Un riesgo jurídico considerable

Felipe IV sabe que actúa en un ámbito donde sus competencias pueden ser impugnadas. Esta es precisamente la razón por la que el dispositivo del 14 de septiembre está construido con tanto cuidado.

Los templarios no deben ser oficialmente juzgados por el rey por herejía.

Son detenidos por sus agentes, pero «reservados al juicio de la Iglesia».

Sus bienes no son declarados inmediatamente propiedad de la Corona: quedan bajo la autoridad real y deben ser conservados.

El inquisidor está asociado al asunto y se destaca su petición de asistencia al brazo secular.

Esta arquitectura jurídica intenta responder de antemano a la principal objeción: ¿por qué un soberano laico encarcela a todos los miembros de una orden religiosa situada bajo la autoridad directa del papa?

La respuesta real es que el rey no juzga. Protege la fe, responde a la petición de un inquisidor e impide que los sospechosos o sus bienes desaparezcan antes del juicio eclesiástico.

Esta justificación no elimina, evidentemente, el carácter extraordinario de la operación.

Felipe IV impone un hecho consumado. Cuando el papa pueda intervenir realmente, los templarios franceses ya estarán prisioneros, sus casas ocupadas, sus archivos bajo control y sus primeras declaraciones en proceso de elaboración.

La relación de fuerzas queda así establecida antes incluso del verdadero debate jurisdiccional.

Una operación reveladora del poder capeto

La preparación de septiembre de 1307 revela algo más amplio que la hostilidad de Felipe IV hacia el Temple. Demuestra hasta qué punto la administración capeta es ya capaz de extender su actuación.

Un mes basta para transmitir instrucciones secretas a través de gran parte del reino, movilizar a bailíos y senescales, designar comisarios, prever detenciones, organizar el inventario de centenares de bienes y preparar la colaboración con los representantes de la Inquisición.

Todo debe ponerse en marcha en la misma fecha para impedir que la orden reaccione.

Esta capacidad administrativa no habría existido de la misma forma dos siglos antes.

No significa que cada pueblo del reino esté ya controlado desde París.

Los oficiales conservan todavía una amplia autonomía local y las realidades pueden variar considerablemente de una bailía a otra.

Pero la monarquía dispone ya de una red suficientemente densa para ejecutar una decisión central a una escala territorial excepcional.

El Temple, a pesar de su organización internacional, presenta paradójicamente una vulnerabilidad particular.

Sus casas son conocidas. Sus bienes son inmóviles.

Sus hermanos viven en comunidades identificables.

La disciplina religiosa que les proporciona cohesión facilita también su localización.

Un ejército enemigo disperso podría haber desaparecido por los campos.

Una encomienda no puede trasladar sus tierras, sus graneros o su iglesia durante la noche.

El poder real sabe, por tanto, dónde golpear.

Nada ha sido juzgado todavía, pero todo está ya preparado

A finales de septiembre de 1307, ninguna jurisdicción eclesiástica ha condenado a la Orden del Temple. Ningún concilio ha examinado sus prácticas. Jacques de Molay no ha sido juzgado. Clemente V no ha declarado culpables a los hermanos ni ha ordenado su detención general.

Sin embargo, lo esencial del dispositivo material que permitirá derribar a la orden en Francia está ya preparado.

Las acusaciones han sido reunidas y reformuladas por el gobierno.

Guillermo de París proporciona el vínculo con la Inquisición.

Guillermo de Nogaret y los demás consejeros reales disponen de los mecanismos administrativos necesarios.

Las comisiones han sido enviadas. Los bienes que deben incautarse pueden ser identificados.

Los agentes locales saben que debe prepararse una operación excepcional y están obligados a guardar secreto.

Los templarios, por su parte, continúan con sus actividades.

Es quizá este contraste el que hace tan notable la preparación del 13 de octubre.

No se trata de dos potencias enfrentadas desde hace meses a la espera de la batalla.

Uno de los bandos prepara una operación general mientras el otro cree todavía que podrá responder a las acusaciones dentro del marco de una investigación religiosa.

La monarquía posee así una ventaja decisiva: la iniciativa.

El viernes 13 de octubre de 1307, la administración dejará de preparar y comenzará a actuar.