CAPÍTULO 11 El búnker de Berlaymont #3
Entre los murmullos de la sala, varios periodistas especializados en el régimen autonómico español expresaban, no obstante, dudas razonables sobre la coherencia jurídica del texto.
Jean-Marc Bouvier, veterano corresponsal económico de Le Figaro con más de quince años cubriendo los litigios fiscales comunitarios, sacudía la cabeza con incredulidad mientras cotejaba el cuadernillo con los antecedentes archivados en su tableta.
—Esto no tiene ningún sentido procedimental —comentaba en voz baja dirigiéndose al enviado especial de un rotativo madrileño—.
La fiscalización de los incentivos tributarios forales ya fue resuelta de forma definitiva por la sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en septiembre de 2006 en el asunto de las tres Diputaciones Forales.
El Tribunal de Luxemburgo reconoció de manera taxativa que las haciendas forales vascas gozan de autonomía institucional, procedimental y económica para fijar sus tipos impositivos y deducciones sin que ello constituya ayuda de Estado prohibida bajo el artículo 107 del Tratado.
Para reabrir este melón después de casi dos décadas, la Comisión necesitaría una resolución formal del Colegio de Comisarios o una auditoría exhaustiva de la OLAF ratificada por su director general, no una comparecencia de urgencia convocada en dos horas por una consejera especial de Competencia. Aquí hay gato encerrado.
—Da igual la sentencia de 2006 si el dosier aporta pruebas documentales de transferencias opacas hacia cuentas en Francia —le replicaba con escepticismo el redactor madrileño sin levantar los ojos de su teclado—.
En el momento en que la señora Hagen suba al atril y confirme ante las cámaras que hay un informe de la OLAF solicitando la suspensión de los fondos estructurales, la maquinaria política de Madrid y Bruselas se pondrá en marcha de forma automática.
Ningún gobierno puede permitirse ignorar una acusación formal de fraude comunitario en vísperas de un Consejo Europeo.
El contenido del dosier negro era un compendio magistral de medias verdades y falsificaciones contables.
Tomaba los balances auditados y públicos de las grandes cooperativas industriales de Mondragón —Fagor Ederlan, Danobat, Orona— y eliminaba quirúrgicamente las columnas que justificaban el retorno social y la reinversión obligatoria en I+D exigida por las Normas Forales del territorio histórico de Gipuzkoa y Bizkaia.
Al suprimir los epígrafes de reinversión, las deducciones fiscales legales quedaban presentadas artificialmente como subsidios encubiertos a fondo perdido.
Además, los gráficos intercalaban transferencias ficticias hacia sociedades pantalla de Viktor Sorokin registradas en Chipre y Dubái, haciendo coincidir los importes con las partidas reales de exportación de maquinaria de precisión.
La trampa técnica estaba tan pulida que únicamente un experto en contabilidad foral y derecho tributario comparado podía detectar la manipulación en un primer vistazo.
En la cabina de realización audiovisual situada al fondo del auditorio, los técnicos de sonido terminaban de ecualizar los micrófonos de la tribuna central y las pantallas de los monitores de traducción simultánea mostraban a los intérpretes de francés, alemán, inglés y español listos para la retransmisión oficial.
El cronómetro digital del estudio marcaba las diez y cuarenta y cinco minutos.
Faltaban escasos quince minutos para el inicio de la conferencia de prensa.
En el exterior del anfiteatro, el atrio del Berlaymont bullía con el trasiego constante de asesores y directores de gabinete que se congregaban en los pasillos adyacentes intuyendo la inminencia de un terremoto institucional de alcance continental.
Lo que ninguno de los presentes sospechaba era que a escasos cincuenta metros de los controles principales de seguridad, una comitiva inesperada acababa de cruzar la pasarela cubierta desde la explanada de Schuman, dispuesta a dinamitar desde sus cimientos la farsa montada en el auditorio.
La agitación en las bancadas del auditorio crecía por momentos conforme se acercaba la hora señalada.
En la tercera fila de asientos, Klaus Eberhardt, el veterano analista de finanzas públicas del Frankfurter Allgemeine Zeitung , cotejaba con evidente escepticismo los apéndices del informe que le había entregado un asistente de Competencia.
A su lado, David Sterling, jefe de la corresponsalía comunitaria de The Economist , tomaba notas en un cuaderno de taquigrafía con el ceño fruncido.
—Mira la nota al pie número cuarenta y dos del anexo tres, David —apuntó Eberhardt en un susurro cargado de ironía técnica—.
Citan como fuente pericial un supuesto informe de auditoría externa encargado a una consultora privada denominada L'Étoile Atlantique.
