Capítulo 33

El fiscal general

La sala de declaraciones de la comisaría de Lope de Vega tenía un espejo unidireccional del tamaño de una ventana pequeña.

Sara llevaba veinte minutos al otro lado.

Dentro, Andrade estaba sentado frente a Iturriaga con las manos sobre la mesa y el abogado de oficio a su izquierda, un hombre de unos cuarenta años que había llegado con el pelo sin peinar y la corbata hecha a mano en el coche y que desde el primer minuto había intentado pausar la declaración dos veces y las dos veces Andrade lo había mirado de una manera que lo había hecho callarse.

Andrade no quería que lo detuvieran.

Quería declarar.

Iturriaga era meticuloso de una manera que Sara respetaba: no iba al grano inmediatamente, construía el contexto, establecía la línea temporal desde el principio porque sabía que una declaración sin contexto era un edificio sin cimientos que cualquier abogado defensor podía derrumbar con la pregunta correcta.

Había empezado por los años en el orfanato.

Había pasado por la adopción. Había llegado despacio, con paciencia de geólogo, a los primeros contactos con la estructura de Castaño.

Andrade respondía a todo.

Con esa voz plana que no daba entonación a las cosas pero que en la precisión de los datos —fechas, lugares, nombres, conversaciones específicas recordadas con una exactitud que solo tienen los recuerdos que uno ha repasado muchas veces en la oscuridad— construía algo que era más sólido que cualquier emoción.

Rubén apareció en el pasillo con dos cafés.

—El delegado del fiscal general está abajo —dijo.

Sara cogió el café.

—¿Cómo se llama?

—Bermejo. Subdirector de la Fiscalía de lo Penal. —Una pausa—. Ha venido con dos personas más. Uno es un técnico jurídico y el otro es alguien que no ha dado su nombre pero que lleva un traje que cuesta más de lo que yo gano en dos meses.

Sara miró a través del espejo. Iturriaga le estaba preguntando a Andrade por el primer encargo concreto que había recibido de Castaño. Andrade respondía con la misma voz de siempre.

—Dile a Bermejo que subo en diez minutos.

—¿Quieres que me quede yo aquí?

—Sí. Si pasa algo dentro que necesito saber, llámame.

Rubén asintió y ocupó el sitio de Sara frente al espejo.

Sara bajó las escaleras con el café en la mano.

* * *

Diócesis de Madrid, 1984

La carta se redactó en febrero.

No fue una carta que escribiera el vicario solo.

Fue el resultado de tres reuniones a lo largo de enero, con cinco personas presentes en distintas combinaciones, en despachos distintos, de manera que ninguna de esas personas pudiera decir después que había estado presente en el momento en que se tomó la decisión principal.

Eso también era una habilidad: tomar decisiones sin que nadie pudiera ubicarse en el momento exacto en que se tomaron.

El vicario Larralde firmó el documento final un martes por la tarde.

El documento decía, en el lenguaje cuidadosamente ambiguo que usan los documentos institucionales cuando quieren registrar algo sin registrarlo exactamente, que la Diócesis había recibido comunicación de irregularidades en la gestión del centro Santa Clara de Miraflores y que había procedido a tomar las medidas pastorales correspondientes, incluyendo la reasignación de la dirección del centro y la supervisión reforzada de las instalaciones.

No decía qué irregularidades.

No decía quiénes las habían cometido.

No decía que los niños hubieran sufrido nada.

El documento existía para poder ser mostrado en el futuro como prueba de que la institución había actuado.

No de que hubiera actuado bien, ni de que hubiera actuado suficientemente: solo de que había actuado.

Que había un papel con una fecha y una firma que demostraba que alguien, en algún momento, había sabido y había hecho algo.

El vicario Larralde guardó una copia en el archivo de la Diócesis.

Otra copia fue al archivo del Patronato de Protección de Menores.

Nadie preguntó por esas copias durante treinta y ocho años.

* * *

El subdirector Bermejo tenía cincuenta y cinco años, el físico de quien ha pasado décadas en despachos y el tono de quien ha aprendido que la autoridad no necesita levantarse para hacerse notar.

