CAPÍTULO 11 El búnker de Berlaymont #5

En el umbral de la antecámara se alzaban, flanqueados por los eurodiputados Mendieta y Goikoetxea, las figuras inconfundibles de Ainara Zubiaga y Mathieu Etcheverry.

Detrás de ellos, la silueta maciza de Gorka Atxaga cerró la puerta a sus espaldas con una lentitud deliberada y colocó su espalda contra el pomo, bloqueando físicamente cualquier posibilidad de salida hacia el vestíbulo exterior.

Por primera vez desde que Mathieu la había conocido años atrás en las comisiones de auditoría de Bruselas, la máscara de frialdad absoluta de Patricia Hagen se resquebrajó de forma visible.

Un destello de incredulidad salvaje, mezclado con una punzada de alarma visceral que no logró disimular, dilató sus pupilas.

Su mirada se clavó en Mathieu Etcheverry: el hombre al que había despojado de sus credenciales, al que había empujado a una cacería mortal en los barrancos pirenaicos y al que sus cómplices en Múnich y Biarritz daban por neutralizado en la clandestinidad, estaba allí, de pie en su propia antecámara, mirándola con los mismos ojos negros e implacables que habían jurado justicia en el muelle de Zeebrugge.

—¿Qué significa esta inadmisible intrusión?

—exclamó Hagen, recuperando la voz con una aspereza artificial mientras intentaba adoptar una postura de superioridad jerárquica—.

Este es un recinto de acceso restringido para miembros de la Comisión Europea.

Señor Etcheverry, usted se encuentra suspendido cautelarmente de empleo y sueldo por resolución de la OLAF y tiene prohibida la entrada en dependencias comunitarias. ¡Guardias! ¡Seguridad!

—Nadie va a responder a sus llamadas, comisaria Hagen —intervino Ainara Zubiaga dando dos pasos firmes hacia el centro de la estancia y depositando con un golpe seco el pesado dossier carmesí sobre la mesa de cristal—.

Los agentes de seguridad de la planta baja están cumpliendo órdenes de custodia dictadas por una autoridad judicial con rango superior a sus atribuciones administrativas.

Soy Ainara Zubiaga, Fiscal Delegada Anticorrupción de la Comunidad Autónoma del País Vasco y codirectora legal del Equipo Conjunto de Investigación constituido esta misma madrugada en La Haya bajo el amparo de Eurojust y la Fiscalía Europea.

Hagen intentó esbozar una sonrisa de desdén, pero el temblor casi imperceptible en la comisura de sus labios delataba que la trampa que había diseñado con tanta meticulosidad se estaba cerrando en torno a su propio cuello.

—Una fiscal autonómica española no tiene ninguna competencia funcional ni territorial dentro de este edificio —replicó la alemana con frialdad desesperada, cruzándose de brazos para disimular la rigidez de sus manos—.

Están ustedes interrumpiendo una comparecencia oficial convocada por la Dirección General de Competencia para presentar un expediente de fraude que afecta al presupuesto de la Unión.

Si no abandonan esta sala de inmediato, informaré a la embajada de mi país y exigiré al fiscal general de España la apertura de un expediente disciplinario que acabará con su carrera judicial en los tribunales vascos.

Mathieu dio un paso al frente, clavando sus ojos en los de la mujer que había ordenado la maniobra que le costó la vida a Isabelle en Bruselas.

—Guárdese las amenazas diplomáticas para los pasillos de Berlín, señora Hagen —dijo Mathieu con una voz baja, pausada y cargada de una contundencia demoledora que heló el aire de la habitación—.

Su pretendida inmunidad funcional no ampara la falsificación de sellos oficiales de la OLAF en un servidor clandestino de Múnich, ni el soborno de peritos mercantiles mediante pagos canalizados a través de la Banque Privée de l'Adour en Bayona con fondos procedentes de las cuentas fiduciarias de Viktor Sorokin en Dubái.

Hace exactamente tres horas, la fiscalía financiera de Francia y la policía judicial alemana ejecutaron los mandamientos de incautación preventiva librados por Eurojust. Conocemos cada transferencia, cada registro de conexión IP y cada marca de agua del papel verjurado que imprimió en Biarritz a través de L'Étoile Atlantique.

Tenemos las imágenes forenses de los discos duros incautados en Aschheim con los hashes criptográficos SHA-256 certificados ante notario, y tenemos las declaraciones firmadas en prisión por Sylvain Deschamps y Kepa Arostegui detallando las promesas de impunidad en Suiza que usted misma les ofreció a cambio de sustraer los códigos del Concierto Económico.

Ainara abrió la carpeta carmesí, extrajo el primer folio protocolizado con las firmas notariales y los sellos judiciales de La Haya y lo sostuvo frente a los ojos de Hagen.

—Tengo en la mano la providencia judicial de imputación penal por los presuntos delitos de estafa procesal agravada, revelación de secretos de Estado, cohecho transnacional y falsedad documental en el ejercicio de funciones públicas comunitarias —manifestó la fiscal foral con la implacable precisión de un cirujano forense—.

El artículo once del Protocolo número siete de los Tratados comunitarios y la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia en el asunto Sayag contra Leduc establecen de forma terminante que los delitos penales comunes y los actos de corrupción jamás pueden considerarse cometidos en el ejercicio de funciones oficiales.

Su inmunidad diplomática no existe frente a un mandamiento penal de Eurojust. Asimismo, el juez de enlace de los Países Bajos y la magistratura española han emitido una resolución cautelar de aseguramiento preventivo que ordena la intervención inmediata de todos los soportes digitales y documentación que obren en su poder en relación con el Concierto Económico vasco.

Hagen miró el papel con el lacre de Eurojust y por un instante pareció que el suelo bajo sus pies se desvanecía por completo. La respiración se le volvió corta y superficial, incapaz de disimular el vértigo del colapso.

—Ustedes no se atreverán a montar un escándalo público en este edificio —dijo con la voz entrecortada por la rabia y el miedo contenido—.

La prensa internacional está esperando al otro lado de esa puerta.

Cincuenta periodistas tienen en sus manos el resumen ejecutivo.

El daño a su pretendido régimen foral ya está hecho.

El mercado bursátil no esperará a sus autos judiciales; la duda sobre la limpieza de sus cuentas ya está sembrada en toda Europa y la prima de riesgo está subiendo en este mismo segundo.