CAPÍTULO 12 La rueda de prensa secuestrada #5
»Tercero: Se ordena la suspensión cautelarísima, inmediata e incondicional de la totalidad de las actuaciones, expedientes administrativos o recomendaciones sancionadoras incoadas por la Dirección General de Competencia en relación con el régimen tributario del Concierto Económico vasco, por fundamentarse en piezas periciales fraudulentas generadas en servidores clandestinos de la trama delictiva investigada.
La legalidad del Concierto Económico vasco, su autonomía institucional, procedimental y económica, y su plena compatibilidad con los tratados comunitarios fueron ratificadas solemnemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia histórica de 11 de septiembre de 2006 en los asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03.
Cualquier intento espurio de cuestionar dicha jurisprudencia mediante documentos apócrifos constituye un atentado frontal contra la seguridad jurídica de la Unión y queda viciado de nulidad radical bajo el artículo doscientos sesenta y tres del Tratado de Funcionamiento.
»Y cuarto: Se decreta el aseguramiento judicial inmediato de todos los soportes documentales, equipos informáticos y terminales de comunicación bajo control de la investigada en el recinto de este edificio, así como el embargo preventivo y la orden de indisponibilidad patrimonial universal sobre la totalidad de sus cuentas bancarias, participaciones fiduciarias y patrimonios radicados en territorio de la Unión Europea bajo el Reglamento comunitario 2018/1805 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.
Ainara hizo una pausa de un segundo, levantó la carpeta y depositó una copia autenticada del mandamiento judicial sobre el atril de metacrilato, deslizándola hasta rozar los dedos entumecidos de la funcionaria alemana.
—Queda usted formalmente notificada, señora Hagen —concluyó Ainara mirándola con una severidad limpia de cualquier odio personal, pero cargada de la memoria viva de las generaciones que habían defendido el autogobierno económico de su tierra—.
El Estado de derecho no es una herramienta para que los oligarcas y sus cómplices destruyan la soberanía fiscal de los pueblos.
El Concierto Económico vasco se construyó sobre la ley, la honestidad y el trabajo de hombres y mujeres libres, y ninguna mentira prefabricada con dinero manchado de sangre logrará derribarlo jamás.
En ese instante, las ráfagas de los flashes fotográficos estallaron con una intensidad deslumbrante, iluminando el rostro descompuesto de Patricia Hagen frente a la copia sellada de su propia orden de imputación penal.
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El eco de las últimas palabras de Ainara Zubiaga apenas había terminado de extinguirse en la acústica abovedada del hemiciclo cuando los batientes laterales del estrado se abrieron con estrépito.
Sobre la moqueta del escenario hizo su entrada una comitiva de seis funcionarios de la Policía Federal belga pertenecientes a la Comisaría Judicial de Bruselas-Capital, encabezados por el comisario Luc Van Hool.
Vestían los uniformes de servicio de paño azul marino con los distintivos oficiales de la policía judicial y las hombreras reglamentarias de mando.
Van Hool avanzó con porte marcial, con la gorra de plato bajo el brazo y una carpeta de diligencias sujeta con la mano izquierda.
Su rostro curtido no reflejaba la menor turbación ante la presencia de sesenta cámaras de televisión retransmitiendo en directo para todo el planeta.
A su lado, dos inspectores de la brigada de delitos financieros provistos de guantes de nitrilo azul y maletines de transporte de evidencias forenses subieron los peldaños de acceso al atril con movimientos rápidos y metódicos.
La autoridad policial belga, respaldada por el mandato de Eurojust y el requerimiento de la Fiscalía Europea, se desplegó sobre la tarima con una pulcritud procedimental incontestable.
