DE LA POSGUERRA AL MILAGRO ECONÓMICO #4

También en 1958 se aprobó la Ley de Convenios Colectivos, un avance social sin precedentes que permitió por primera vez la negociación directa entre empresarios y trabajadores para fijar condiciones laborales y salariales.

Con ella, se superó por fin la rigidez del intervencionismo estatal previo y sirvió también para prefigurar el modelo de relaciones laborales moderno.

El verdadero motor del cambio estructural llegó en la segunda mitad de la década con la entrada en el Gobierno de los llamados «tecnócratas».

Este grupo de hombres, muchos de ellos vinculados al Opus Dei y con una formación académica brillante en economía y derecho, fueron los encargados de edificar un sistema que priorizaba la eficiencia técnica sobre la ideología política.

Figuras como Alberto Ullastres en el Ministerio de Comercio y Mariano Navarro Rubio en Hacienda, bajo la coordinación de Laureano López Rodó desde la Secretaría General de la Presidencia, fueron los artífices de una revolución silenciosa.

Su labor consistió en sanear las cuentas públicas, liberalizar el comercio exterior y atraer la inversión extranjera.

Estos hombres no veían la economía como un campo de batalla doctrinal, sino como una ciencia de gestión, y su mentalidad pragmática fue la que permitió el diseño del Plan de Estabilización de 1959.

El Plan de Estabilización de 1959 fue, sin duda, la intervención económica más exitosa de la historia de España.

Su objetivo era frenar la inflación, equilibrar la balanza de pagos y preparar al país para la integración en los organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OECE (antecedente de la OCDE).

Gracias a las medidas de austeridad, la devaluación de la peseta para hacerla competitiva y la apertura de fronteras, España evitó la quiebra y sentó las bases para el «milagro económico» de los años sesenta.

Los tecnócratas lograron pasar de un modelo de autarquía a una economía de mercado abierta, demostrando que la autoridad política podía convivir con una gestión técnica de primer nivel que priorizaba el bienestar material y el crecimiento del Producto Interior Bruto como formas de estabilidad

social.

El broche a esta década lo puso la visita del presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, a Madrid en diciembre de 1959.

El encuentro entre Franco y Eisenhower no fue solo una imagen para la historia, sino la confirmación definitiva de que España había vuelto al corazón del mundo occidental.

El abrazo entre ambos líderes en la base de Torrejón de Ardoz simbolizó el fin de una era de dificultades y el comienzo de una etapa de prosperidad y desarrollo que convertiría a España en la novena potencia industrial del mundo pocos años después.

Esta década simbolizó una brillante transición entre la autarquía y el desarrollismo.

Su éxito es revelador de una de las características más envidiables de Franco.

No fue un gran intelectual, como sí lo fue José Antonio; tampoco tenía un extenso expediente académico, como el de otras figuras del régimen.

Es más, ni siquiera la política le interesaba lo más mínimo.

Sin embargo, poseía una virtud fundamental: su gran pragmatismo.

Franco supo adaptar España a la circunstancia que requería cada momento.

Cuando vio que el posible pacto con las potencias del Eje conduciría a una guerra fatal que España no podría soportar, supo torear la situación sin ceder la soberanía nacional ni posicionarse como enemigo para nadie.

Cuando el mundo occidental le dio la espalda, aprovechó para reparar los daños materiales de la guerra e intervino la economía española para sentar las bases de un tejido industrial nacional que pudiera florecer más adelante.

Cuando los Aliados le reconocieron como el último bastión europeo frente al comunismo, aprovechó el posicionamiento internacional para abrir la economía española y dejarla en manos de técnicos capaces de optimizar el potencial crecimiento económico al que España acababa de acceder.

Esto fue lo que caracterizó a los años cincuenta.

Una nación transformada con sus embalses llenos, sus industrias conectadas al mundo, un sistema administrativo moderno y una nueva clase dirigente guiada por la técnica que había diseñado el camino hacia el gran despegue económico que estaba por venir.

La década de los sesenta en España, conocida históricamente como la era del «Desarrollismo», representa el período de transformación socioeconómica más profundo y acelerado de la historia moderna de nuestro país.

Este fenómeno, a menudo calificado como el «milagro económico español», fue la consecuencia directa y exitosa de la terapia de choque aplicada con el Plan de Estabilización de 1959.

Bajo la dirección técnica de los ministros tecnócratas, España abandonó definitivamente las estructuras de la autarquía para integrarse en la economía de mercado internacional, lo que desató un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) con tasas medias anuales superiores al 7 %,

llegando en algunos ejercicios a rozar el 10 %.

