DE LA POSGUERRA AL MILAGRO ECONÓMICO #2
Lo hizo a través del artículo primero del Decreto de 5 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil, que decía: «Se crea en todos los Municipios de la España leal la tarjeta de racionamiento familiar».
Por su parte, en el bando nacional solo existieron dos restricciones alimenticias durante la Guerra Civil: el Día sin Postre y el Plato Único, con el objetivo de reducir las raciones en los almuerzos para destinar el dinero sobrante a los combatientes y sus familias en forma de subsidios.
El racionamiento en los años cuarenta fue la única herramienta disponible para asegurar una distribución mínima de alimentos en un país que sufría sequías pertinaces y el bloqueo de facto de las potencias occidentales.
Sin embargo, este sistema no fue suficiente para acabar con los problemas de salud que seguían padeciendo los españoles.
En concreto, durante esta época fue especialmente dura la difteria, una enfermedad bacteriana que afectaba principalmente a la nariz y la garganta formando una membrana grisácea que dificultaba la respiración y deglución.
Junto a ella, la viruela tuvo también un impacto fatal entre la población.
Por eso, a lo largo de la década de los cuarenta se organizaron campañas de vacunación masiva dirigidas por la Sección Femenina del régimen.
El resultado fue que, en plena posguerra y a pesar de las enfermedades, las cartillas de racionamiento, el hambre y el bloqueo internacional, España superó la esperanza de vida de la «democrática» Segunda República.
Los datos son los siguientes: la esperanza de vida al nacer en 1930 era ―haciendo la media entre hombres y mujeres― de 49,97 años; en 1940 fue ligeramente superior, con una media de 50,10 años y, finalmente, para el inicio de la década de los cincuenta, alcanzó los 61,18 años104.
Pero claro, esto tampoco lo suele mencionar la historiografía oficial.
La ocultación de todos estos datos, que desarman por completo el relato oficial sirve para enarbolar la idea de que los años cuarenta supusieron una suerte de «década perdida» en la que podríamos haber progresado mucho más de no haber sido por la autarquía.
Frente a esto hay muchas respuestas pertinentes.
En primer lugar, como hemos visto, la autarquía no fue el sistema económico libremente escogido entre una amplia amalgama de posibilidades.
La España de los años cuarenta no tuvo la opción de elegir el sistema que repartiera de la forma más eficiente posible los fondos del Plan Marshal…
¡Porque directamente no los recibimos! La autarquía fue una consecuencia lógica del bloqueo internacional al que nos tuvo sometido medio Occidente.
En segundo lugar, es importante destacar que el razonamiento que pasa por sustituir el pasado que existió por otro escenario alternativo que nunca tuvo lugar para sacar conclusiones a partir de ahí es una falacia lógica conocida como contrafactual.
El método lógico de pensamiento que parte de la idea de «qué pudo haber sido de lo que fue de no haber sucedido lo que sucedió» es absolutamente falaz.
Si lo admitiéramos por válido, podría servir tanto para legitimar como para deslegitimar cualquier período de cualquier régimen que haya existido sobre la faz de la tierra sin recurrir a un solo argumento histórico.
Aclarado lo anterior, podemos responder a la pregunta: ¿fueron los años cuarenta una «década perdida»?
Pues bien, bajo el yugo de la autarquía y la necesidad de dotar al país de una infraestructura básica que permitiera la supervivencia y el posterior desarrollo, el Estado puso en marcha planes de una ambición técnica extraordinaria.
El motor fundamental de esta transformación fue el Plan General de Obras Públicas de 1940, impulsado por el ministro Alfonso Peña Boeuf, que priorizó la recuperación de la red de comunicaciones y, sobre todo, el aprovechamiento hídrico.
A través de la Dirección General de Obras Hidráulicas, se intensificó la política de «pantanismo» para combatir la pertinaz sequía y asegurar la soberanía alimentaria.
Durante los años cuarenta, y pese a la carencia absoluta de materias primas como el cemento y el acero debido al bloqueo internacional, se terminaron o avanzaron significativamente más de 40 grandes embalses.
Entre ellos se encuentran los embalses de Entrepeñas y Buendía en la cuenca del Tajo, o el imponente Embalse de Alarcón en Cuenca, cuya construcción comenzó en 1942.
Esta política de aguas se complementó con la labor del Instituto Nacional de Colonización (INC), creado en 1939, que fue el responsable de proyectar y levantar desde sus cimientos decenas de pueblos de nueva planta en las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir.
Localidades como Valdelacalzada o Gévora son ejemplos vivos de esta arquitectura racionalista que buscaba dignificar la vida del campesinado.
