CAPÍTULO 10 El asedio de La Haya #2

—Patricia Hagen cree que Europa es su feudo personal —comentó Mathieu mientras ajustaba las luces de cruce para atravesar el peaje automatizado de Breda—.

Está acostumbrada a negociar con ministros dóciles y con directores generales que le temen porque maneja los presupuestos de las ayudas estatales.

Pero no sabe cómo funciona Eurojust. Jan van der Berg y los magistrados de enlace no responden ante la jerarquía del Berlaymont.

Si les demostramos que ha utilizado un servidor privado para falsificar un dictamen oficial, emitirán la orden de detención sin pedir permiso al presidente de la Comisión.

Mientras el Volvo avanzaba por las llanuras neerlandesas de Brabante Septentrional hacia el canal de la Mancha, Ainara contemplaba las luces de las granjas aisladas que punteaban la oscuridad de los pólderes.

Aquel paisaje de canales rectilíneos, diques de contención y compuertas hidráulicas guardaba un parentesco espiritual profundo con la ría de Bilbao y los puertos labortanos: la lucha centenaria de un pueblo contra la hostilidad de los elementos para construir un espacio de libertad y prosperidad compartida.

Los campesinos de Zelanda y los armadores de Frisia habían entendido desde la Edad Media que la supervivencia dependía de la ley común y del mantenimiento de los diques; cualquier brecha que se abriera en la pared de contención amenazaba con anegar la comunidad entera.

Los holandeses, al igual que los vascos, habían edificado su modelo de convivencia sobre la base del pacto comunal y el respeto escrupuloso a la palabra dada.

El derecho mercantil moderno, fundado en la buena fe de las transacciones y la transparencia de los libros mayores, había nacido en las bolsas de Ámsterdam y en los consulados marítimos del mar del Norte.

Por eso, acudir a La Haya no era buscar un amparo foráneo: era apelar a las fuentes originarias de la justicia mercantil europea para extirpar el cáncer de la corrupción financiera que amenazaba con pudrir los cimientos de la Unión.

Ainara repasó con el índice las cuartillas de su cuaderno de notas.

En ellas figuraban los nombres de los cuarenta y tres altos cargos comunitarios, intermediarios bancarios y peritos mercantiles que habían recibido fondos procedentes de la cuenta de Al-Ain International Bank en Dubái.

No se trataba de una simple desviación contable; era un entramado sistemático de captura corporativa diseñado para privatizar los servicios públicos esenciales y convertir el suelo industrial del valle del Deba en un parque de especulación logística para fondos buitre transnacionales.

—En quince minutos estaremos en el distrito internacional de Statenkwartier —anunció Mathieu mirando el navegador del tablero—.

Jan van der Berg ha despejado la esclusa de seguridad del aparcamiento subterráneo de Eurojust. No habrá periodistas ni fotógrafos en la entrada.

Entraremos directos a la sala de crisis blindada.

Ainara cerró el ordenador portátil y colocó la carpeta con las diligencias principales dentro de su maletín de cuero burdeos.

Respiró hondo, sintiendo en el pecho la calma gélida que antecede a las grandes batallas judiciales.

Miró a Mathieu y asintió levemente. Estaban preparados para asediar el bastión de la infamia.

El tablero de instrumentos emitía un resplandor ámbar ténue que dibujaba las siluetas de los tres ocupantes en la penumbra del habitáculo.

Fuera, la lluvia de Flandes azotaba los sauces ribereños que flanqueaban los canales de Gante y Brujas.

Mathieu sentía en las yemas de los dedos la vibración del motor diésel de cinco cilindros, un bloque macizo que devoraba los kilómetros con la parsimonia tenaz de la ingeniería sueca.

Habían pasado casi dieciocho horas desde que iniciaron la marcha en las faldas pirenaicas, y el contraste entre el silencio pétreo de Donibane Garazi y el vértigo industrial del eje París-Bruselas-La Haya resumía la fractura de una Europa de dos velocidades: la que preservaba la memoria de las comunidades territoriales y la que operaba como una maquinaria de flujos anónimos donde los capitales no reconocían patrias ni escrúpulos.

—¿Recuerdas el caso de los astilleros de Amberes en 2018, Mathieu?

—preguntó Ainara desde la banqueta trasera, rompiendo el mutismo de la marcha mientras consultaba un legajo en formato digital—.

Los fondos de inversión alemanes intentaron desmantelar las gradas de reparación naval alegando incompatibilidad con las directivas de descarbonización.

Utilizaron exactamente la misma firma pericial que ahora firma el informe de Ajuria Enea: Bavaria Forensic Advisory .

En aquel entonces, el fiscal general belga no se atrevió a contradecir a la comisaría de Mercado Interior y mil cuatrocientos operarios acabaron en la calle.