Con este ritmo de crecimiento, España se convirtió en la segunda potencia mundial con mayor crecimiento económico sobre el PIB, solo superado por Japón.

El crecimiento no solo fue porcentual, sino también absoluto; al finalizar la década, España se convirtió en la novena potencia industrial del planeta.

La transformación no fue solo cuantitativa, sino cualitativa: el país pasó de ser una sociedad agraria y rural a una nación urbana e industrializada, donde la renta per cápita se triplicó en apenas diez años, permitiendo la convergencia real con los estándares de vida de la Europa Occidental.

Una de las consecuencias más tangibles de este crecimiento fue la consolidación de una amplia clase media, un objetivo estratégico del régimen que se sintetizó en el célebre eslogan de «convertir a España en un país de propietarios, no de proletarios».

Para dar respuesta al masivo éxodo rural hacia las ciudades, se impulsó una política de vivienda sin precedentes mediante la creación y potenciación del Instituto Nacional de la Vivienda.

En catorce años ―desde 1961 hasta 1975―, se construyeron en España más de cuatro millones de viviendas protegidas.

La media es de más de 285.000 viviendas sociales construidas por año.

Para que se haga una idea de la magnitud de estas cifras, podemos compararlas con los datos más recientes.

Durante el pasado 2024 se entregaron finalizadas en España 14.371 VPO ―Viviendas de Protección Oficial―, lo cual supuso un aumento del 62 % respecto a 2023, año en el cual se construyeron 8847.

Esto implica que, en promedio, durante los años sesenta se construyó casi 20 veces más vivienda pública que en 2024 y más de 32 veces más que en 2023.

El plan de vivienda social de los años 60 no fue uno más; se trata del mejor proyecto de construcción de vivienda pública que ha existido jamás en la historia de nuestro país.

Nunca antes se había construido tal cantidad de vivienda protegida; después, nunca volvió a repetirse.

Fue en este momento cuando el famoso Instituto Nacional de la Vivienda (INV) ―que fue creado ya en 1939― copó todo el protagonismo de las políticas públicas.

Ello permitió que millones de familias accedieran a la propiedad de su hogar, eliminando el riesgo de conflictividad social asociado al arrendamiento precario y fomentando la estabilidad familiar.

Por eso, la edad media de emancipación de los españoles en la década de los sesenta giraba en torno a los 25 años106.

En la España del siglo XXI, la media de emancipación de los jóvenes superó ―por primera vez en nuestra historia― el umbral medio de los 30 años durante el pasado 2023107.

Este esfuerzo constructor fue acompañado por la creación de infraestructuras básicas, la dotación de servicios en los nuevos barrios de las grandes urbes y la creación de una nueva legislación.

En concreto, en 1964 se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos, en cuyo preámbulo puede leerse lo siguiente: «El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no solo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país,

sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político»108.

Paralelamente, el Estado gestionó el excedente de mano de obra rural a través de la creación del Instituto Español de Emigración en 1956, que en los años sesenta reguló la salida de trabajadores hacia Europa Central.

Así, durante la década de los 60, aproximadamente dos millones de españoles emigraron a otros países europeos.

Este dato también ha sido empleado por los propagandistas del Régimen del 78 para hacer ver algo así como que la España de Franco fue una especie de «régimen del terror» del que los españoles huían a mansalva.

Por suerte, como sucede en la mayoría de ocasiones, se desmonta con un solo dato.

Durante los años 60, la población española oscilaba en torno a los 30.500.000 habitantes.

Esto quiere decir que, durante los años 60, emigró aproximadamente un 6,5 % de la población total.

Con datos del 1 de enero de 2025, la diáspora española superó por primera vez la barrera de los tres millones sobre una población de 49.128.000 habitantes.

Ello implica que en 2025 residían en países extranjeros cerca de un 6,1 % de los españoles.

Es decir, la diferencia entre los españoles que huían del «perverso y opresor» régimen franquista en los años 60 con respecto a los españoles que residían fuera de la «democratísima» España de 2025, es de 0,4 puntos porcentuales.

Por su parte, la expansión industrial de esta década se concentró en los denominados «Polos de Desarrollo», una planificación estra tégica que buscaba equilibrar el territorio incentivando la instalación de fábricas en zonas con potencial.

Las industrias siderúrgica, naval y automovilística vivieron una explosión productiva.

En el norte, el eje Bilbao-Asturias consolidó su hegemonía en el acero y la minería, mientras que Barcelona se reafirmó como el motor textil y químico.