¿Desde cuándo la Comisión Europea externaliza la investigación de un régimen fiscal soberano a una firma de relaciones públicas radicada en el País Vasco francés sin pasar por concurso público en el Diario Oficial de la Unión?
Esto huele a chapuza procesal desde un kilómetro de distancia.
—El problema, Klaus, no es la pulcritud procesal de la consultora —le replicó Sterling sin levantar la vista de sus apuntes—.
El problema es que el documento viene avalado por la firma de Patricia Hagen y cuenta con el logotipo de la OLAF en la portada.
En los mercados de Londres nadie se va a detener a leer la letra pequeña de la nota cuarenta y dos antes del cierre de las bolsas europeas.
Los operadores de divisas y bonos soberanos ven un titular de Bloomberg que dice «La Comisión Europea investiga un fraude masivo en el Concierto Vasco» y aprietan el botón de venta de inmediato.
La economía del norte de España depende de las cadenas de suministro integradas con la automoción alemana; si le cortan el crédito bancario durante setenta y dos horas, las pérdidas industriales serán astronómicas.
En la primera fila, los enviados especiales de los canales de televisión españoles mantenían encendidos sus teléfonos móviles en comunicación directa con los programas matinales de debate político en Madrid, listos para entrar en directo en cuanto la comisaria subiera al atril.
En los pasillos traseros, dos agregados de la representación diplomática de los Países Bajos observaban la escena con evidente preocupación, intercambiando miradas con los observadores de la delegación de la OCDE.
La tensión era tan densa que el chasquido de un micrófono siendo ajustado en la tribuna de oradores provocó que media docena de periodistas se sobresaltaran simultáneamente.
El reloj digital sobre la cabina de realizadores marcaba las diez y cuarenta y siete minutos.
En las pantallas laterales, la cotización de los títulos de deuda foral continuaba deslizándose hacia abajo con una lentitud implacable.
La maquinaria del descrédito institucional funcionaba a pleno rendimiento, alimentada por el morbo de una primicia que amenazaba con dinamitar la estabilidad política del Estado español en el corazón mismo de la Unión Europea.
♦ ♦ ♦
El viento helado que barría la explanada de la rotonda Robert Schuman empujaba ráfagas de aguanieve contra las cristaleras monumentales del edificio Berlaymont.
En el vestíbulo acristalado de acceso peatonal, cuatro agentes de la guardia de seguridad interior de la Comisión Europea permanecían apostados frente a la hilera de tornos automáticos, flanqueados por dos oficiales de la policía federal belga de uniforme oscuro.
En las pantallas de los terminales de control biométrico brillaba la fotografía digitalizada de Mathieu Etcheverry junto a una orden de captura administrativa interna emitida a primera hora de la mañana por la Secretaría General de la OLAF: «Prohibición taxativa de acceso al recinto comunitario.
Retención inmediata y custodia para traslado a dependencias judiciales belgas» .
Sin embargo, cuando las puertas automáticas de cristal del acceso reservado se abrieron de par en par a las diez y cuarenta y ocho minutos, no fue un fugitivo furtivo quien cruzó el umbral.
En cabeza de la delegación marchaban dos figuras de porte enérgico y solemne a quienes los agentes de seguridad reconocieron al instante con evidente turbación: Iñaki Mendieta y Arantza Goikoetxea, eurodiputados vascos y miembros titulares de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Ambos portaban en las solapas de sus abrigos la insignia dorada del hemiciclo comunitario y sostenían en sus manos los salvoconductos diplomáticos de color burdeos expedidos por la Secretaría General del Parlamento Europeo.
Inmediatamente detrás de ellos caminaba Ainara Zubiaga.
La fiscal delegada anticorrupción vestía un impecable traje sastre de lana negra, camisa blanca de cuello almidonado y zapatos de cuero oscuro sin tacón alto que resonaban sobre las losas de granito pulido con la cadencia marcial de un tribunal en marcha.
Su rostro, despejado por un moño severo y sin concesiones al adorno superfluo, reflejaba una concentración absoluta.
Bajo el brazo izquierdo sujetaba con firmeza una carpeta encuadernada en tafilete carmesí con el escudo oficial del Ministerio Fiscal y el sello húmedo en tinta azul de la Sala de Admisiones de Eurojust en La Haya.
Al caminar, la manga de su abrigo dejó al descubierto durante un segundo la esfera de acero mate del reloj Certina DS que su padre Josu había llevado durante treinta años en las guardias del viejo Palacio de Justicia de Bilbao: una reliquia silenciosa que le recordaba que la ley no era un artefacto retórico para uso de tecnócratas arrogantes, sino el único escudo protector de los hombres y mujeres corrientes de su tierra.