CAPÍTULO 1 El dosier de Ajuria Enea #4

Aquellas hojas que ahora tenía delante en Ajuria Enea eran copias facsímiles de los cinco archivadores rojos que habían desaparecido misteriosamente del piso clandestino de Barandiarán en la Ribera de Deusto antes de que la comisión judicial pudiera precintarlo.

Aquellas carpetas contenían la auditoría reservada que Barandiarán venía elaborando en secreto sobre las operaciones transfronterizas de la consultora de Kepa Arostegui y las mercantiles pantalla del magnate francés Sylvain Deschamps.

El puzle encajó de pronto en la mente de Ainara con la violencia de una detonación.

Los asesinos de Barandiarán no habían destruido sus papeles para borrar las pruebas de su propia corrupción: se los habían llevado para utilizarlos como materia prima.

Kepa Arostegui, desde su despacho de la Alameda Mazarredo, y Sylvain Deschamps, desde su centro de operaciones en Luxemburgo y Biarritz, habían puesto en manos de los cerebros de esta operación la contabilidad interna más confidencial y sensible de la hacienda vasca.

Los inductores del chantaje no habían tenido que inventar los nombres de las empresas ni los importes de los créditos fiscales: tenían en su poder la radiografía tributaria íntima de medio tejido industrial de Bizkaia y Gipuzkoa, sustraída a un funcionario asesinado.

Lo único que habían tenido que hacer los autores del dosier era tomar los datos auténticos y rigurosos de Barandiarán, descontextualizarlos, alterar las columnas de retorno fabril y envolverlos en la retórica punitiva de un expediente sancionador comunitario.

Una obra maestra de la intoxicación: una mentira colosal construida sobre fragmentos indiscutibles de verdad robada.

Ainara se levantó de la silla, sintiendo el pulso latiéndole con fuerza en las sienes.

Caminó a lo largo de la mesa de caoba, dio dos vueltas a la alfombra central y regresó a su asiento.

La gravedad de lo que acababa de descubrir cambiaba por completo la naturaleza de la amenaza: no se trataba de una investigación oficial que hubiera descarrilado por celo burocrático; era una operación de guerra económica e inteligencia encubierta ejecutada por profesionales de altísimo nivel.

Con el bolígrafo en la mano, se concentró en la tercera capa del análisis pericial: la autoría material y los fallos de factura del documento.

Un informe apócrifo de quinientas páginas, por muy sofisticado que sea su diseño gráfico, siempre deja huellas delatores de la mente que lo redactó. Nadie puede fingir a la perfección el lenguaje de una administración ajena durante quinientos folios sin cometer deslices terminológicos.

A las dos y media de la madrugada, Ainara había localizado ya tres errores jurídicos insalvables que demostraban de manera concluyente que el informe no había sido redactado por inspectores de la OLAF ni por auditores españoles de la Intervención General de la Administración del Estado:

En primer lugar, en las páginas 142 y 218, calificaba la Norma Foral como «disposición administrativa regional subordinada a la Ley General Tributaria» .

Un auditor conocedor del marco foral jamás cometería tal dislate: el Tribunal Constitucional (STC 76/1988) y el TJUE fijaron que las Normas Forales tienen rango de ley ordinaria bajo la Disposición Adicional Primera de la Constitución, no subordinadas a leyes comunes.

En segundo lugar, en la página 287, al describir los mecanismos de resolución de discrepancias, el informe mencionaba a la Comisión Mixta del Concierto Económico como un «comité asesor dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda de España» , ignorando la naturaleza rigurosamente paritaria y bilateral del órgano de negociación de Estado consagrado en el artículo 61 de la Ley 12/2002.

Y en tercer lugar, la sintaxis jurídica del texto original delataba la pluma de un redactor educado en el derecho administrativo alemán o del norte de Europa: el uso recurrente de calcos léxicos traducidos de la legislación federal alemana sobre ayudas públicas ( Subventionsbetrug traducido literalmente como «estafa de subvención tipificada comunitaria») y la referencia a los territorios históricos como «cantones administrativos subestatales» .

Ainara apoyó la pluma sobre la libreta y contempló las seis páginas de notas densas que acababa de escribir. El cuadro clínico estaba completo:

El dosier de Ajuria Enea era una falsificación premeditada de carácter híbrido.

Su base empírica procedía de los expedientes confidenciales robados a Iñigo Barandiarán por la trama de Arostegui y Deschamps.

Su arquitectura visual y tipográfica era un plagio casi perfecto de los informes clasificados de la OLAF y de la Dirección General de Competencia en Bruselas.

Y su redacción material delataba la mano de un experto en derecho de la competencia europeo, probablemente vinculado a los servicios de inteligencia de un Estado miembro centralista que buscaba aprovechar la cumbre del Consejo Europeo para aniquilar la soberanía fiscal vasca de un solo golpe.