Estaban en la sala de reuniones de la planta baja.

El técnico jurídico tenía un portátil abierto.

El hombre sin nombre estaba sentado un poco apartado de los demás, con las piernas cruzadas y la expresión de alguien que está ahí para observar y que no necesita que nadie le explique lo que está observando.

—Inspectora Montero —dijo Bermejo—. El fiscal general quiere que el procedimiento de esta investigación sea revisado antes de que se formalicen los cargos esta mañana.

Sara se sentó.

—¿Revisado en qué sentido?

—En el sentido de asegurarse de que todo lo que ha ocurrido en las últimas horas cumple estrictamente con los estándares procesales que van a hacer que los cargos sean inatacables.

—Bermejo hizo una pausa—. El fiscal general es muy consciente de la dimensión pública de este caso.

Quiere garantizar que cuando esto llegue a juicio, no haya ningún defecto de forma que permita a la defensa cuestionar las bases de la acusación.

Sara lo miró.

—¿Está usted cuestionando el procedimiento?

—Estoy preguntando por él.

—Tenemos orden de entrada y registro firmada por la magistrada Aldecoa. Tenemos la cadena de custodia del documento central del caso. Tenemos declaraciones voluntarias de dos de los detenidos, una en curso. —Sara cogió el café—. ¿Qué parte concreta quiere revisar?

Bermejo no respondió de inmediato.

—El declarante actual —dijo—. Andrade. ¿Tiene representación letrada?

—Abogado de oficio presente desde el inicio de la declaración.

—¿La declaración fue iniciativa suya o fue el resultado de...?

—Fue iniciativa suya. Se entregó voluntariamente. Hay una grabación desde el primer momento que lo documenta.

Bermejo asintió despacio.

El hombre sin nombre, en la silla apartada, no había dicho nada. Seguía observando con esa atención específica de quien no necesita intervenir porque entiende que su presencia ya es suficiente intervención.

Sara lo miró directamente.

—¿Y usted? —dijo.

El hombre sin nombre la miró.

Tenía unos sesenta años. La cara de quien ha tenido durante mucho tiempo el tipo de trabajo que no se describe en detalle en las cenas sociales.

—Observo —dijo.

—¿En representación de quién?

Una pausa.

—Del interés general.

Sara se levantó.

—El fiscal Iturriaga está disponible para responder cualquier pregunta de carácter procesal cuando termine la declaración en curso.

Calculamos que eso ocurre en unas dos horas.

—Miró a Bermejo—. Si el fiscal general tiene preocupaciones adicionales, le sugiero que las canalice a través de Iturriaga y no a través de mí.

Yo soy inspectora de Homicidios. Él es el fiscal del caso.

Bermejo la miró.

—Inspectora.

—¿Sí?

—El fiscal general le manda decir que el trabajo de esta semana ha sido... notable.

Sara lo miró un momento.

—Dígale que ha sido el trabajo de cuarenta y tres años. Los últimos siete días han sido solo los últimos siete días.

Salió de la sala.

* * *

Volvió al espejo unidireccional a las cuatro y veinte.

Iturriaga había llegado a 2019 en la línea temporal de Andrade.

Estaba preguntando por los años anteriores a la semana que acababa de terminar: cómo había funcionado la estructura de vigilancia de los supervivientes, cómo habían llegado a saber que Nico tenía el cuaderno, qué había pasado con los supervivientes que habían desaparecido del radar en los años anteriores a la semana de los seis homicidios.

Andrade respondía.

Los supervivientes que habían desaparecido, dijo, no habían sido eliminados en todos los casos.

Algunos habían recibido visitas. Había un proceso previo: primero localización, luego evaluación del riesgo que representaban, luego, en algunos casos, una gestión que no era la eliminación sino la presión.

Dinero, en algún caso. Amenazas en otros.

La eliminación física era el último recurso, el que se activaba cuando el riesgo era verificable y la persona en cuestión no podía ser manejada de otra manera.

