DE LA POSGUERRA AL MILAGRO ECONÓMICO #3
La primera de ellas fue la Ley de Creación de las Cortes Españolas en 1942, que estableció un órgano de colaboración en la elaboración de leyes, compuesto por procuradores en representación de las citadas instituciones orgánicas.
Posteriormente, en 1945, se promulgaron dos normas esenciales: el Fuero de los Españoles, que recogía los derechos y deberes de los ciudadanos bajo una concepción cristiana y tradicional de la libertad, y la Ley del Referéndum Nacional,
que permitía consultar directamente al pueblo en cuestiones de especial trascendencia.
Finalmente, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 definió a España como un reino, aunque con Franco como Jefe del Estado vitalicio, asegurando la continuidad del sistema más allá de su figura.
Estas leyes aportaron un marco de seguridad jurídica y orden institucional que fue determinante para la pacificación definitiva de la sociedad tras la contienda.
En el ámbito social y laboral, la década de los 40 fue excepcionalmente prolífica en normativas que sentaron los cimientos del moderno estado de bienestar en España e introdujeron mejoras que en muchos casos han servido de base para la legislación actual.
En 1942 se aprobó la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), un pilar histórico que garantizaba por primera vez asistencia médica y farmacéutica a los trabajadores.
Se trataba del precursor directo de nuestro actual sistema de Seguridad Social.
También se impulsó el Fuero del Trabajo, que regulaba las condiciones laborales, prohibiendo el despido arbitrario y fomentando la estabilidad en el empleo.
Otras normativas relevantes fueron la Ley de Reglamentaciones de Trabajo y la creación de las Magistraturas de Trabajo, que profesionalizaron la resolución de conflictos laborales.
Es notable observar cómo conceptos que hoy consideramos derechos básicos, como las pagas extraordinarias ―la famosa «paga de Navidad» instaurada en 1944― o los sistemas de previsión para la vejez tienen su raíz técnica en esta legislación de posguerra que buscaba la armonía social y la protección
del trabajador como pieza clave del engranaje nacional.
De esta década también se ha dicho que, además de inhumana, ineficiente y perjudicial, fue tremendamente represiva contra la élite cultural española.
En consecuencia, la década de los años cuarenta no solo habría supuesto un fracaso económico y social, sino también un auténtico genocidio cultural.
El argumento se suele fundamentar en el exilio de artistas y autores como Buñuel, Alberti, Cernuda, Salinas o María Zambrano y en la imposición de la censura.
Con respecto a esto último, es tan cierto que la censura existió durante el franquismo como que Franco no fue ni el primero ni el último en emplearla.
Es cierto que hubo censura en el franquismo; es más, existió de una forma sorprendentemente similar al sistema de censura previa que se estableció a partir de 1934 en plena Segunda República.
Lejos de ser una innovación absoluta del régimen de Franco, el sistema de control de la información y la opinión pública encontraba sus raíces y precedentes directos en la legislación republicana.
En concreto, a través de la Ley de Defensa de la República de 1931 y la posterior Ley de Orden Público de 1933 se le consiguió otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias para suspender periódicos,
multar a periodistas y establecer censura previa de forma discrecional ante cualquier información que se considerase un peligro para el orden establecido o el prestigio de las instituciones.
Durante los años cuarenta, el régimen de Franco estableció un sistema extraordinariamente similar a través de la Ley de Prensa de 1938 ―vigente durante toda la posguerra―, que concebía el periodismo no como una empresa de libertad individual, sino como un servicio al Estado.
La censura funcionaba mediante el envío de consignas obligatorias desde la Dirección General de Prensa, que dictaban qué temas debían ser tratados y cuáles omitidos, así como la revisión de las galeradas antes de su impresión.
Como decíamos al principio del capítulo, todo régimen es garante de su propia integridad.
Todo régimen cuenta con sus herramientas para mantenerse en el statu quo.
Todo régimen en la historia de la humanidad ha utilizado la censura como una de esas herramientas.
El problema ya no es solo que esto suceda así, el problema está en que solo nos hayan contado la censura de unos mientras callaban la de los otros.
Por tanto, ¿fue entonces el régimen franquista una suerte de páramo cultural que acabó con la libertad creativa de sus artistas?
Si el argumento que se utiliza es el de los exiliados, es cierto que esto pasó.
Buñuel, Alberti y Zambrano se exiliaron a Francia, Cernuda se fue a Reino Unido y Salinas se refugió en Estados Unidos.
Tal y como sucedía antes, la manipulación en este caso no procede por lo que se cuenta, sino por lo que se calla.
De España se fueron grandes artistas y literatos, tan cierto como que otros tantos de la misma talla se mantuvieron aquí.
La generación del 36 está marcada por una inmensa cantidad de artistas de los cuales, muchos decidieron darse al exilio y otros tantos se quedaron en España hasta sus últimos días.