Eran las tres y cuarto de la madrugada.

Ainara cerró el archivador de anillas con un chasquido firme que selló su dictamen pericial. Recogió sus notas, guardó su pluma en el maletín y se puso de nuevo el abrigo de paño.

Era la hora de volver al despacho presidencial y decirle al Lehendakari la verdad desnuda.

♦ ♦ ♦

A las tres y veinte de la madrugada, Ainara cruzó de nuevo el umbral de nogal. El Lehendakari permanecía en la misma postura rígida frente a la mesa, con la mirada fija en el espacio vacío del archivador. La chimenea se había apagado casi por completo, dejando un lecho de cenizas grises.

Ainara avanzó con paso firme hasta el escritorio, depositó con suavidad el archivador sobre la madera y abrió su cuaderno de notas procesales sobre la primera página de apuntes.

El mandatario alzó la vista. Sus ojos, enrojecidos por la vigilia, buscaban en el rostro de la fiscal una señal de alivio que no encontró.

—Dime qué tenemos, Ainara —dijo con voz queda, casi un susurro en el silencio sepulcral de Ajuria Enea—. No me maquilles nada.

—El informe es una falsificación magistral construida sobre una base incontestable de verdad robada, señor Lehendakari —dictaminó Ainara con la precisión quirúrgica de una resolución judicial—.

Los ciento cuarenta millones de euros de fraude que denuncia el dosier son una patraña contable: han tomado las partidas presupuestarias reales del Fondo Vasco de Innovación y han borrado deliberadamente todo el registro de patentes, prototipos industriales y retornos productivos de los programas Hazitek y Elkartek.

Han transformado deducciones legítimas de I+D+i en supuestos desfalcos mediante una omisión deliberada de los activos de balance.

El Lehendakari soltó un suspiro hondo, pero la tensión en sus hombros no disminuyó un milímetro.

—Entonces es un montaje. Podemos desmentirlo punto por punto ante la prensa y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

—Ojalá fuera tan sencillo —replicó Ainara, sosteniendo la mirada del presidente—.

El problema no son las conclusiones falsas del informe; el problema son los anexos documentales.

Las quinientas doce páginas incluyen copias exactas de liquidaciones tributarias reservadas, códigos IBAN, conciliaciones bancarias internas y expedientes de inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia que jamás han salido del circuito foral.

Y sé con absoluta certeza de dónde proceden esos papeles.

El Lehendakari frunció el ceño, inclinándose hacia adelante sobre la mesa.

—¿De dónde?

—De los cinco archivadores rojos que fueron sustraídos del piso de Iñigo Barandiarán en la Ribera de Deusto tras su asesinato en el Palacio Euskalduna —respondió Ainara con una frialdad glacial—.

La red de Kepa Arostegui y Sylvain Deschamps no destruyó la documentación que Barandiarán recopilaba en secreto: la exfiltraron a sus estructuras en Biarritz y Luxemburgo.

Quienes han fabricado este dosier no han inventado las cifras: tienen en su poder la radiografía tributaria real de nuestras empresas auxiliares, entregada por los mismos que intentaron asfixiar a las cooperativas en Mondragón.

Han cogido los datos auténticos de Barandiarán, les han dado la vuelta para que parezcan una lavandería de dinero y los han encuadernado bajo el membrete de la OLAF y de la Dirección General de Competencia.

El Lehendakari se pasó la mano por la frente, cerrando los ojos durante varios segundos mientras el peso de la revelación caía sobre la estancia como una losa de plomo.

—Es una pinza perfecta —murmuró el presidente con un hilo de voz—.

Si ese informe se publica el miércoles en Wirtschaftswoche , The Financial Monitor y Le Figaro , los periodistas no llamarán para verificar si los prototipos de hidrógeno funcionan.

Publicarán los nombres reales de nuestras empresas, los millones de euros de las deducciones fiscales y el membrete de la Comisión Europea.

En los mercados de deuda soberana, Euskadi será calificada de paraíso fiscal delictivo en cuestión de minutos.

Y en Madrid, el Ministerio de Hacienda tendrá la coartada perfecta para suspender las facultades normativas de las Haciendas Forales ante el clamor de toda la opinión pública española.

—Exactamente —confirmó Ainara—. Y ningún recurso posterior ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo nos devolverá el autogobierno.

Para cuando los jueces comunitarios dictaminen dentro de seis u ocho años que el informe era falso y que las deducciones forales eran plenamente compatibles con el mercado interior, el daño será irreversible: el tejido industrial estará quebrado, las inversiones habrán huido a Baviera o a Flandes y el Concierto Económico habrá quedado desmantelado de facto bajo la tutela de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.