CAPÍTULO 30

El despacho del juez instructor de Puerto de la Roca olía a papel viejo, a café recalentado y a la tensión acumulada de tres semanas de instrucción ininterrumpida.

Sobre la mesa de roble, los volúmenes del sumario principal —con los anexos de la contabilidad B del astillero, las transferencias a Chipre y las grabaciones de la red del excomisario Perales— formaban una muralla de carpetas que amenazaba con venirse abajo al menor movimiento.

A las once en punto de la mañana, la puerta se abrió con un chasquido seco.

El letrado principal de la familia Soler, un abogado de Madrid especializado en derecho penal económico que cobraba los honorarios más altos del país, hizo su entrada con paso medido.

Llevaba un traje de sastre impecable de solapas anchas y una carpeta de piel noble bajo el brazo.

Tras él caminaba un abogado junior cargado con dos maletines adicionales.

El juez de instrucción ni siquiera levantó la vista de su pantalla al oírlos entrar. Se limitó a pasar una página del expediente digital con un gesto aburrido.

—Buenos días, señoría —comenzó el abogado madrileño con una voz engolada, de esas que parecen ensayadas frente al espejo del bufete—. Comparecemos hoy para formalizar la petición de nulidad parcial de las diligencias de entrada y registro practicadas en la residencia familiar de mis representados.

El juez detuvo el movimiento de sus dedos sobre el teclado. Suspiró profundamente, se quitó las gafas de lectura con parsimonia y fijó sus ojos cansados en el defensor.

—¿Nulidad parcial, letrado? —preguntó el magistrado con un tono seco, que no invitaba precisamente al optimismo—.

¿Se refiere al registro en el que incautamos los discos duros con las firmas digitales de las sociedades pantalla y los extractos que demuestran el desvío sistemático de cuatro millones de euros destinados a la reparación de los diques?

—Me refiero a que la ampliación del mandamiento se firmó de urgencia basándose en atestados policiales que contienen apreciaciones subjetivas de los inspectores de judicial —replicó el abogado con firmeza, desplegando un fajo de folios sobre la mesa del juez—.

No hay constancia fehaciente de que doña Svetlana Voronova tuviera conocimiento directo del origen ilícito de esos fondos.

Podríamos estar hablando, a lo sumo, de una negligencia administrativa en la gestión de su patrimonio personal, pero jamás de un delito continuado de blanqueo de capitales o complicidad criminal.

En el pasillo exterior, sentado en uno de los bancos de madera noble frente a la oficina de registro, Izan observaba la escena a través de los cristales translúcidos mientras daba vueltas a un bolígrafo entre los dedos.

Lidia, de pie junto a la ventana, contemplaba la plaza del ayuntamiento con los brazos cruzados.

—Vienen a por todas —murmuró Izan en voz baja, chasqueando la lengua—.

Tienen a los mejores penalistas de la capital intentando dinamitar el sumario por un defecto de forma en la cadena de custodia de los discos duros de Chipre.

Si el juez les compra el argumento, Svetlana saldrá en libertad bajo fianza antes de que acabe la semana.

—No van a conseguirlo —respondió Lidia con absoluta frialdad, sin apartar los ojos de la calle—.

La científica clonó los soportes informáticos con la presencia de un secretario judicial y dos testigos de fe en el mismo momento del registro.

No hay resquicio legal por el que puedan colar esa nulidad.

Lo único que intentan es ganar tiempo y desgastar al juzgado.

—Lo sé —concordó Izan, incorporándose del banco y estirándose la chaqueta de la gabardina—.

Pero el desgaste mediático ya ha empezado.

Afuera, los corresponsales de los diarios económicos están empezando a publicar artículos sugiriendo que la caída del astillero responde a una persecución política impulsada por la competencia.

Tienen una campaña de relaciones públicas perfectamente engrasada.

En ese instante, la puerta del despacho del juez se abrió con brusquedad.

El abogado de los Soler salió con el rostro contraído en una mueca de contrariedad mal disimulada, seguido de cerca por su ayudante.

Pasó por delante de los dos inspectores sin dignarse a mirarlos, resoplando con desdén antes de perderse por el fondo del pasillo hacia los ascensores.

Un segundo después, el juez asomó la cabeza por el vano de la puerta y les hizo un gesto breve con la mano para que entraran.

—Han intentado tirar abajo los registros de Chipre con un formalismo de manual —dijo el magistrado nada más verlos cruzar el umbral, volviendo a sentarse en su sillón con una sonrisa irónica—.

Les he denegado la pretensión por improcedente.

Los datos son sólidos como una roca. Pero os aviso de una cosa: la defensa va a intentar embarrar el juicio pidiendo comisiones rogatorias a tres países distintos para retrasar la vista oral al menos dos años.

Lidia se acercó a la mesa y apoyó las palmas de las manos sobre la madera, adoptando una postura de absoluta determinación.

—No les daremos tregua, señoría. Si quieren pedir comisiones rogatorias a Europa del Este o a los paraísos fiscales del Caribe, nos encargaremos de que cada euro rastreado tenga una trazabilidad tan limpia que no puedan rebatirla ni los mejores peritos del mundo.

El juez asintió lentamente, aprobando la respuesta con un gesto de cabeza.

—Bien. Porque esta comarca necesita pasar página de una vez por todas. Y la caída de los Soler tiene que ejemplificar el final de una época.