Capítulo 12 — El juicio de la ciudad

La noticia de la muerte de los dos niños llegó pronto a oídos de las autoridades, alertadas por vecinos que consideraban sospechosas las circunstancias del suceso.

El alguacil Pedro Zarza, encargado de investigar los delitos más graves cometidos en los barrios periféricos de la ciudad, recibió el encargo de esclarecer lo ocurrido junto al canal, una tarea que asumió con la meticulosidad que lo caracterizaba en cada uno de sus casos.

Zarza interrogó primero a Nonoalca, quien defendió a su hija con una firmeza calculada, insistiendo en que se trataba de un trágico accidente provocado por el estado de agotamiento extremo en el que Catalina se encontraba tras meses de dificultades económicas y emocionales.

El alguacil, sin embargo, hombre de experiencia considerable en el manejo de testimonios contradictorios, notó de inmediato las inconsistencias entre el relato de Nonoalca y los comentarios que ya circulaban abiertamente entre los vecinos del barrio.

—Los testigos hablan de gritos que se escucharon antes de que los niños entraran al agua —dijo Zarza, observando con atención la reacción de Nonoalca ante esa afirmación—. Eso no encaja con la versión de un simple descuido.

Nonoalca mantuvo su versión sin ceder terreno, consciente de que cualquier admisión adicional podría exponer a Catalina a un juicio formal cuyas consecuencias, dada la gravedad del delito que se le imputaba, podrían resultar devastadoras.

Sin embargo, cuando Zarza finalmente logró interrogar directamente a Catalina, todavía sumida en un estado mental que fluctuaba entre momentos de mutismo absoluto y episodios de confesión fragmentada, la joven madre pronunció palabras que resultaron imposibles de reconciliar con la versión defendida por su madre.

—Los llevé al agua porque ahí estarían mejor que en este mundo —dijo Catalina, con una voz desprovista de la emoción que cualquiera hubiera esperado en semejante confesión—. El mundo no tenía lugar para ellos, ni yo tenía fuerzas para seguir peleando por ese lugar.

Esas palabras, registradas cuidadosamente por Zarza en su reporte oficial, sellaron prácticamente la suerte legal de Catalina ante cualquier tribunal que llegara a juzgar el caso.

El alguacil, sin embargo, notó también algo en el comportamiento de la mujer que lo llevó a consignar en su informe una observación poco habitual para un documento de esa naturaleza: la sospecha de que Catalina no se encontraba, al momento de cometer el acto ni durante los días posteriores, en pleno uso de sus facultades mentales, una condición que en la práctica judicial de la época podía atenuar, aunque rara vez eliminaba del todo, la responsabilidad penal atribuida al delito.

La noticia de la confesión se extendió rápidamente por toda la ciudad, alimentando un escándalo que trascendió los límites del barrio donde había ocurrido la tragedia.

Las familias principales, entre ellas los Aldama, siguieron el caso con un interés que combinaba la curiosidad morbosa con la preocupación evidente de Inés por que el nombre de su hijo apareciera vinculado públicamente con el escándalo, algo que hasta el momento las autoridades habían logrado evitar gracias a la discreción con la que se había manejado la investigación.

Rodrigo, al enterarse de la muerte de sus hijos y de la confesión de Catalina, se sumió en un estado de conmoción que ni siquiera logró ocultar completamente ante Beatriz, quien empezaba a atar cabos sobre la magnitud real de la tragedia relacionada con la familia que su esposo había mantenido oculta durante años.

Intentó, en un primer momento, acercarse a la casa de Nonoalca para ver a Catalina, pero la propia curandera le negó la entrada, culpándolo directamente, con una dureza que Rodrigo no pudo rebatir, de haber precipitado con su abandono la tragedia que finalmente había ocurrido.

—Si hubieras cumplido aunque fuera una sola de tus promesas, mis nietos seguirían vivos —le dijo Nonoalca, cerrándole la puerta en la cara sin darle oportunidad de responder.

La sociedad novohispana, mientras tanto, empezó a construir su propio juicio paralelo sobre lo ocurrido, un veredicto moral que se propagaba de boca en boca mucho más rápido que cualquier proceso judicial formal.

Catalina se convirtió, en cuestión de días, en el ejemplo perfecto que las familias respetables utilizaban para advertir a sus hijas sobre los peligros de las relaciones prohibidas, la encarnación viviente de un pecado que la ciudad entera parecía necesitar señalar públicamente para reafirmar sus propias jerarquías sociales y raciales.

El proceso judicial formal se prolongó durante semanas, complicado por el estado mental deteriorado de Catalina, que le impedía en ocasiones responder de manera coherente a las preguntas de los jueces encargados de determinar su destino.

Finalmente, considerando tanto la gravedad del delito como las circunstancias atenuantes relacionadas con su estado mental, el tribunal dictó una sentencia que la condenaba a reclusión perpetua en un convento destinado a mujeres consideradas peligrosas para sí mismas o para la sociedad, una resolución que Nonoalca recibió con un alivio relativo, consciente de que el desenlace podría haber resultado considerablemente más severo.

Sin embargo, antes de que la sentencia pudiera ejecutarse completamente, ocurrió algo que ninguna de las autoridades involucradas en el caso logró explicar de manera satisfactoria: Catalina desapareció de la celda donde permanecía bajo custodia mientras se completaban los trámites finales para su traslado al convento, sin que existiera evidencia alguna de cómo había logrado escapar de un recinto vigilado con el cuidado habitual para casos de esa naturaleza.