CAPÍTULO 1 El dosier de Ajuria Enea #3

—Yo me niego, Ainara —dijo, dándole la espalda a la estancia, con una voz que recuperó de pronto toda su autoridad foral—.

Me niego en redondo. Yo no voy a ser el Lehendakari que firme la capitulación del autogobierno económico vasco por miedo a un chantaje anónimo.

El Concierto Económico no es un privilegio de ricos ni una concesión graciosa del poder central: es la columna vertebral de este país.

Es el pacto bilateral cimentado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978 y ratificado en la Ley 12/2002.

Con el dinero que recaudan las Haciendas Forales pagamos nuestros hospitales, nuestras escuelas, la Ertzaintza, el bienestar de nuestros mayores y la reconversión de nuestras fábricas.

Si entregamos el Impuesto de Sociedades y la capacidad de incentivar nuestra propia industria a la tutela de Madrid y a los tecnócratas de Bruselas, habremos liquidado cuarenta años de soberanía democrática.

Nos convertiremos en una simple diputación administrativa sin alma ni futuro.

El Lehendakari se giró lentamente y regresó frente a la mesa. Apoyó ambas palmas sobre el archivador negro, ejerciendo una presión firme sobre el cartón plastificado.

—Pero no puedo ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera a defender el Concierto a ciegas —prosiguió, clavando su mirada en Ainara—.

No puedo presentarme en Madrid ni denunciar una conspiración en Bruselas si en esas quinientas doce páginas hay una sola línea de verdad incontestable.

Necesito saber si este dosier es un farol prefabricado desde el principio hasta el final, o si alguien dentro de nuestra propia administración, en nuestras agencias públicas o en nuestras empresas, ha dejado una cloaca abierta por donde nos van a degollar a todos.

Y tú eres la única persona en la que puedo confiar para hacer esta autopsia sin que las lealtades de partido o los intereses corporativos contaminen el resultado.

Ainara comprendió la magnitud de la encomienda. La presidencia de la comunidad autónoma estaba pidiéndole que actuara como el último perito de guardia de la soberanía foral antes de que el país se precipitara por el precipicio.

—¿Qué margen tengo para el examen preliminar, señor Lehendakari? —preguntó Ainara.

—Todo el que necesites durante esta noche —respondió el presidente—.

La biblioteca oficial está despejada y aislada acústicamente.

Tienes a tu disposición los registros tributarios del sistema foral en un terminal offline no conectado a red, y nadie te molestará.

Pero a las tres y media de la madrugada necesito tu dictamen pericial sobre esa mesa.

Dime qué hay de verdad, qué hay de mentira, quién ha podido suministrar esos datos y de dónde procede este misil.

Ainara se levantó del sillón, extendió ambos brazos y sujetó el pesado archivador negro entre sus manos. El cartón estaba frío, y el peso de las anillas metálicas transmitía la densidad física de una sentencia de muerte.

—A las tres y media tendrá mi informe sobre su mesa, señor Lehendakari —dijo Ainara con serenidad implacable—. Ábrame la biblioteca.

♦ ♦ ♦

La biblioteca oficial de Ajuria Enea era un templo de madera, silencio y memoria documental.

Situada en el ala oriental, contaba con techos artesonados de castaño y una galería superior de hierro forjado.

Las paredes albergaban miles de volúmenes en piel: repertorios constitucionales, actas de Juntas Generales y tratados forales desde los fueros medievales hasta las reformas del Concierto.

Ainara tomó asiento en la cabecera de la mesa de lectura central, una larga estructura de caoba pulida iluminada por dos lámparas de banquero de latón dorado y tulipas de cristal verde esmeralda.

El silencio en la estancia era tan profundo que el leve zumbido de las bombillas halógenas y el crepitar de la madera por el frío exterior parecían resonar con la intensidad de un trueno.

Fuera, tras los cristales emplomados de los ventanales dobles, la niebla helada de Vitoria continuaba acumulándose contra los marcos, transformando los jardines de palacio en una nada espectral.

Se despojó del abrigo de paño, dobló con cuidado la bufanda de cachemir y la dejó sobre una silla adyacente.

Se remangó los puños de la camisa blanca, sacó de su maletín una libreta de tapas duras con hojas cuadriculadas y su pluma estilográfica de tinta negra, y colocó en el centro del secante el pesado archivador negro de lomo metálico.

Respiró hondo y abrió la carpeta.

El chasquido de las anillas de acero al separarse rompió la quietud de la biblioteca con un eco metálico.

Ante sus ojos quedó expuesta la primera página del documento: quinientas doce hojas numeradas en el ángulo inferior derecho con un código de serie alfanumérico correlativo, impresas en papel verjurado de alta densidad, con encabezados simétricos y un sello de agua que, al trasluz de la lámpara verde, dibujaba el emblema de las doce estrellas de la Unión Europea flanqueado por las siglas entrelazadas de la OLAF y de la Dirección General de Competencia.