El comisario belga se cuadró ante la tribuna, extrajo de su carpeta el mandamiento judicial de auxilio penal expedido por el magistrado de instrucción del tribunal de primera instancia de Bruselas en ejecución de la orden comunitaria de Eurojust, y se dirigió a la consejera especial en alemán y francés:
—Señora Patricia Hagen, en cumplimiento del requerimiento judicial dictado por el juzgado de instrucción número cuatro de Bruselas y por el fiscal de guardia de la Fiscalía Europea, procedemos en este acto a la intervención cautelar y aseguramiento de todos los soportes documentales y dispositivos digitales que obran en su poder en estas dependencias oficiales.
Asimismo, queda usted requerida para acompañar a esta comisión policial a las dependencias de la policía judicial federal en la Rue Royale al objeto de prestar declaración formal en calidad de investigada bajo custodia judicial penal.
Hagen permaneció inmóvil durante unos segundos, como si su mente se negara a admitir la realidad física de lo que estaba sucediendo.
Miró a los guardias de seguridad de la Comisión que custodiaban el perímetro exterior de la sala, pero los guardias apartaron la vista hacia el suelo, reconociendo la primacía jerárquica de la policía federal judicial y el peso de las órdenes de arresto que llegaban amparadas por la Eurocámara.
La altiva consejera que durante meses había manejado los hilos del chantaje financiero contra las instituciones vascas se encontraba de pronto despojada de cualquier escudo protector.
Sus ojos recorrieron la sala buscando un solo rostro amigo entre los funcionarios de la Comisión, pero solo encontró la mirada reprobatoria de quienes comprendían la magnitud del descrédito institucional que sus actos habían provocado.
Con ademanes profesionales y desprovistos de violencia innecesaria, los dos inspectores belgas desplegaron rollos de cinta adhesiva roja con la leyenda indeleble de precinto judicial ( «Scellé Judiciaire - Police Fédérale Belge» ).
Ante los teleobjetivos que no cesaban de disparar a escasos dos metros de distancia, envolvieron con el precinto el ordenador portátil de la Dirección General de Competencia que reposaba sobre la meseta del atril, precintaron las dos carpetas de piel negra que contenían los borradores del informe fraudulento y depositaron los terminales móviles de la consejera en bolsas de polietileno con cierre hermético y número de serie para cadena de custodia.
Cada pieza fue inventariada en el acta formal bajo los estándares de aseguramiento digital ISO/IEC 27037 ante la fe pública de los dos eurodiputados vascos presentes en el estrado.
—Por favor, señora Hagen, acompáñenos sin ofrecer resistencia —indicó el comisario Van Hool con voz firme pero mesurada, señalando la salida lateral de servicio que conectaba con los pasillos reservados del garaje subterráneo.
Patricia Hagen miró a Ainara por última vez.
En sus pupilas ya no quedaba rastro de la soberbia tecnocrática ni de la frialdad con la que había pretendido liquidar el Concierto Económico vasco desde la penumbra de sus despachos; solo se apreciaba el vacío grisáceo de una operadora derrotada que sabía que sus patrocinadores en Berlín y Dubái la abandonarían a su suerte antes del anochecer.
Con los labios apretados en una línea blanca y la cabeza gacha, abandonó el atril flanqueada por los agentes belgas, saliendo del encuadre de las cámaras bajo una lluvia incesante de preguntas gritadas por los corresponsales que se agolpaban contra la barandilla de seguridad.
En ese mismo instante, la puerta batiente del estrado se abrió nuevamente para dar paso a una figura corpulenta y venerable que provocó un nuevo clamor en las bancadas: Bernard Marchand, el Director General de la OLAF, acompañado por el vicepresidente económico de la Comisión Europea.
Marchand subió al estrado con paso decidido, apartó los micrófonos secundarios y ocupó el centro de la tribuna presidencial.
El silencio volvió a enseñorearse del anfiteatro, presintiendo la trascendencia histórica de la declaración que estaba a punto de pronunciarse.
El veterano jurista francés, cuyo prestigio ético era respetado unánimemente en todas las cancillerías europeas, respiró hondo ante los micrófonos y emitió una declaración institucional que sellaría para siempre el destino del expediente: