CAPÍTULO 9 El contraataque judicial #4

—Gorka tiene razón —intervino el investigador—.

Patricia Hagen sabe que la OLAF está dividida y que Bernard Marchand no se atreverá a desmentirla en público sin una resolución judicial formal de un organismo superior.

Su estrategia consiste en crear un hecho consumado: lanzar el dosier a los medios anglosajones, forzar al Parlamento Europeo a abrir una comisión de investigación extraordinaria sobre el Concierto vasco y obligar a las diputaciones forales a litigar a la defensiva durante meses en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

—No habrá rueda de prensa —sentenció Ainara poniéndose en pie y encendiendo la terminal satelital conectada a su ordenador portátil blindado—.

Vamos a presentar la querella penal de urgencia directamente ante la Sala de Admisiones de Eurojust en La Haya y ante la Fiscalía Europea (EPPO) con solicitud de medidas cautelarísimas inaudita parte.

Con estas pruebas, el fiscal europeo de guardia tiene la obligación legal de ordenar la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo derivado del informe y la emisión de una orden europea de detención y entrega contra Hagen por riesgo fundado de fuga y destrucción de pruebas.

Mathieu se colocó a su lado, apoyando la mano en el respaldo de su silla.

—Redáctala, Ainara. Yo prepararé los paquetes criptográficos para la transmisión segura por la red judicial europea s-TESTA. En cuanto el escrito entre en el servidor central de La Haya, llamaré a Jan van der Berg al teléfono rojo de Europol.

El trabajo de redacción jurídica que Ainara desplegó en los siguientes sesenta minutos fue una obra maestra de orfebrería penal.

Despojada de adjetivos superfluos y de cualquier tentación retórica, la fiscal foral hilvanó los hechos con una frialdad matemática que convertía cada párrafo en una trampa procesal sin escapatoria para la comisaria alemana.

Cada afirmación fáctica estaba respaldada por su correspondiente anexo documental numerado: el extracto bancario con su código de transacción bancaria internacional (SWIFT), el volcado informático con su resumen criptográfico SHA-256 y la declaración judicial con su sello notarial de autenticidad.

La fundamentación de la medida cautelarísima de suspensión era demoledora: invocaba el principio de tutela judicial efectiva y el principio de precaución institucional consagrados en los tratados de la Unión, advirtiendo al supervisor judicial de que la difusión pública de un informe elaborado con fondos del crimen organizado causaría un daño irreparable a la estabilidad macroeconómica de España y al mercado único europeo, provocando una fuga injustificada de capitales en el sector industrial vasco y vulnerando la soberanía fiscal bilateral amparada por la Constitución española y los estatutos de autonomía.

Gorka y Mathieu contemplaban en silencio cómo los dedos de Ainara volaban sobre el teclado retroiluminado.

En la penumbra de la buhardilla de Donibane Garazi, aquella mujer solitaria encarnaba la dignidad de todo un pueblo que se negaba a ser moneda de cambio en las mesas de contratación de las multinacionales del norte.

No había arrogancia en su mirada, sino la serenidad invencible de quien sabe que la justicia, cuando se ejerce con pureza de miras y rigor técnico, posee una fuerza moral capaz de derribar a los imperios más poderosos.

Ainara levantó la vista de la pantalla, releyó el pliego de conclusiones preliminares y comprobó la secuencia cronológica de los hechos probados. Todo encajaba con la precisión milimétrica de un cronómetro de precisión:

El 12 de enero, la entrada de los primeros seiscientos mil euros de Viktor Sorokin en la Banque Privée de l'Adour coincidía al minuto con la apertura del expediente de auditoría interna de la OLAF ordenado por Patricia Hagen contra las diputaciones forales vascas.

El 28 de enero, la segunda transferencia de fondos desde Dubái precedía exactamente en cuarenta y ocho horas a la introducción de los pagarés apócrifos de Fagor Ederlan en la bolsa de Londres por Sylvain Deschamps.

Y el 4 de febrero, la reunión clandestina en el hotel du Palais de Biarritz entre Hagen, Sorokin y los fiduciarios alemanes culminaba con la orden expresa de redactar el dosier de Ajuria Enea y retener medio millón de euros para comprar voluntades políticas en Bruselas.

—El nexo causal es perfecto, Mathieu —dijo Ainara con un brillo acerado en la mirada—.

No hay una sola fisura que la defensa de Hagen pueda explotar para alegar desconexión de hechos.

Cada euro sucio que salió de los emiratos se convirtió en una línea del informe contra el Concierto.

La tipicidad del cohecho y de la estafa procesal es tan evidente que ningún fiscal de Eurojust podrá demorar la admisión a trámite ni sesenta segundos.

El cotejo de las órdenes de pago bancarias de la Banque Privée de l'Adour con las directivas internas de la DG COMP aportaba la prueba concluyente del cohecho transnacional.

