DE LA POSGUERRA AL MILAGRO ECONÓMICO
Ninguna guerra es barata; mucho menos gratis.
Ni siquiera para los vencedores. Durante los años en los que las tropas de la División Azul desfilaron sobre el frente ruso, en España se estaba viviendo una de las épocas más oscuras de nuestra historia reciente: la posguerra.
España había perdido, como mínimo, un 72 % de sus reservas de oro que ahora estaban en Moscú.
Una buena parte de la estructura industrial y ferroviaria había quedado completamente destrozada y, como no podía ser de otra forma, se calcula que la caída de la producción agrícola e industrial llegó a superar el 50 % en determinadas zonas de España.
Como se podrá imaginar, levantar un país que parte de esta situación no es tarea sencilla, ni mucho menos automática.
En este período todavía se mantuvo en vigor la legislación militar.
Los Consejos de Guerra seguían operando y abriendo extensísimos expedientes de cargo y de descargo, donde se registraba la presencia del fiscal, el defensor y los abogados.
Todo está registrado. Sin embargo, a los propagandistas del nuevo régimen esto les ha importado bien poco.
Por eso, han repetido hasta la saciedad que el número de muertos por violencia entre 1939 y 1944 es de 173.594.
Esta cifra se acerca a los famosos 200.000 que tantas veces se ha dicho.
Lo que no suele contarse tan a menudo es que de esos casi 200.000, un 80 % son inscripciones diferidas de fallecimientos durante la guerra.
De esto se dieron cuenta autores como el ya citado Salas Larrazábal, que cuantifica el número de ejecuciones hasta 1959 exactamente en 22.716100.
Otros investigadores, como Martín Rubio, han elevado ligeramente esta cifra101.
Lo que parece bastante probable es que el número exacto se mueva en un umbral cercano a esa estimación.
No solo por estos dos trabajos, sino por un descubrimiento reciente del año 2013 que parece apuntar en la misma dirección.
En ese año, se abrió en Ávila el archivo de las condenas a muerte que, como marcaba el procedimiento, eran remitidas a Franco para que diera el enterado o la conmutación de la pena.
El periodista Miguel Platón ha comenzado una profunda investigación sobre la base de datos y ya ha podido proporcionar una estimación: aproximadamente 22.000 ejecuciones hasta el año 1959.
Desde luego, un número significativamente inferior a los 200.000 de la historiografía oficial.
A este respecto, hay que mencionar otro dato que suele pasarse por alto.
Las sentencias condenatorias tenían dos finales posibles.
Una era la ejecución, pero la otra fue la de la conmutación de la pena.
Esta posibilidad la empezó a diseñar el bando nacional en plena Guerra Civil.
En 1937 se creó el Patronato Central para la Redención de Penas.
Esta institución, que instauró un sistema penal que permitía conmutar las penas de los presos y redimir días de condena por días de trabajo, sería especialmente relevante en obras como la del Valle de los Caídos, como veremos más adelante.
Sin duda, las ejecuciones de posguerra existieron.
La propaganda antifranquista acierta en esto.
En lo que falla ―o manipula deliberadamente― es en hacernos pensar que aquello fue un rasgo único y exclusivo de la posguerra española.
Allá donde todavía se huele la pólvora de algún tiempo anterior, han llegado siempre años duros.
De la represión de posguerra no se escapan ni siquiera los flamantes amigos de la libertad y de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial.
En Italia, tras la muerte de Mussolini, se han documentado 50.380 asesinatos ―que por supuesto no contaron con formación de causa previa ni garantía judicial alguna― entre 1944 y 1947102.
En Francia comenzó la etapa de la Épuration Sauvage ―Depuración Salvaje―, es decir, una ola de violencia espontánea y ejecuciones sumarias de presuntos colaboradores con los nazis, milicianos de Vichy y fascistas entre el verano de 1944 y principios de 1945.
Comparando el umbral de las estimaciones más frecuentes, sabemos que, durante este período inferior a un año, fueron ejecutadas un mínimo de 10.000 personas y un máximo de 105.000, como llegó a afirmar un ministro socialista francés103.
Además, por extensión, se estima que unas 20.000 mujeres fueron sometidas a humillación pública, incluyendo el rapado de cabeza, por haber tenido relaciones con soldados alemanes.
En Países Bajos se arrestó aproximadamente a 120.000 personas que fueron recluidas en prisiones y campos de concentración como el de Westerbork o el de Vught.
En Alemania, el número de represaliados en la posguerra es directamente incalculable.
Algunas estimaciones hablan de que el número de alemanes que murieron como consecuencia de la violencia, las expulsiones forzosas, los campos de internamiento y la hambruna derivada del conflicto oscila en torno a los 500.000 entre 1945 y 1950.
Otras fuentes hablan de más de 2 millones.
Sea como fuere, es importante tener presente que la posguerra no puede analizarse jamás, en ningún país, como un hecho aislado y descontextualizado.
