Hecha la ley, tapiada la ventana

El impuesto a la luz

Donde antes entraba la luz, ahora había ladrillos. La ventana seguía dibujada en la fachada, el hueco conservaba su forma, su marco, hasta su posición exacta entre las demás. Pero ya no miraba a ninguna parte. En la Inglaterra del siglo XVIII, aquello no era una reforma decorativa: era una declaración fiscal.

Un recaudador podía plantarse ante una fachada, levantar la vista y empezar a contar ventanas, una por una, sin necesidad de entrar en la casa ni preguntar a nadie cuánto ganaba. Le bastaba con mirar cuánta luz se permitía dejar entrar el propietario para calcular, con una precisión sorprendente, cuánto debía pagar aquella vivienda al Estado.

Una forma de cobrar sin preguntar

El impuesto a las ventanas se introdujo en Inglaterra y Gales en 1696, durante el reinado de Guillermo III, como una manera indirecta de gravar la riqueza sin tener que fisgonear directamente en los ingresos o el patrimonio de cada contribuyente, algo que en aquella época resultaba mucho más invasivo y políticamente delicado de lo que sería hoy. La lógica de partida no era descabellada: una casa con muchas ventanas solía pertenecer a alguien con recursos suficientes para permitirse una vivienda grande, y contar aberturas en la fachada era mucho más sencillo, rápido y barato que investigar ingresos, rentas o patrimonios con precisión.

El sistema funcionaba, a grandes rasgos, con una cuota básica por vivienda, a la que se sumaba un recargo progresivo a partir de cierto número de ventanas. Cuantas más tuviera la casa, mayor era la factura. Sobre el papel, una fórmula bastante razonable para hacer pagar más a quien más tenía.

La respuesta más lógica (y disparatada) posible

La gente, sin embargo, encontró rápidamente la manera de esquivar el problema, y lo hizo de la forma más literal imaginable: tapiando ventanas. Si menos ventanas significaban menos impuesto, entonces menos ventanas iba a haber. Fachadas enteras empezaron a lucir huecos cegados con ladrillo, conservando el marco original y la silueta del hueco, como una especie de cicatriz arquitectónica que dejaba constancia de dónde había existido luz antes de que empezara a costar dinero.

Si la riqueza se medía en ventanas, la pobreza podía fabricarse con ladrillos. La ley no prohibía mirar al exterior; simplemente hacía que mirar saliera más caro, y muchos propietarios, con una lógica financiera impecable, decidieron que preferían la oscuridad a la factura.

Una medida progresiva con un efecto no tan progresivo

La intención declarada de la ley era razonablemente justa: que pagaran más quienes más tenían. En la práctica, el resultado fue más desigual de lo previsto. En edificios urbanos ocupados por varias familias con pocos recursos, la carga del impuesto podía recaer igualmente sobre viviendas modestas, y la respuesta —tapiar ventanas— afectaba entonces a quienes menos margen tenían para elegir entre pagar más o vivir con menos luz y peor ventilación. El ahorro fiscal se pagaba, en muchos casos, con habitaciones más oscuras y peor aireadas, un precio que no aparecía en ningún recibo pero que se notaba igual. El impuesto se mantuvo vigente durante más de siglo y medio, sobreviviendo a reinados, reformas y quejas, hasta que finalmente fue abolido en 1851.