27. Una mujer desaparecida #2

El juzgado autorizó que se pidiera esa documentación, aunque solo la relacionada directamente con el caso.

Pasaron cuatro días sin respuesta. Al quinto, cuando Daniel ya no sabía si estaba ante una demora ordinaria o ante otra clase de silencio, la plataforma notificó la incorporación de un documento.

La Fiscalía Provincial remitía un índice, diecisiete folios y una advertencia: las antiguas diligencias de investigación preprocesal estaban incompletas después de varios traslados de archivo; determinados anexos no habían sido localizados y los datos personales de terceros se habían ocultado por no guardar relación comprobada con la causa actual.

Daniel descargó el archivo y guardó una copia con el justificante de incorporación antes de abrirlo.

Meses atrás habría empezado a leer directamente, dando por hecho que el documento seguiría disponible donde lo había encontrado.

Eva desaparecida, el borrado remoto y las páginas arrancadas le habían impuesto otra disciplina: primero preservar; después, interpretar.

Daniel empezó por el primer folio.

Teresa Montalbán había comparecido por iniciativa propia.

Describió una red que utilizaba empresas de transporte y seguridad para mover drogas y llevar mujeres a fiestas privadas.

Afirmó que algunas eran captadas mediante deudas, que otras regresaban sin recordar varias horas y que a varias las obligaban a mantener relaciones sexuales para saldar cantidades que nunca disminuían.

Al menos dos habían recibido amenazas contra sus familias cuando intentaron marcharse.

Identificó un almacén, tres vehículos y a varios hombres cuyos nombres aparecían tachados en la copia recibida.

La declaración de Teresa tenía correcciones, episodios sin fecha y alguna interrupción.

En un momento de la entrevista pidió que pararan porque creyó reconocer un coche desde la ventana.

Su relato era difícil de reconstruir en algunos puntos, pero el miedo con el que había contado todo aquello quedaba claro.

La Fiscalía había encargado cuatro comprobaciones. Una matrícula no estaba ya en circulación; otra pertenecía a la empresa que había recibido el pago de Tomás. El almacén de la fotografía figuraba arrendado por esa misma sociedad.

La diligencia destinada a identificar a dos de las mujeres constaba como pendiente. Teresa fue citada para ampliar la denuncia y aportar la documentación que decía conservar. No acudió.

Los folios siguientes reducían la búsqueda a dos visitas a su domicilio, una consulta a hospitales y varias llamadas sin respuesta.

No constaban una inspección de la nave, una declaración de los administradores ni un análisis de los movimientos bancarios.

Siete días después de la incomparecencia, la policía comunicó que no podía localizarla.

Once días más tarde, las diligencias fueron archivadas por falta de corroboración suficiente y porque ya no era posible ampliar el testimonio de la denunciante.

Daniel comprobó el índice. Se enumeraban siete anexos.

La copia remitida contenía el primero, el segundo y los tres últimos.

Los anexos tercero y cuarto constaban como no localizados.

En el margen del inventario, junto a «Anexo 4», alguien había escrito años atrás: documentación aportada, pendiente de cotejo.

Miró la referencia de la copia de la orden bancaria: A-4/7.

Podía significar anexo cuatro de siete. También podía ser una clasificación que Inés hubiera creado después de obtener una copia.

La coincidencia no permitía afirmar que aquel documento hubiese formado parte del expediente desaparecido, pero sí explicaba por qué lo había conservado junto a la nave y los pagos.

Inés parecía haber reconstruido desde fuera lo que ya no estaba dentro.

La resolución que ordenó archivar la investigación ocupaba dos páginas.

Resumía la denuncia como una sucesión de sospechas no confirmadas, señalaba que la ausencia de Teresa impedía aclarar sus contradicciones y concluía que no existían fundamentos suficientes para ejercitar acción penal.

La decisión era jurídicamente posible: la Fiscalía podía recibir una denuncia y archivarla si no encontraba base para llevarla ante un juzgado.

Lo que Daniel no encontraba era una explicación para la rapidez.

Una mujer había denunciado amenazas contra quienes intentaban salir de una red; después desapareció, y esa misma desaparición terminó sirviendo para debilitar lo que había denunciado.

Al pie del decreto aparecían una fecha, un sello y la firma del fiscal que había dirigido las diligencias.

Gabriel Leza.

Gabriel Leza tenía entonces treinta y cinco años y todavía no ocupaba los cargos que después lo convertirían en una figura pública.

Pero la lógica de aquella firma le resultó demasiado familiar a Daniel: el miedo de una mujer quedaba aislado de aquello que podía confirmarlo y, una vez aislado, pasaba a convertirse en una razón para dudar de ella.

La desaparición de Teresa seguía sin aclararse: podía haber muerto, haberse escondido o haber empezado otra vida.

También quedaban por identificar los hombres ocultos tras las tachaduras y averiguar por qué Tomás hablaba de aquel asunto como si llevara años definitivamente cerrado.

Daniel se limitó a anotar lo que podía sostener: Teresa Montalbán denunció una red de drogas y explotación sexual; aportó datos parcialmente comprobados; desapareció antes de completar la declaración; faltaban dos anexos; Gabriel Leza archivó las diligencias.

Después colocó junto al decreto la fotografía de la nave y la copia de la orden bancaria que Inés había protegido para reconstruir una historia ocurrida catorce años atrás. Tomás se había equivocado en una sola cosa: aquello no estaba cerrado.