa descubre que un asunto que consideraba perteneciente a su autoridad ha sido transformado por el rey en una acción general.
La monarquía ha tomado materialmente el control de los hombres y del patrimonio antes de que la Santa Sede pudiera organizar su propio procedimiento.
La reacción pontificia no tarda. El 27 de octubre, Clemente dirige a Felipe IV una carta en la que expresa su descontento. Reprocha al rey haber actuado sin su acuerdo en un asunto que afecta directamente a una institución religiosa dependiente de la Iglesia romana.
El desacuerdo no se refiere únicamente al destino de los templarios. Plantea una cuestión mucho más amplia: ¿quién posee el derecho de juzgar a una orden religiosa acusada de herejía?
Felipe IV puede sostener que ha hecho detener a unos hombres sospechosos de delitos extremadamente graves y que responde a la petición de un inquisidor.
Clemente puede oponerle que la Orden del Temple depende directamente de la Sede Apostólica y que un soberano laico no puede apropiarse unilateralmente de su juicio.
El conflicto jurisdiccional comienza, por tanto, casi inmediatamente después de las detenciones.
El problema de la competencia
La herejía pertenece al ámbito de la justicia eclesiástica.
Un soberano cristiano debe ayudar a la Iglesia a perseguir a los herejes, especialmente proporcionando el brazo secular cuando un inquisidor lo solicita, pero normalmente no puede decidir por sí solo sobre la ortodoxia de una comunidad religiosa.
Felipe IV y sus consejeros habían intentado precisamente sortear esta dificultad asociando a Guillermo de París con la operación. Puesto que el inquisidor había solicitado la asistencia del poder secular, el rey podía afirmar que se limitaba a ejecutar una misión de protección de la fe.
Clemente V percibe inmediatamente los límites de esta construcción.
Guillermo de París posee efectivamente autoridad inquisitorial, pero esta deriva en última instancia del poder eclesiástico.
No permite al gobierno francés sustraer el asunto al papa, especialmente cuando el acusado no es una persona aislada, sino una orden religiosa beneficiaria de privilegios pontificios desde hace casi dos siglos.
A ello se añade la cuestión de los dirigentes.
Jacques de Molay no es simplemente un religioso que vive en el Reino de Francia.
Es el Maestre de una institución internacional.
El destino de la orden afecta a Inglaterra, Aragón, Castilla, Portugal, los principados italianos, Chipre y numerosos otros territorios donde el rey de Francia no posee ninguna competencia.
Una condena obtenida únicamente dentro del reino de Felipe IV sería, por tanto, jurídica y políticamente insuficiente para resolver el destino de todo el Temple.
El papa debe recuperar la iniciativa.
Pastoralis praeeminentiae, 22 de noviembre de 1307
El 22 de noviembre de 1307, Clemente V promulga la bula Pastoralis praeeminentiae. El documento ordena a los soberanos cristianos detener a los templarios presentes en sus territorios y poner sus bienes bajo custodia.
A primera vista, la decisión parece constituir una victoria contundente para Felipe IV.
Poco más de un mes después de las detenciones francesas, el papa extiende la operación a toda la cristiandad.
Las acusaciones lanzadas por la monarquía capeta producen desde entonces consecuencias internacionales.
Pero esta interpretación sería incompleta.
Al ordenar personalmente las detenciones, Clemente transforma una iniciativa real francesa en un procedimiento eclesiástico universal.
Los bienes no deben quedar simplemente abandonados a los soberanos que los incauten.
Son puestos a salvo a la espera del juicio de la Iglesia.
Los prisioneros deben ser examinados dentro del marco de un asunto asumido desde entonces por la autoridad pontificia.
El papa no declara que las acusaciones estén demostradas. Ordena una medida cautelar porque su gravedad exige, a su juicio, una investigación que ya no puede limitarse a Francia.
Pastoralis praeeminentiae posee, por tanto, un doble significado. Reconoce que el asunto es suficientemente grave como para justificar detenciones en toda la cristiandad, pero sirve también para impedir que Felipe IV continúe siendo el único dueño del procedimiento.
Clemente no puede anular materialmente lo ocurrido desde el 13 de octubre. Intenta recuperar jurídicamente el control del expediente.
El asunto se vuelve europeo
La bula del 22 de noviembre modifica inmediatamente la escala del proceso. Hasta entonces, la detención general constituía una operación francesa. Desde ese momento, los soberanos de Europa reciben también la orden de intervenir contra las casas del Temple.
Las consecuencias alcanzan Inglaterra, los reinos ibéricos, Italia, los territorios germánicos y Chipre.
Pero la ejecución no es ni simultánea ni uniforme.
Algunos príncipes se muestran rápidamente cooperativos, otros expresan su escepticismo y esperan instrucciones complementarias.
Varios conocen personalmente a los templarios de sus territorios y nunca han observado las prácticas de las que Felipe IV los acusa.
Esta diversidad será esencial cuando comparemos más adelante los procesos llevados a cabo fuera de Francia. Las acusaciones son desde entonces las mismas a escala europea, pero los métodos de interrogatorio, el lugar de la tortura y la actitud de los soberanos no lo son.
Es precisamente esta comparación la que impedirá considerar el expediente francés como un modelo automáticamente válido para toda la cristiandad.
La internacionalización del procedimiento posee también una consecuencia política: Felipe IV ya no puede decidir por sí solo el futuro del patrimonio templario.
Cada reino pone los bienes bajo control, pero su propiedad definitiva sigue pendiente de determinar.
La cuestión será resuelta finalmente varios años más tarde por la autoridad pontificia.
Las primeras retractaciones refuerzan las dudas del papa
Durante las semanas posteriores a las detenciones, Felipe IV puede presentar las confesiones obtenidas en Francia como prueba de que había tenido razón al actuar.
El propio Jacques de Molay reconoció una parte de las acusaciones los días 24 y 25 de octubre, y la inmensa mayoría de los hermanos interrogados en París confesó al menos algunos de los hechos propuestos por los investigadores.
Clemente no puede simplemente ignorar estos resultados. Pero intenta verificarlos.
Representantes pontificios, especialmente los cardenales Bérenger Frédol y Étienne de Suisy, son enviados junto a los prisioneros.
Cuando algunos dignatarios pueden expresarse ante ellos, aparecen retractaciones.
Jacques de Molay y Hugues de Pairaud se retractan de una parte de sus declaraciones anteriores y cuestionan las condiciones en las que fueron obtenidas.
Estas retractaciones no demuestran automáticamente la inocencia de la orden, pero modifican profundamente la naturaleza del problema.
Si las confesiones obtenidas bajo control francés son cuestionadas desde el momento en que interviene la autoridad pontificia, el papa ya no puede considerarlas una base suficiente para condenar a la institución.
Clemente debe desde entonces verificar no solo las acusaciones, sino también el procedimiento que produjo las confesiones.
Esta situación explica la decisión que adopta algunos meses después del comienzo del asunto.
Clemente V suspende el procedimiento inquisitorial francés