La riqueza del Temple como tentación financiera

La cuestión financiera sigue siendo imposible de descartar.

A comienzos del siglo XIV, el Temple posee en Francia centenares de dominios, casas, derechos y explotaciones.

Conserva también fondos en sus tesorerías y administra dinero perteneciente a diferentes personas.

Poner bajo control todo este conjunto representa necesariamente un desafío considerable.

Para un gobierno que lleva más de una década afrontando gastos extraordinarios, esta perspectiva no puede ser indiferente.

Pero existe una dificultad metodológica esencial: un posible resultado financiero no demuestra por sí mismo una motivación financiera inicial.

Cuando un gobierno detiene a los miembros de una institución rica, resulta casi inevitable que ponga sus bienes bajo secuestro.

El hecho de beneficiarse posteriormente, de manera temporal, de su administración no basta para demostrar que el dinero fuera la causa principal de la detención.

Además, el patrimonio templario está constituido mayoritariamente por tierras, edificios, derechos e ingresos anuales.

No se trata de un gigantesco cofre que contenga una fortuna inmediatamente disponible en monedas de oro y plata.

Los dominios deben seguir administrándose, las cosechas deben recaudarse y los gastos mantenerse.

La incautación de una encomienda no transforma instantáneamente centenares de hectáreas de tierras en dinero líquido.

Esta realidad basta para descartar el escenario de un rey que destruye repentinamente a la orden para apoderarse de un fabuloso «tesoro de los templarios».

¿Era posible una motivación religiosa?

Otra cuestión resulta todavía más difícil: ¿creyeron realmente Felipe IV y algunos de sus consejeros que los templarios eran culpables de los delitos religiosos de los que pronto serían acusados?

Es imposible entrar en sus conciencias.

Los documentos reales presentan al soberano como horrorizado por las revelaciones relativas a las prácticas secretas de la orden.

Esta retórica pertenece evidentemente al expediente de acusación y no puede utilizarse ingenuamente como prueba de las convicciones personales de Felipe.

Pero lo contrario sería igualmente imprudente: no podemos demostrar que el rey supiera desde el principio que todas las acusaciones eran falsas y que únicamente buscaba un pretexto.

A comienzos del siglo XIV, la herejía es una realidad que los poderes eclesiásticos y seculares toman extremadamente en serio.

Unas prácticas consideradas sacrílegas dentro de una orden religiosa militar habrían constituido, de ser reales, un asunto de excepcional gravedad.

La cuestión de cómo los primeros rumores llegan al gobierno real y cómo se transforman en acusaciones estructuradas pertenece a la siguiente etapa de nuestro relato.

Por el momento, basta con recordar que la motivación religiosa no puede aceptarse tal cual basándose en la propaganda real, pero tampoco puede excluirse completamente del universo mental de los hombres que preparan la operación.

Política, justicia y finanzas: una combinación antes que una causa única

Durante mucho tiempo, los historiadores han buscado una explicación única para la actuación de Felipe IV.

La primera es financiera: el rey habría querido apoderarse de la fortuna del Temple y hacer desaparecer sus deudas. El estado de las finanzas reales hace indiscutible el interés económico, pero la documentación no permite reducir todo el asunto a esta causa.

La segunda es política: la monarquía habría querido suprimir una institución internacional demasiado autónoma e incompatible con la construcción de la soberanía real.

La idea corresponde efectivamente a determinadas tendencias del reinado, pero no explica por qué se ataca al Temple mientras otras órdenes disfrutan de privilegios comparables.

La tercera es judicial y religiosa: Felipe habría creído en las acusaciones de herejía y se habría considerado obligado a intervenir para defender la fe. Los textos reales sostienen naturalmente esta versión, pero fueron producidos precisamente por el gobierno que lleva adelante la acusación.

Estas explicaciones no se excluyen necesariamente entre sí.

Un gobierno puede creer, o decidir creer, determinadas acusaciones al mismo tiempo que comprende que una condena reforzará su autoridad y le dará acceso a un patrimonio considerable.

Una operación puede comenzar como un asunto judicial y convertirse rápidamente en un enfrentamiento político con el papado.

Los intereses financieros pueden reforzar la determinación de un soberano sin haber provocado por sí solos su decisión.

Probablemente sea en esta combinación donde se encuentra la interpretación más prudente.

Lo que realmente podemos afirmar

En vísperas de la detención de los templarios, varios hechos están establecidos.

Felipe IV reina sobre una monarquía administrativamente mucho más poderosa que la de los primeros Capetos.

Su gobierno intenta afirmar la soberanía real frente a las jurisdicciones competidoras y ya se ha enfrentado al papado en cuestiones de fiscalidad y autoridad.

Las guerras de Guyena y, sobre todo, de Flandes han impuesto gastos considerables y provocado una extensión sin precedentes de los gravámenes reales.

Las mutaciones monetarias han proporcionado importantes ingresos, al tiempo que han generado graves tensiones sociales, cuya expresión más espectacular es el motín parisino de diciembre de 1306.

El Temple, por su parte, sigue siendo una institución rica, internacional y beneficiaria de importantes privilegios pontificios.

Mantiene desde hace más de un siglo estrechas relaciones financieras con la monarquía, pero nada permite establecer la existencia de una deuda gigantesca cuyo rastro Felipe hubiera querido simplemente borrar.

Tampoco existe prueba de un antiguo odio personal entre el rey y Jacques de Molay.

El interés financiero es verosímil. La dimensión política es indiscutible. La voluntad de afirmar la autoridad de la monarquía pertenece plenamente al contexto. La sinceridad religiosa exacta del rey sigue siendo imposible de medir.

Lo que no podemos hacer es transformar uno de estos elementos en una explicación única.

La caída del Temple no comienza, por tanto, con un cofre de oro que Felipe IV hubiera decidido robar, ni deriva mecánicamente de la pérdida de San Juan de Acre.

Nace del encuentro entre una orden que se ha vuelto vulnerable después de la desaparición de su antiguo territorio oriental y una monarquía capaz de movilizar administración, justicia, fiscalidad y comunicación política a una escala nueva.

Pero para que una vulnerabilidad se transforme en una detención general, todavía hacen falta una decisión, acusaciones, hombres encargados de preparar la operación y, sobre todo, un secreto suficientemente bien guardado para que, en una misma mañana,

los oficiales del rey puedan actuar en todo el reino.

Esta preparación comienza antes del 13 de octubre de 1307.