Entre estos últimos está la propia Carmen Laforet, una escritora poco sospechosa de ser afín al régimen de Franco y que, pese a ello, se mantuvo en España y publicó en 1945 su ópera prima, Nada, con la que ganó el Premio Nadal.
En el ámbito de la pintura, artistas como Ignacio Zuloaga o José Gutiérrez Solana continuaron su labor captando la esencia de la España eterna, conviviendo con el surgimiento de nuevas sensibilidades como la de Rafael Zabaleta.
En la poesía, autores como Dionisio Ridruejo, Luis Rosales ― con su fundamental La casa encendida― y Leopoldo Panero cultivaron un lirismo arraigado y espiritual, alejado de las estridencias vanguardistas.
Esta permanencia masiva de intelectuales y creadores, que incluyó también a figuras como Gerardo Diego o Dámaso Alonso ―quien con Hijos de la ira (1944) marcó un hito en la poesía desarraigada―, demuestra que la savia cultural de España no se interrumpió,
sino que se canalizó hacia una reconstrucción espiritual y artística que sirvió de puente entre la tradición y la modernidad posterior.
Esta idea del páramo cultural es tan fácil de desmontar que solo hace falta citar un dato: en la España de Franco vivieron tres de los cinco premios Nobel105 en literatura que ha tenido España en toda su historia, cada uno con una valoración distinta del régimen.
Además, uno de ellos ―Camilo José Cela―, había trabajado como censor antes de ganar el Nobel.
Por tanto, ni la España de Franco fue un páramo cultural ni en ella habitaron únicamente escritores afines al régimen.
La década de los cuarenta no fue una década perdida, sino una década que nos quisieron hacer perder.
Con la entrada de los años cincuenta España seguía funcionando como una autarquía, aunque con un paulatino aperturismo al exterior.
Tanto los precios como los comercios, que antes habían estado intervenidos, empezaron a liberalizarse poco a poco.
Ayudó a ello la evolución de la coyuntura internacional.
Los Aliados, que habían repudiado a Franco durante la Segunda Guerra Mundial ―pese a haberse mantenido en una estricta neutralidad―, comenzaron a verle como un aliado en la lucha contra el comunismo que trajo el inicio de la Guerra Fría.
Este deshielo se materializó de forma definitiva con el ingreso de España en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 14 de diciembre de 1955, un acontecimiento que fue precedido por la firma de los Pactos de Madrid con los Estados Unidos en 1953 y el Concordato con la Santa Sede.
Estos acuerdos no solo dotaron al régimen de una legitimidad internacional incontestable, sino que abrieron las puertas a la asistencia técnica y económica necesaria para renovar el tejido industrial del país.
En el plano de las infraestructuras, los años cincuenta fueron la «edad de oro» de la ingeniería civil bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas, continuando y expandiendo la visión del Plan General de 1940.
Fue en esta década cuando se inauguraron algunas de las obras hidráulicas más importantes que, a día de hoy, siguen siendo pilares fundamentales del suministro de agua y energía en España.
Destaca, por ejemplo, la inauguración en 1952 del Embalse de Benagéber ―entonces del Generalísimo― en Valencia, esencial para el regadío del Turia, y el avance del colosal Embalse de San Esteban en Galicia, una proeza de la ingeniería hidroeléctrica de su tiempo.
Asimismo, el Plan de Riegos de Extremadura transformó la fisonomía de las vegas del Guadiana con la construcción de la Presa de Montijo (1951) y la de Cíjara (1956),
que permitieron la creación de miles de hectáreas de regadío y el asentamiento de familias en pueblos de colonización que hoy son municipios prósperos.
En el ámbito del transporte, se dio un impulso definitivo a la Red de Itinerarios Nacionales de Carreteras y se inauguraron estaciones ferroviarias de gran calado como la de Chamartín en Madrid, cuya planificación original data de esta época.
La arquitectura institucional y legal de esta década fue igualmente ambiciosa, sentando las bases de derechos y estructuras administrativas que todavía resuenan en la normativa vigente.
En 1954 se aprobó la Ley de Viviendas de Renta Limitada, con el objetivo de proteger al inquilino frente al arrendador.
Ya se veían claras las intenciones del régimen con su preocupación por la vivienda.
En 1958 se promulgaron dos normas fundamentales: la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que sintetizaba el ideario del Estado, y, más importante aún desde una perspectiva técnica, la Ley de Procedimiento Administrativo.
Esta última fue una pieza maestra de la ciencia jurídica, pues introdujo orden, jerarquía y seguridad en la relación entre el ciudadano y la Administración, siendo la base directa sobre la cual se han redactado todas las leyes de procedimiento administrativo del ordenamiento jurídico actual.