CAPÍTULO 12 La rueda de prensa secuestrada #4

En medio del tumulto ensordecedor que sacudía el anfiteatro de prensa, cuando los gritos de los corresponsales amenazaban con desbordar por completo el control de la mesa presidencial, las pesadas puertas dobles de madera noble situadas en el centro del pasillo de acceso principal se abrieron de par en par con un chasquido rotundo que silenció de golpe las primeras filas de la sala.

Los operadores de televisión giraron sus pesadas cámaras sobre las plataformas metálicas para enfocar la entrada.

Por el pasillo central, descendiendo con paso firme y pausado sobre la alfombra azul que conducía directamente al estrado, avanzaba Ainara Zubiaga.

La fiscal delegada anticorrupción de la Comunidad Autónoma del País Vasco no corría ni mostraba el menor signo de premura.

Vestía un traje sastre de lana negra de líneas sobrias, camisa de popelín blanco con el botón del cuello abrochado y zapatos oscuros de suela de cuero cuyo impacto contra el piso marcaba una cadencia rítmica, serena y de una autoridad moral aplastante.

Su cabello oscuro, recogido en un moño bajo impecable, despejaba un rostro en el que no se apreciaba el menor rastro de fatiga, a pesar de las semanas de acoso en la clandestinidad y las noches en vela cruzando la frontera pirenaica.

Bajo el brazo izquierdo, Ainara sostenía con firmeza la carpeta encuadernada en tafilete carmesí con los sellos en seco de la Sala de Admisiones de Eurojust y las cintas de seda blanca y verde de la judicatura foral.

Al dar el tercer paso por la rampa descendente, el puño de su chaqueta dejó al descubierto durante un instante la caja de acero cepillado del reloj Certina DS que su padre Josu había portado durante décadas en los tribunales de Bizkaia: un ancla silenciosa que le transmitía la certeza insobornable de que la ley jamás debía retroceder ante la soberbia de los poderosos.

Josu había defendido la legalidad del Concierto frente a las amenazas del autoritarismo centralista en los años más oscuros; ahora le correspondía a ella defender esa misma dignidad ante la intriga tecnocrática en el corazón de Europa.

El metal frío contra la piel de su muñeca actuaba como un escudo invisible contra el miedo y la intimidación.

A escasa distancia de sus talones, completando la comitiva con la dignidad que exigía el momento, caminaban los eurodiputados vascos Iñaki Mendieta y Arantza Goikoetxea, miembros titulares de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara.

Ambos portaban en las solapas de sus chaquetas la insignia parlamentaria de oro esmaltado, cuya presencia otorgaba a la incursión un blindaje democrático e institucional incuestionable frente a cualquier pretensión de detención gubernativa.

Detrás de los parlamentarios, cerrando el cortejo con la serenidad de quien conoce el terreno de operaciones, marchaba el inspector jefe Gorka Atxaga, vigilando cada movimiento de los ujieres y asegurando que nadie obstaculizara el paso de la magistrada.

El auditorio entero contuvo el aliento. Los periodistas se apartaban de su camino al verla avanzar entre las bancadas, reconociendo en su mirada la determinación inquebrantable de una servidora pública que comparecía no para litigar en un debate mediático, sino para ejecutar el mandato inapelable de la justicia penal comunitaria.

La luz blanca de los focos de televisión modelaba su figura como la personificación viva de la ley foral irrumpiendo en el templo de la burocracia comunitaria.

Nadie se atrevió a levantar una voz de protesta; la solemnidad de la marcha congeló los murmullos de la prensa internacional en un respeto casi religioso.

Ainara alcanzó la base del estrado, subió con paso seguro los tres peldaños enmoquetados y se plantó a escasos dos metros del atril principal, colocándose frente a frente con Patricia Hagen.

La consejera especial alemana retrocedió medio paso de forma involuntaria, como si la sola presencia de la fiscal vasca ejerciera una presión física insoportable.

Tenía los ojos desorbitados por el pánico y las manos crispadas sobre el metacrilato del atril; su respiración entrecortada se filtraba a través de los micrófonos de sala como un jadeo irregular que delataba el colapso absoluto de su armadura de poder.

En sus pupilas se reflejaba la humillación insoportable de verse confrontada en público por la mujer a la que había ordenado destruir en las montañas de Navarra.