El INC no solo construía casas, sino que diseñaba plazas mayores, iglesias y escuelas, creando una red urbana funcional allí donde antes solo había latifundios de secano.
La reconstrucción urbana y monumental también tuvo un peso decisivo a través de la Dirección General de Regiones Devastadas, institución clave encargada de devolver la vida a las poblaciones que habían sido arrasadas durante la contienda.
Gracias a este organismo, se reconstruyeron cascos históricos enteros y se diseñaron plazas y parques emblemáticos.
En Madrid, se acometió la titánica tarea de reconstruir la Ciudad Universitaria, que había quedado reducida a escombros tras ser primera línea de frente, y se avanzó en el complejo de los Nuevos Ministerios en el Paseo de la Castellana.
En el ámbito del transporte, se impulsó la electrificación de las líneas ferroviarias más complejas y se fundó la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en 1941 para unificar y modernizar el caótico sistema ferroviario heredado.
Incluso en el ámbito aeroportuario, se realizaron las ampliaciones críticas en Madrid-Barajas para adaptarlo a la naciente aviación comercial moderna.
Todo este esfuerzo de obra pública, realizado con recursos propios y en un contexto de hostilidad internacional, sentó las bases físicas ―los cimientos de hormigón y los canales de riego― sobre las que se apoyaría el despegue económico de los años posteriores.
Fue también en 1941 cuando se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), el gran holding estatal concebido bajo la dirección de Juan Antonio Suanzes para impulsar la industrialización de España en sectores estratégicos donde la iniciativa privada era insuficiente.
Bajo el paraguas del INI nacieron gigantes que transformarían la fisonomía económica del país, como Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, S.A.), fundada en 1944 con el objetivo de explotar los yacimientos nacionales de carbón para la producción de energía térmica y garantizar así el suministro
eléctrico en plena autarquía.
Pocos años después, en 1950, nacería la SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo), fruto de un consorcio entre el INI, la banca española y la italiana Fiat, convirtiéndose en el símbolo de la motorización de las clases medias y el motor de la industria metalúrgica nacional.
A este impulso se sumó la nacionalización y consolidación en 1945 de la Compañía Telefónica Nacional de España, que pasó a ser una empresa de control estatal mayoritario, permitiendo una expansión de la red de comunicaciones sin la cual no habría sido posible la integración económica del territorio.
Estas instituciones no fueron simples empresas de servicios, sino los pilares de soberanía económica que permitieron a España pasar de una economía agraria de subsistencia a un Estado industrializado en un tiempo récord.
Estos primeros avances en obra pública e industria se consiguieron gracias al sistema político conocido como «democracia orgánica».
Quizá le sorprenda escuchar la vinculación entre el régimen de Franco y la palabra democracia; si le sucede será, muy probablemente, porque la imagen que usted ha interiorizado es la de una democracia liberal incompatible con el autoritarismo franquista.
Pues bien, lo cierto es que existe democracia más allá del constructo liberal tan sacralizado en el mundo occidental.
La democracia orgánica establece un modelo que rechaza el parlamentarismo liberal y los partidos políticos, por considerarlos elementos divisores de la unidad nacional.
En contraposición, la representación política queda supeditada a las llamadas «unidades naturales» de la sociedad: la familia, el municipio y el sindicato.
Esto nos sirve para desarticular otro de los mitos vinculados al franquismo, a veces por maldad y otras por ineptitud.
Se ha repetido hasta la saciedad que durante el régimen de Franco no se podía votar.
La afirmación tal cual formulada solo puede partir de la confusión ―intencionada o no― entre la convocatoria electoral y la figura jurídica del sufragio universal.
Durante el franquismo existieron elecciones municipales desde 1948, las primeras de la posguerra, que marcaron un hito en la institucionalización del régimen.
Estas elecciones no funcionaban bajo el sufragio universal directo tradicional, sino a través de un sistema de tercios que buscaba una representación corporativa.
El primer tercio, denominado de representación familiar, era elegido por los cabezas de familia ―varones y mujeres viudas―; el segundo tercio, el de representación sindical, era elegido por los miembros de los sindicatos verticales; y el tercer tercio, el de representación de entidades,
era elegido por los concejales ya electos entre miembros de asociaciones profesionales y culturales.
Este mecanismo aseguraba que la gestión de los ayuntamientos recayera en personas integradas en la estructura social del país, priorizando la eficacia administrativa y la cohesión local sobre la lucha partidista.
Sirvió para dotar a los municipios de una estabilidad que permitió acometer las grandes reformas urbanísticas de la época.
Este andamiaje político se sostuvo sobre la aprobación de las Leyes Fundamentales del Reino, que configuraron el corpus cuasiconstitucional del Estado durante esta década.