—Lo recuerdo perfectamente —asintió Mathieu, rebasando con un golpe de acelerador a un camión cisterna con matrícula de Hamburgo—.

Yo estaba en el equipo de auditoría preliminar de la OLAF.

Redacté una nota confidencial advirtiendo que los peritos de Múnich cobraban honorarios encubiertos a través de filiales en las islas Vírgenes Británicas.

Mi director general de entonces me citó en su despacho de la Rue Joseph II y me ordenó borrar las conclusiones del servidor central.

Me dijo que no convenía indisponer a los socios renanos en vísperas de las elecciones parlamentarias.

Fue el día en que decidí pedir la excedencia voluntaria.

Ainara escuchó en silencio, asimilando la amargura contenida en la voz de Mathieu.

Comprendía mejor que nadie esa herida: el sentimiento de impotencia del servidor público honrado que descubre que las normas que juró defender están supeditadas a los intereses espurios de una casta de altos funcionarios intocables.

Pero esa noche no estaban solos; tenían en sus manos la prueba material del cohecho y contaban con la complicidad operativa de los mejores sabuesos de Europol.

Gorka Atxaga se incorporó en su asiento, estiró los brazos con un chasquido de vértebras y comprobó la hora en la pantalla del teléfono encriptado: eran las veintitrés horas y cincuenta minutos.

El veterano policía vasco se pasó la mano por la cara curtida y observó los postes de señalización iluminados en neerlandés que indicaban las salidas hacia Dordrecht y Róterdam.

—A estas horas mi mujer debe de estar rezando el rosario en la parroquia de Santa María en Durango —murmuró Gorka con un suspiro ronco—.

Le dije que salía para una guardia de transporte judicial ordinario en San Sebastián.

Si se entera de que ando cruzando Bélgica con un maletín de pruebas y órdenes de busca y captura de la gendarmería francesa, me retira la palabra hasta el verano que viene.

Ainara soltó una carcajada cristalina desde el fondo del coche, una risa que descompuso por un instante la gravedad solemne que dominaba el viaje.

—Tu mujer te conoce demasiado bien, Gorka —repuso Ainara—.

Sabe que eres incapaz de quedarte en una oficina firmando partes de baja mientras en la calle se decide el futuro de la comunidad.

Josu siempre me decía que cuando las cosas se ponían feas de verdad en los juzgados de Bilbao, el único policía con el que podías cruzar un descampado a oscuras sin mirar atrás eras tú.

El ertzaina sonrió con timidez, mirando de reojo hacia el retrovisor exterior.

—Josu era un fuera de serie, Ainara. El único fiscal que vi meter en la cárcel a tres consejeros de administración de la banca privada sin que le temblara el pulso ni una sola vez.

Si hoy estuviera aquí con nosotros en este cacharro sueco, ya tendría redactado el auto de prisión provisional para la señora Hagen antes de pasar el peaje de La Haya.

El nombre de Josu Zubiaga sobrevoló el habitáculo como un bálsamo protector.

Mathieu miró por el retrovisor y cruzó su mirada con la de Ainara.

En la penumbra del vehículo, la fiscal apretaba el expediente contra su regazo con la serenidad de quien sabe que está cumpliendo una deuda sagrada con su linaje y con su pueblo.

La muga estaba superada; la llanura de Holanda los recibía con sus canales silenciosos y su promesa de justicia insobornable.

♦ ♦ ♦

Eran exactamente las dos y cuarenta y cinco minutos de la madrugada cuando el Volvo familiar abandonó la autovía A12 y se internó por las amplias avenidas arboladas del Statenkwartier, el elegante distrito diplomático de La Haya donde se concentraban las embajadas internacionales, el Tribunal Penal Internacional y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

La ciudad dormía bajo una llovizna helada que brillaba sobre las calzadas de adoquín holandés, barridas por un viento del norte que doblaba las copas de los tilos deshojados.

La arquitectura señorial del siglo XIX, con sus palacetes de ladrillo visto y tejados inclinados de pizarra, contrastaba con los complejos vanguardistas de hormigón blanco y vidrio blindado que albergaban las agencias del orden jurídico global.

Al final de la avenida Johan de Wittlaan, recortada contra el cielo plomizo de la madrugada, se alzaba la sede central de Eurojust: un complejo arquitectónico monumental de doce plantas levantado en acero pulido y cristal laminado de seguridad de alta resistencia balística.

El edificio, diseñado para soportar ataques con explosivos y asedios armados, proyectaba una sobriedad geométrica implacable.

No había ventanas practicables en las fachadas inferiores; una cancela perimetral de barrotes de acero de tres metros de altura y una fosa perimetral de seguridad aislaban el recinto de la vía pública.

Los sensores volumétricos y las cámaras térmicas de vigilancia perimetral cubrían cada metro cuadrado del perímetro exterior.