—Usted... usted no tiene ninguna competencia procesal en este recinto —consiguió articular Hagen con un hilo de voz áspero que sonó hueco y tembloroso a través de la megafonía—.

La seguridad de este edificio... la presidencia de la Comisión no tolerará este atropello...

Están violando las prerrogativas de la Dirección General de Competencia...

Guardias, desalojen a esta persona del estrado...

Ainara no respondió al agravio ni elevó el tono de su voz.

Se aproximó al micrófono secundario instalado a la derecha de la tribuna, abrió la carpeta carmesí con una lentitud solemne que atrajo las lentes de todas las cámaras presentes en la sala y extrajo el primer folio de papel timbrado judicial con el sello húmedo en tinta morada de la Sala de Admisiones de La Haya.

Miró a los periodistas congregados en las bancadas, miró a los objetivos de las cámaras que transmitían en directo para millones de hogares y finalmente clavó la vista en los ojos descompuestos de la alemana.

Cuando Ainara comenzó a hablar, su voz, profunda, perfectamente modulada y preñada de una serenidad cristalina, resonó en el hemiciclo con la fuerza inapelable de un tribunal en sesión plenaria:

—Comparezco ante esta asamblea internacional en mi condición de Fiscal Delegada Anticorrupción y codirectora legal del recién constituido Equipo Conjunto de Investigación penal, integrado por la Fiscalía Europea, las autoridades judiciales del Reino de los Países Bajos, la República Francesa y el Reino de España, al amparo de la Decisión Marco 2002/465 del Consejo de la Unión Europea y el Reglamento 2017/1939 de la Fiscalía Europea.

Asumo la palabra bajo el amparo democrático de los representantes legítimos del Parlamento Europeo aquí presentes y en ejercicio de las funciones de tutela de la legalidad que la Constitución y el Estatuto de Autonomía encomiendan a las instituciones forales de mi tierra.

El silencio en el anfiteatro era tan denso que parecía absorber el calor de los focos.

Nadie osaba interrumpirla. Los corresponsales extranjeros escuchaban con los auriculares de traducción ajustados, mientras los intérpretes de cabina transmitían con fidelidad milimétrica la dicción jurídica de la magistrada foral.

En la primera fila, los reporteros que momentos antes tomaban notas sobre las sanciones contra el País Vasco permanecían petrificados, conscientes de que estaban asistiendo al acontecimiento político y judicial más trascendental de la década comunitaria.

Ainara clavó la mirada directamente en los ojos vidriosos de Patricia Hagen y procedió a la lectura formal del documento judicial:

—Pongo en conocimiento público y notifico en este acto a la señora Patricia Hagen el auto emitido a las seis horas de la presente jornada por la magistratura judicial de enlace en La Haya en el marco de la Resolución JIT-2026-04-NL/ES/FR. En dicha resolución se acuerda formalmente:

»Primero: La incoación de diligencias penales preferentes contra doña Patricia Hagen por los presuntos delitos continuados de falsedad en documento público comunitario, estafa procesal agravada con afección a los intereses financieros de la Unión, revelación de secretos de Estado, tráfico de influencias y cohecho activo transnacional, cometido mediante la recepción de fondos ilícitos canalizados desde entidades financieras de los Emiratos Árabes Unidos y de la Federación Rusa a través de estructuras fiduciarias radicadas en Bayona y Biarritz.

Dichos fondos, ascendentes a dos millones cuatrocientos cincuenta mil euros, tenían por objeto retribuir la fabricación de un dictamen pericial falso destinado a quebrantar la estabilidad económica y la singularidad constitucional del régimen foral del Concierto Económico.

Un murmullo sordo recorrió la primera fila de periodistas, pero Ainara continuó sin vacilar un solo milisegundo, desgranando los preceptos normativos con la precisión de un escalpelo forense:

»Segundo: Al amparo del Protocolo número siete sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea y la doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión en la sentencia Sayag contra Leduc, se declara taxativamente la inexistencia de inmunidad de jurisdicción funcional para los hechos objeto de imputación, por cuanto los delitos comunes de corrupción y falsificación documental no pueden considerarse en ningún caso realizados en el ejercicio ordinario de funciones oficiales comunitarias.

La pretendida inmunidad diplomática de esta Comisión no es un salvoconducto para el crimen organizado.