Fue crudelísima allá por donde pasó y observarla con los ojos del presente no es más que un craso error histórico.
En España, en abril de 1939 se registraron 800.000 presos.
Este número responde a los reclusos que existieron antes de finalizar la guerra sumado a los soldados del ejército frentepopulista que, tras el 1 de abril de 1939, pasaron a ser prisioneros.
Como comprenderá, el apresamiento de los militares del bando derrotado se produjo en España y en todos los países que hayan vivido una guerra durante toda la historia de la humanidad.
La peculiaridad del caso español es que, para diciembre de 1939 ―ocho meses después de que la guerra hubiera llegado a su fin―, de los presos contabilizados durante el mes de abril solo quedaban 270.000.
Cinco años después, en 1945, se registraron 43.000 encarcelados, que se redujeron a una media de 29.000 entre 1945 y 1960.
Para el año 1975, la muerte de Franco dejó unos 10.000 presos en toda España.
En ese año, el número de habitantes se aproximaba a los 35.900.000.
Si hacemos la comparación, con datos del 1 de enero de 2025, la población reclusa de España era de 62.500 entre un total de 49.128.000 habitantes.
Esto quiere decir que, en cifras relativas, la tasa de encarcelamiento en la España de 2025 es 4,5 veces mayor a la del 1975; en cifras absolutas, hemos vuelto a los años cuarenta.
Aclarada la cuestión de la posguerra, es buen momento para mencionar la forma académica más extendida en el estudio del franquismo.
La historiografía moderna ha dividido el régimen de Franco en dos etapas: la autarquía (1939-1959) y el desarrollismo (1959-1975).
Los propagandistas del Régimen del 78 aciertan cuando dicen que la autarquía ―y en concreto, los años inmediatamente posteriores a la guerra― fueron especialmente duros.
En este caso, la manipulación procede por omisión del contexto.
La situación económica de los llamados «años del hambre» también requiere una disección fáctica.
El bando nacional no heredó una economía sana, sino una España con las reservas de oro saqueadas por el Gobierno de Negrín y enviadas a Moscú, 250.000 casas destrozadas, centenares de puentes y fábricas derruidos, una infraestructura ferroviaria destruida en un 40 %,
la cabaña ganadera diezmada y aproximadamente unos 250.000 barcos hundidos o retenidos en puertos soviéticos.
El panorama internacional no era más esperanzador puesto que las secuelas de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo un aislamiento comercial que España padeció durante años.
Con el transcurso de la contienda mundial, la España de Franco, movida siempre por su política de «no beligerancia», había experimentado un paulatino alejamiento de las potencias del Eje.
Sin embargo, ello no fue suficiente a ojos de la Naciones Unidas.
A través de la Resolución 39 del 12 de diciembre de 1946, la ONU recomendó la ruptura de relaciones diplomáticas y el retiro de embajadores de Madrid, dejando a España prácticamente aislada; se impidió el ingreso de España en la ONU y en sus agencias especializadas como la UNESCO.
Como resultado de las recomendaciones, Francia cerró su frontera pirenaica con España entre 1946 y 1948.
Por si resultara insuficiente, el aislamiento internacional se intensificó al dejar a España fuera del Plan Marshall ―del que sí se beneficiaron otras potencias europeas― y quedar excluidos de la OTAN.
Como comprenderá, ante esta situación, la autarquía no era el escenario soñado, sino la única alternativa que nos dejaron.
De esta época son recordadas con especial celeridad las cartillas de racionamiento.
Y es cierto que existieron en la España de Franco hasta 1952.
Lo que no suele mencionarse tan a menudo es que ni la España de los años cuarenta fue la única que las mantuvo en ese período, ni fue Franco el primero en introducirlas en España.
Alemania tuvo cartillas de racionamiento hasta 1950 en la zona occidental y hasta 1958 en la zona comunista.
Reino Unido, Francia y Estados Unidos establecieron este sistema durante la Segunda Guerra Mundial como la única manera de poder gestionar la escasez.
Quizá, el caso más paradigmático es el de Polonia, que introdujo este mecanismo en dos períodos; primero entre 1952 y 1953 y posteriormente volvió a establecerlo entre 1976 y 1989, hasta la caída del muro de Berlín y, de la mano, la caída del comunismo en el mundo occidental.
Desde luego, ningún país imponía el sistema de las cartillas de racionamiento por gusto.
Era, en todo caso, una ultima ratio cuando la coyuntura política y económica no dejaba lugar a otra alternativa.
En España, como decíamos, este sistema no lo inventó Franco.
Resulta sorprendente observar que tanto las cartillas de racionamiento como el estraperlo se asocian a la posguerra de la España franquista pero, sin embargo, mucha menos gente sabe que fue el Gobierno de Largo Caballero el primero en establecer cartillas de racionamiento en España.