LA GUERRA CIVIL EN EL BANDO NACIONAL #3

sino que además se está equiparando el recuento de un período de tres años con el de dos décadas y media haciéndolo pasar por una comparativa equivalente y justa.

Además, para hablar de los ajusticiados por los mal llamados republicanos se citan las estimaciones más bajas conocidas, pero se omite el listado que proporcionan los archivos de la Causa General, que han llegado a establecer más de 85.000 asesinados por los frentepopulistas en la Guerra Civil.

Tampoco se habla de las investigaciones de historiadores como Salas Larrazábal92, que ubican el número en 72.500 solo entre julio de 1936 y abril de 1939.

Se trata, como ven, de retorcer los datos al máximo posible.

No obstante, no son investigaciones que deban ser ignoradas tan a la ligera.

Salas Larrazábal, lejos de basarse en estimaciones teóricas, proyecciones sociológicas o testimonios orales condicionados por la memoria emocional, emprendió la titánica tarea de realizar un vaciado exhaustivo y nominal de los más de ocho mil Registros Civiles de toda la geografía nacional.

Su mecanismo de investigación consistió en el análisis individualizado de cada acta de defunción inscrita desde el 18 de julio de 1936, cruzando estos datos con los registros de los cementerios, los archivos parroquiales y las actas de los consejos de guerra y la Causa General.

Este enfoque microhistórico le permitió identificar a las víctimas con nombres y apellidos, filtrando con precisión de cirujano las muertes naturales de las producidas por «acción de guerra» o «ejecución de sentencia».

Esto fue lo que le permitió eliminar la posibilidad de la doble contabilidad que suele inflar las cifras en otros estudios.

Ocultando estas investigaciones, en realidad, lo único que se pone de manifiesto es un claro síntoma de debilidad.

Si no hubiera duda alguna de que el número de muertos en la retaguardia del bando nacional fuera eminentemente superior al de los fallecidos en la retaguardia gubernamental, ¿por qué se comparan períodos de distinta duración para hablar de las víctimas de ambos bandos?

Si existiera un consenso mayoritario y ampliamente fundamentado sobre esto, ¿por qué acudir a triquiñuelas baratas como la de RTVE?

Quien no le teme a la verdad, no anda tramando argucias para pervertirla.

Quizá sea este el motivo por el cual los aduladores del nuevo Régimen del 78 han dado voz a unas investigaciones al mismo tiempo que han decidido ocultar otras.

Recuerde lo que decíamos al principio del capítulo, todo régimen es garante de su integridad y, para ello, en la mayoría de ocasiones, se parte de una deslegitimación del régimen anterior.

Los damnificados por la propaganda del Régimen del 78 son investigadores como Stanley G.

Payne o el propio Ramón Salas Larrazábal que, pese a haber realizado un estudio exhaustivo, su trabajo ha quedado opacado por discrepar sobre las cifras oficiales del Régimen.

Este último, en su libro Los datos exactos de la Guerra Civil93, se sumergió en los Registros Civiles de toda España, contando únicamente aquellas defunciones que constaban oficialmente como ejecuciones o muertes por acción de guerra en la retaguardia.

Su conclusión es que el número de fallecidos en la retaguardia nacional entre julio de 1936 y abril de 1939 es de un total de 35.000, dividido en dos períodos fundamentales.

Por un lado, la fase comprendida entre el 18 de julio y el 1 de octubre de 1936, cuando Franco todavía no formaba parte de la Junta Nacional de Defensa y, por otro lado, la etapa que va desde que Franco asume el mando del bando nacional hasta el fin de la guerra.

El primer período es el más sanguinario de todos.

A medida que avanzaba la guerra, principalmente a partir del mes de agosto, empiezan a llegar noticias al bando nacional del terror que estaba viviendo la retaguardia frentepopulista.

En ese momento se comenzaron a aplicar castigos ejemplares con mayor frecuencia.

Una de las víctimas fue Federico García Lorca, del cual suele decirse muy a menudo que fue «fusilado por rojo y homosexual».

Lo que no resulta tan conocido es que, en realidad, nunca tuvo un marcado carácter político, no militó jamás en un solo partido y en los últimos días de su vida, fue la familia de Luis Rosales, escritor y militante de Falange, la que le acogió y le escondió en su casa para evitar su detención.

Su amigo Salvador Dalí llegó a decir de él que:

Los rojos, los semirrojos, los rosas e incluso los malva pálido aprovecharon la muerte de Lorca para una vergonzosa y demagógica propaganda, ejerciendo así un innoble chantaje.

Intentaron, e intentan todavía hoy, convertirlo en un héroe político.

Pero yo, que fui su mejor amigo, puedo dar fe ante Dios y ante la Historia de que Lorca, poeta cien por cien puro, era consustancialmente el ser más apolítico que he conocido94.

Como Lorca, también cayeron en esta etapa otras personalidades como el padre de Sánchez Dragó.

El bando nacional estaba desbordado por la exponencial criminalidad que se estaba viviendo en la zona frentepopulista.

Recordemos que la legislación militar le otorgaba plenos poderes a la autoridad militar de la localidad que correspondiera.

Esa autoridad podía ser un teniente coronel, un capitán o un sargento de la Guardia Civil.

Además, en muchas de estas zonas la adhesión al alzamiento no fue absoluta.

Podía suceder que, de un pueblo de 1000 habitantes, solo 600 se sublevaran, quedando otros 400 milicianos socialistas, comunistas o anarquistas que se posicionaran en favor del Gobierno del Frente Popular.

El clímax de violencia y la situación de tensión que se vivió en estos territorios ―como sucedió en Baena― era extremo.

Fue ahí cuando las autoridades militares se dieron cuenta de que la alternativa a esos castigos ejemplares no era solo su propia integridad, sino la de víctimas inocentes, como los ancianos, mujeres y niños que murieron a hachazos propiciados por los frentepopulistas en la localidad cordobesa.

Pese a ello, figuras como Queipo de Llano trataron de introducir un contrapeso a este sistema de castigos ejemplares para evitar la posibilidad de ejecutar a un inocente.

Para ello, se añadía la garantía de que si después de ser denunciado aparecía el testimonio fidedigno de testigos que afirmaban la inocencia del condenado, primaba la presunción de su inocencia frente a la acusación.