CAPÍTULO 9 El contraataque judicial #3

El valor probatorio de los documentos que reposaban sobre la mesa de nogal era de una contundencia procesal inapelable.

En el derecho procesal penal europeo, la prueba preconstituida regulada conforme a las directivas de cooperación judicial gozaba de presunción de veracidad reforzada cuando, como en el caso de Sylvain Deschamps, concurría la inminencia de muerte del declarante y la presencia garantista de la defensa letrada y del magistrado instructor.

La defensa de Patricia Hagen no podría alegar indefensión ni vulneración del principio de contradicción: el acta de Martutene cumplía escrupulosamente los estándares del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por su parte, la confesión de Kepa Arostegui aportaba el eslabón subjetivo imprescindible para destruir la presunción de inocencia de la comisaria alemana.

Arostegui no era un intermediario mercantil difuso, sino un alto cargo de la administración autonómica vasca que había mantenido reuniones directas y personales con Hagen en Bruselas, Múnich y Biarritz.

Sus declaraciones aportaban agendas oficiales, números de vuelo de la compañía Lufthansa, billetes de tren Eurostar y extractos de tarjetas de crédito corporativas que situaban a la comisaria en los mismos hoteles y restaurantes donde se pactaron los pagos ilícitos.

—Esto desmonta cualquier coartada diplomática —subrayó Mathieu examinando los sellos de lacre—.

En la OLAF, Hagen siempre se escudaba en que ella se limitaba a supervisar líneas estratégicas macroeconómicas y que los informes técnicos eran elaborados por consultores independientes externos sin su conocimiento directo.

Con estas dos declaraciones judiciales en la mano, unidas a los extractos de la Banque Privée de l'Adour donde figura su clave de firma personal en las órdenes de pago de Bayona, la autoría material y la inducción directa quedan consumadas más allá de toda duda razonable.

Gorka extrajo de su bolsillo interior una memoria USB precintada en una bolsa de evidencias de la policía judicial vasca y la colocó junto a los legajos judiciales.

—Aquí tenéis las copias de seguridad de las grabaciones de audio de la enfermería de Martutene —explicó el ertzaina con mirada grave—.

El juez de guardia autorizó la duplicación bajo fe pública de la letrada judicial.

La voz de Deschamps se escucha débil, rota por el neumotórax, pero pronuncia el nombre de Patricia Hagen y el de Viktor Sorokin con una claridad escalofriante.

Menciona las cuentas del Al-Ain International Bank en los emiratos, identifica la consultora L'Étoile Atlantique en Biarritz como la sede operativa de la trama en el suroeste y detalla las reuniones mantenidas en la DG COMP para coordinar la publicación del informe con la prensa anglosajona.

Ainara cogió la bolsa de evidencias y sintió el frío del plástico sellado.

La muerte violenta de Sylvain Deschamps en el presidio donostiarra era el recordatorio más sangriento de la catadura moral del enemigo al que se enfrentaban.

Sorokin no era un simple financiero corrupto que pagaba comisiones bajo cuerda; era un oligarca curtido en las guerras del acero de la Rusia poscomunista, un hombre que no vacilaba en encargar asesinatos selectivos en cárceles de máxima seguridad o tiroteos en calles concurridas de Bayona para proteger sus redes de blanqueo en Occidente.

—Deschamps pagó con su vida el haber creído en las promesas de impunidad de Hagen —dijo Ainara en voz baja, guardando la memoria en su maletín burdeos—.

Pero su muerte no será en vano. Su testimonio ante la comisión judicial es el clavo definitivo en el ataúd procesal de esta trama.

Ahora tenemos que redactar la querella para que Eurojust active la maquinaria comunitaria antes del mediodía.

La profundidad técnica de la confesión de Sylvain Deschamps revelaba hasta qué punto la trama criminal había perfeccionado los métodos de intoxicación mercantil.

El financiero francés, sabiéndose al borde de la muerte por el colapso pulmonar, había querido dejar constancia minuciosa de cada operación de ingeniería contable para evitar que su familia fuera despojada de sus bienes patrimoniales en Suiza por los abogados de Sorokin.

Deschamps detallaba en el acta cómo la consultora Atalante Capital había utilizado una línea de crédito de cincuenta millones de euros, apalancada en el mercado interbancario de Fráncfort a través de una filial luxemburguesa de la banca alemana, para adquirir pagarés a corto plazo de las empresas filiales de Mondragón.

Una vez en posesión de los títulos mercantiles legítimos, un equipo de falsificadores de alta precisión en Düsseldorf, contratado con fondos de Patricia Hagen, elaboraba duplicados exactos en papel térmico de seguridad, alterando únicamente las cláusulas de vencimiento y los tipos de descuento para hacer parecer que las cooperativas estaban refinanciando su deuda a tipos usurarios del quince por ciento para ocultar pérdidas operativas masivas.