Ainara no empezó leyendo las conclusiones políticas ni los resúmenes ejecutivos destinados a impresionar a ministros o periodistas.

Años de instrucción penal en delitos económicos le habían enseñado que las mentiras más elaboradas se esconden siempre en la arquitectura contable de los anexos, en las tablas de conciliación bancaria y en la letra pequeña de los métodos de cálculo estadístico.

Durante la primera hora de trabajo analítico, desde la medianoche hasta la una y cuarto de la madrugada, despiezó minuciosamente la primera sección del informe: «Metodología de Auditoría y Detección de Desviaciones en el Fondo Vasco de Innovación (2021-2025)» .

El dosier sostenía que el Gobierno Vasco, a través de la sociedad pública SPRI y de los programas de subvenciones Hazitek y Elkartek, había articulado un circuito opaco mediante el cual ciento cuarenta millones de euros procedentes de los fondos estructurales europeos y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia habían sido desviados hacia una red de setenta y cuatro empresas auxiliares de los sectores de la fundición, la matricería industrial, la automoción y la energía renovable.

El texto afirmaba que estas mercantiles justificaban las ayudas mediante proyectos de investigación ficticios en celdas de combustible de hidrógeno, aleaciones de grafeno y software de mecanizado CNC que jamás llegaban a fase de producción real, utilizando posteriormente las deducciones forales por I+D+i de hasta el setenta por ciento reguladas en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para eludir toda tributación y blanquear capitales de origen desconocido.

Ainara tomó su pluma y comenzó a recalcular los balances en los márgenes de su cuaderno. Conforme las columnas de cifras iban cuadrando en su esquema, la primera gran anomalía se hizo evidente: el truco contable era de una audacia escandalosa.

Los redactores del dosier habían tomado las partidas presupuestarias reales asignadas por el Gobierno Vasco a los consorcios de innovación tecnológica, pero habían suprimido deliberadamente de los cuadros financieros todo el registro de retornos industriales tangibles y activos intangibles verificados.

Borraron las patentes registradas por Azterlan, Ceit y Tekniker, suprimieron la homologación de prototipos industriales y computaron los sueldos de ingeniería no como inversión legítima, sino como transferencias opacas sin contraprestación.

Al cercenar el activo de la ecuación y dejar únicamente el flujo de salida de fondos públicos y las deducciones tributarias aplicadas, cualquier programa de desarrollo tecnológico de alta intensidad se convertía matemáticamente en un desfalco masivo.

La apariencia de fraude era perfecta para un lego en finanzas públicas, pero para un auditor judicial avezado, la manipulación constituía una falsedad documental sistemática por omisión interesada de datos esenciales de balance.

Sin embargo, a la una y cuarenta de la madrugada, cuando Ainara pasó al tomo de anexos documentales —titulado «Apéndice IV: Trazabilidad Bancaria y Registros de Sociedades Vinculadas» , que abarcaba de la página 312 a la 385—, la sangre se le heló en las venas.

El color de su rostro mutó a una palidez lívida bajo la luz esmeralda de la lámpara.

Los balances desglosados en ese anexo no eran proyecciones estadísticas abstractas elaboradas desde un despacho de Bruselas.

Eran liquidaciones tributarias originales, extractos de cuentas corrientes de entidades financieras vascas con códigos IBAN completos, desgloses de retenciones de IRPF de trabajadores de empresas reales de Durango, Arrasate, Elorrio y Amorebieta, y resúmenes internos de inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia con números de registro que no eran de acceso público ni figuraban en ninguna base de datos compartida con el Estado ni con la Unión Europea.

Ainara acercó la hoja número 342 a los ojos. En el encabezamiento de una tabla de compensación de bases imponibles negativas correspondiente a una cooperativa de mecanizado de precisión, figuraba un código alfanumérico interno mecanografiado en cursiva:

[EXP-FORAL-BIZ / SUB-TRIB-78 / REF: IB-04-ARRIAGA]

A su lado, al pie de un gráfico de flujos de caja, aparecía un símbolo matemático singular: una letra griega delta minúscula atravesada por una barra diagonal doble, una marca de verificación contable absolutamente idiosyncrásica que solo una persona en todo el País Vasco utilizaba al auditar expedientes de deducción fiscal.

Iñigo Barandiarán.

El inspector jefe de la Hacienda Foral de Bizkaia cuyo cadáver había aparecido degollado meses atrás en los sótanos del Palacio Euskalduna de Bilbao, dando inicio a la pesadilla del caso del Cupo.