—¿Quién tomaba esas decisiones? —dijo Iturriaga.

—Las tomaba Castaño. —Andrade hizo una pausa—. Con excepciones.

—¿Qué excepciones?

Andrade miró la mesa.

Ese era el primer momento, en más de una hora de declaración, en que Andrade miraba la mesa en lugar de mirar a Iturriaga.

Sara se acercó al espejo.

—Hubo decisiones que Castaño no tomó solo —dijo Andrade—. Para las decisiones más sensibles, las que implicaban a personas con perfil público o que podían generar atención mediática, Castaño consultaba.

—¿Con quién consultaba?

Un silencio.

—Con alguien por encima de él.

Iturriaga no cambió de postura. No se inclinó hacia adelante, no abrió los ojos de manera visible. Pero Sara, que lo conocía desde hacía doce horas y ya había aprendido a leer sus silencios, supo que estaba conteniendo algo.

—¿Hay alguien por encima de Castaño en la estructura? —dijo Iturriaga.

—Hay alguien que estaba por encima de todos en 1981 y que ha seguido estando por encima desde entonces de una manera que nunca fue visible porque las personas visibles son las que caen.

—Andrade levantó la vista de la mesa—. Castaño organizó las visitas a Santa Clara.

Pero alguien le dio autorización para organizarlas.

Alguien que tenía suficiente posición para garantizar que el Patronato, la Diócesis y el Ministerio no harían preguntas.

—¿Tiene nombre?

Andrade lo miró.

—Tiene nombre, tiene cargo y tiene setenta y cuatro años. —Una pausa—. Y lleva en activo desde 1979.

El abogado de oficio se inclinó hacia Andrade y dijo algo en voz baja. Andrade lo escuchó. Asintió levemente. Y luego, mirando a Iturriaga, dijo el nombre.

Sara no lo oyó a través del espejo. El espejo era unidireccional pero el audio no llegaba con claridad cuando la voz era baja.

Pero vio a Iturriaga.

Vio la cara del fiscal en el momento en que escuchó el nombre.

Y en esa cara, en ese hombre que llevaba doce años esperando exactamente este momento y que había aprendido a no gastar nada antes de tiempo, Sara vio algo que no había visto todavía: la fracción de segundo en que el control cede y lo que hay debajo es algo muy parecido al asombro.

Sara fue hacia la puerta.

Entró en la sala de declaraciones.

Iturriaga la miró.

—Inspectora, esto es una declaración en curso...

—Lo sé. —Sara se sentó en la silla vacía junto a la pared—. Necesito escuchar el nombre.

Iturriaga la miró durante dos segundos. Luego miró a Andrade.

Andrade la miró a ella.

—Rafael Montes Cañas —dijo.

Sara procesó el nombre.

Lo conocía. Cualquiera que hubiera seguido la política española en los últimos cuarenta años lo conocía: Rafael Montes Cañas, jurista, académico, dos veces ministro en dos gobiernos distintos de dos partidos distintos, el tipo de figura que trasciende las adscripciones partidistas porque su autoridad no viene de un partido sino de una reputación construida durante décadas en comisiones, consejos y tribunales internacionales.

Setenta y cuatro años. En activo. Asesor del Gobierno en materias de derecho constitucional desde hacía tres años.

—¿Tiene pruebas? —dijo Sara.

—Tengo su voz —dijo Andrade—. En una conversación de 2017 que grabé porque aprendí a grabar todo cuando entendí que los acuerdos verbales son los primeros que se niegan.

—Una pausa—. El archivo está en un servidor en el extranjero con instrucciones de publicación automática si no cancelo la orden cada setenta y dos horas.

Silencio en la sala.

El abogado de oficio miraba la mesa.

Iturriaga miraba a Andrade.

Sara miró el reloj.

Las cuatro y cuarenta y siete de la madrugada de un domingo.

Fuera, en la calle, las cámaras de los periodistas seguían encendidas.

Y en algún servidor en algún lugar del mundo, un archivo de audio esperaba su señal.