Capítulo 44

Era un asunto que me removía por dentro después de lo que había vivido en la isla, pero en el que tenía experiencia; de hecho, a raíz de todo lo que pasó en Isla Ballena se interesaron en contratarme, porque el ruido del caso había hecho que más gente empezara a moverse por todo el país.

De repente, muchas personas rompieron su silencio, convencidos de que ellos también habían sido víctimas, bien como hijos robados, bien como madres a las que les habían quitado a su bebé.

Aunque la policía no había podido demostrar jurídicamente que el Joyita fuera uno de esos bebés robados, la investigación financiera posterior demostró que el blanqueo de capitales que rodeaba al internado de la Isla procedía directamente de la compraventa de varios recién nacidos dados en adopción ilegal.

Yo tenía razón. ¡Yo tenía razón! Por desgracia.

Estaba muy bien montado: Rober se llevaba una generosa comisión, camuflada bajo falsas facturas en concepto de publicidad desde el Internado, mientras que la institución eclesiástica recibía grandes sumas de dinero en forma de donaciones por parte de las familias adoptivas de la élite.

Gracias a la investigación desde la agencia y a la de la fiscalía se habían abierto de golpe varios casos por robos de bebés ocurridos específicamente dentro de los muros del internado.

Según constaba en una de las denuncias, un chico que, ya de adulto, había descubierto que era adoptado fue quien reabrió la investigación en el internado.

Su padre, antes de morir, le había confesado que lo había comprado con la mediación de un sacerdote.

Al realizarse las pruebas de ADN, comprobaron que no tenía ninguna relación biológica con la familia a la que decían los documentos que pertenecía, y que, efectivamente, el sacerdote implicado era nuestro cura-carpintero, Ángel.

Esto obligó por fin a la justicia a abrir investigaciones y a coordinarse con las fiscalías provinciales, destapando que lo de este chico no era un hecho aislado, sino un modus operandi maquiavélico que se había repetido por varios puntos del territorio nacional bajo la dirección del cura y de otros miembros de la Iglesia.

Gracias a muchos testimonios recopilados durante años se sabía que a algunas menores se las internaba, se las escondía y se las sometía a una brutal coacción psicológica, para obligarlas a firmar documentos de adopción forzada bajo la promesa de limpiar su pecado.

A otras, en cambio, las sedaban nada más parir, aprovechando la inconsciencia de la anestesia, para llevarse al bebé.

Se les aseguraba, al despertar, que la criatura había fallecido por complicaciones repentinas.

Eso me recordaba al caso de mi madre, solo que ahí yo me había equivocado.

La prueba clave llegó cuando autorizaron la apertura de los ataúdes donde supuestamente estaban enterrados los recién nacidos fallecidos en diferentes puntos del país.

A diferencia del bebé de mi madre, en decenas de exhumaciones se descubrieron tumbas vacías, cajas rellenas con piedras o restos óseos que ni siquiera correspondían a la edad ni a la fecha de la presunta muerte.

El ADN empezó a unir a hermanos y madres que se habían buscado a ciegas durante incluso treinta años, desmantelando la mentira oficial de los conventos e internados.

Al revisar aquellos informes vi cómo se repetía la misma estructura criminal en varias ciudades.

Las religiosas y los sacerdotes actuaban como el primer filtro en los centros de beneficencia e internados.

Monjas como sor Marisa ejercían de enfermeras o matronas, decidían qué madres eran aptas para quedarse con sus hijos según criterios estrictamente morales y económicos, y gestionaban los falsos documentos de renuncia.

Mientras tanto, tipos como Rober, Ángel o ciertos curas y contactos eclesiásticos solían actuar como intermediarios comerciales con los compradores.

Estaban implicados también los médicos y celadores que asistían los partos y firmaban falsos certificados de defunción. En muchos casos, incluso, eran partos simulados de las madres adoptivas para dar apariencia de nacimientos reales.

Por otro lado, el personal de los registros civiles y de los propios centros religiosos facilitaba la inscripción de los bebés como hijos biológicos, saltándose los protocolos o alterando los libros de partos para las familias compradoras.

Eran matrimonios de posición económica acomodada, algunos de los cuales creían de buena fe que pagaban supuestos gastos de manutención; muchos otros, en cambio, sabían perfectamente que estaban comprando un bebé a la carta.

La farsa era tal que algunas mujeres habían llegado a simular embarazos con cojines ante sus propios vecinos para no levantar sospechas cuando regresaran con el niño.

Sin embargo, a pesar de la magnitud de la trama y de las históricas sentencias que presenciamos, la realidad general dejaba un sabor amargo: prácticamente nadie cumpliría condena en el país.

La combinación de la prescripción de los delitos debido al paso de los años y el fallecimiento de los principales investigados dejaba a la mayoría de las víctimas sin justicia penal.

El reconocimiento histórico del fraude quedaba plenamente demostrado en los tribunales, sí, pero los culpables se iban a la tumba con el secreto de dónde estaban los hijos que faltaban.

Pero Isla Ballena iba a ser la excepción: sor Marisa, el cura y Rober no iban a librarse de la sentencia apelando al paso del tiempo.

Al haber seguido operando y moviendo el dinero de las comisiones hasta el año pasado, no se fueron de rositas.

Les espera un juicio y, esta vez sí, habrá sentencia de cárcel.

Pero la cosa no terminó ahí.