—El objetivo no era enriquecerse con el cobro de los pagarés —subrayó Ainara pasando las páginas del informe pericial grafológico que acompañaba al acta—.

El objetivo era provocar un pánico bancario inducido: en cuanto los duplicados falsos fueron presentados al cobro simultáneamente en Londres y París, las agencias de calificación crediticia rebajaron la solvencia del grupo industrial y Hagen utilizó esa supuesta insolvencia como la prueba reina para sostener en su informe que el Concierto Económico vasco era un esquema piramidal opaco que falseaba las cuentas públicas de España.

Una mentira diseñada con precisión quirúrgica para justificar la demolición del autogobierno.

♦ ♦ ♦

Durante las siguientes tres horas, la mesa comunal de la planta baja de la casona se transformó en el estado mayor de una operación judicial sin precedentes.

A la luz de la lámpara de aceite y con el calor reconfortante del fuego de roble que Mathieu alimentaba con leños secos, Ainara, Mathieu y Gorka desplegaron las tres piezas maestras del rompecabezas probatorio, cruzando fechas, importes, números de cuentas bancarias y códigos de autorización criptográfica.

A la izquierda de la mesa descansaban los volcados informáticos de los servidores de la OLAF y de la Dirección General de Competencia en Bruselas, rescatados por Mathieu antes de su suspensión cautelar en la Rue Joseph II: los metadatos de creación de los borradores del dosier de Ajuria Enea, que demostraban que el informe había sido redactado en terminales privados de Múnich arrendados por el BND alemán y no en las unidades de auditoría de la Comisión.

En el centro se alineaban los extractos de la Banque Privée de l'Adour incautados por Ainara en el despacho de Jean-Luc Miramont en Bayona: el rastro de las tres transferencias de seiscientos mil euros originadas en el Al-Ain International Bank de Dubái bajo las órdenes de Viktor Sorokin, y las actas de consejo de administración fiduciario firmadas por Patricia Hagen para remunerar a los peritos que falsearon los datos del Concierto Económico.

Y a la derecha reposaban los legajos judiciales traídos por Gorka desde Guipúzcoa: las confesiones preconstituidas de Sylvain Deschamps en Martutene y de Kepa Arostegui en Basauri, certificando la promesa de impunidad institucional y la entrega de sobornos millonarios en Ginebra a cambio de violar el secreto de las bases tributarias forales.

Ainara trazaba en su cuaderno de notas un diagrama de imputación objetiva con flechas rojas que unían a cada uno de los actores con los tipos penales del Código Penal europeo y de los ordenamientos francés y español. Su mente operaba con la precisión implacable de un maestro relojero:

—La calificación jurídica es incontestable —explicó Ainara con voz firme, levantando la vista hacia sus dos compañeros—.

En primer lugar, un delito continuado de estafa procesal agravada contra los intereses financieros de la Unión Europea, tipificado en el artículo 3 de la Directiva PIF (UE) 2017/1371, al intentar inducir a error al Colegio de Comisarios mediante documentos adulterados para provocar la intervención coactiva de los fondos autonómicos vascos.

—En segundo lugar —continuó la fiscal—, un delito de falsedad en documento público y mercantil de carácter internacional, al haber clonado certificados digitales revocados de la OLAF y haber inyectado balances falsos en la contabilidad del Concierto Económico.

—Y en tercer lugar, el delito nuclear que dinamita cualquier pretensión de inmunidad diplomática: cohecho activo y pasivo de altos funcionarios de la Unión y blanqueo de capitales agravado bajo la Sexta Directiva AMLD6, con fondos procedentes del crimen organizado transnacional canalizados a través de los emiratos.

La pena conjunta para Patricia Hagen en cualquiera de las jurisdicciones implicadas supera los quince años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de funciones públicas en la Unión Europea.

Gorka soltó un silbido prolongado y se sirvió un vaso de agua fresca de la jarra.

—Es un misil tierra-aire teledirigido a la línea de flotación de Berlaymont, Ainara —dijo el policía con una sonrisa de admiración—.

Pero el tiempo juega en nuestra contra. Son las ocho y media de la mañana.

La rueda de prensa de Hagen en Bruselas está fijada para las once en punto.

Si los periódicos abren sus ediciones digitales con el escándalo del falso déficit vasco, la tormenta política será incontrolable aunque luego los tribunales nos den la razón dentro de cinco años.

Tenemos que frenarla en seco antes de que se suba a la tribuna de prensa.

Mathieu consultó su reloj y asintió con gravedad.