En una carpeta de anexos confidenciales, Mathieu había aislado tres mensajes de correo electrónico cifrados procedentes del servidor privado de Hagen en Múnich, transmitidos a través del servicio de mensajería protegida de la embajada alemana en París.

En el primero de ellos, fechado el 22 de diciembre, Hagen instruía expresamente a sus enlaces en la consultora de Biarritz para que canalizaran seiscientos mil euros de la cuenta de Dubái hacia la remuneración de dos catedráticos eméritos de derecho tributario de la Universidad de Heidelberg, con el encargo de elaborar un dictamen pericial ad hoc que concluyera que las normas forales del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia y Gipuzkoa contravenían las normas comunitarias sobre ayudas de Estado prohibidas.

En el segundo correo, del 15 de enero, la comisaria felicitaba a Viktor Sorokin por la eficacia de sus intermediarios en los mercados de Londres y le garantizaba que, una vez que la Comisión Europea interviniera la hacienda vasca y forzara la privatización de los activos de las cooperativas industriales en crisis, un consorcio siderúrgico controlado por el magnate ruso a través de sociedades instrumentales de Chipre obtendría los derechos preferentes de compra sobre las fundiciones de Eskoriatza y Arrasate por una fracción de su valor real de mercado.

—Es el manual clásico del saqueo corporativo internacional —sentenció Mathieu, golpeando la mesa con el puño—.

Utilizan el poder normativo de las instituciones europeas para asfixiar a una industria local próspera y soberana, crean una crisis de liquidez artificial, y luego sus socios mafiosos de Dubái compran las fábricas a precio de chatarra con el dinero que previamente blanquearon a través de bancos de provincias.

Y Patricia Hagen se aseguraba una jubilación dorada como presidenta de honor de la fundación energética de Sorokin en Suiza.

♦ ♦ ♦

A las nueve y media de la mañana, el documento final de la querella criminal constaba de cincuenta y dos páginas de fundamentación jurídica rigurosa, complementadas por ciento ochenta y cuatro folios de anexos documentales autenticados.

En el encabezamiento del escrito figuraba la carátula oficial en doble columna en inglés y francés, los dos idiomas de trabajo de las agencias judiciales comunitarias:

TO THE INTAKE TEAM OF THE EUROPEAN COOPERATION AGENCY IN CRIMINAL MATTERS (EUROJUST) — THE HAGUE À L'ATTENTION DE LA CHAMbrE D'ADMISSION DU PARQUET EUROPÉEN (EPPO) — LUXEMBOURG / LA HAYE URGENT PETITION FOR THE IMMEDIATE ADOPTION OF PROVISIONAL PROTECTIVE MEASURES, CREATION OF A JOINT INVESTIGATION TEAM (JIT) UNDER FRAMEWORK DECISION 2002/465/JHA, AND ISSUANCE OF A EUROPEAN ARREST WARRANT AGAINST COMMISSIONER PATRICIA HAGEN.

Ainara insertó en la ranura lateral del ordenador portátil su tarjeta criptográfica de firma digital de la Fiscalía Foral del País Vasco, emitida por el prestador de servicios de certificación del Consejo General del Poder Judicial.

Introdujo su clave privada de doce dígitos alfanuméricos.

En la pantalla parpadeó el mensaje de validación: Firma digital cualificada de la Fiscal Delegada Ainara Zubiaga acreditada en el registro de autoridades judiciales europeas .

—Mathieu, abre el túnel seguro hacia el nodo de Eurojust en La Haya —ordenó Ainara con voz firme pero cargada de una emoción contenida.

Mathieu tecleó con rapidez en la consola satelital, configurando la conexión cifrada a través de la red privada s-TESTA, el canal seguro de alta velocidad que intercomunicaba a los ministerios de justicia, los servicios de inteligencia y las fiscalías de los veintisiete Estados miembros de la Unión.

Una barra de sincronización verde avanzó por la pantalla hasta establecer el canal punto a punto con la sede central de Eurojust, situada en el número 9 de la avenida Johan de Wittlaan, en La Haya.

—Canal de comunicación s-TESTA asegurado con algoritmo de encriptación de doscientos cincuenta y seis bits —anunció Mathieu—. La pasarela de admisión de Eurojust está en línea y en modo de recepción prioritaria.

Ainara colocó el cursor sobre el botón virtual de transmisión telemática: TRANSMITIR EXPEDIENTE PENAL DE URGENCIA #EU-2026-8814-Z .

Miró a Gorka Atxaga, que permanecía de pie junto a la ventana vigilando la Rue de la Citadelle con su taza de café en la mano, y luego a Mathieu, que le sostenía la mirada con una sonrisa de orgullo y devoción inquebrantable.

—Por mi padre Josu —susurró Ainara con la voz trémula pero el pulso firme—. Por los trabajadores de Mondragón. Y por la dignidad de este país.

Pulsó la tecla de envío.

Durante diez segundos de silencio absoluto en la casona de Donibane Garazi, la barra de transferencia avanzó con una velocidad vertiginosa: 15%... 48%... 85%... 100%.